La construcción de las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa, en el sur de Argentina, interrumpe el cauce del río Santa Cruz desde el glaciar hasta el océano y mutila la espiritualidad de 15 comunidades mapuche, al tiempo que extreman aún más la presencia del ave macá tobiano.

Imagínese sí, de repente, dos megaobras arrasan con un cementerio en el que estaban sus abuelos o padres. Imagínese, además, que el último de los ríos glaciares, que conecta hielos eternos con olas urgentes, se ve mutilado por dos moles que prometen generar energía limpia en un país de raigambre en hidrocarburos.

Por último, imagine que todo eso fue en vano, que las lluvias se retiran, y que el potencial hidroeléctrico imaginado al principio quede reducido a unas gotas, en gran medida por acción del cambio climático.

Eso es lo que puede ocurrir en el sur de la Patagonia argentina con el río Santa Cruz, el último de los canales glaciares, distinguido por un caudal turquesa que es identidad y fuente de recursos para muchas personas, en particular, 15 comunidades originarias que desde 2017 reclaman la interrupción de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa.

Argentina las levanta con una inversión de 4700 millones de dólares aportados por la empresa china Gezhouba Group, sancionada por el Banco Mundial en 2015 por mala praxis en proyectos de infraestructura sobre agua.

“Hay toda una publicidad acerca del cambio climático. Por un lado, se habla de eso y, por el otro, las políticas que se desarrollan están totalmente de desacuerdo con esa preocupación que tienen todas las personas, incluso también nosotros como pueblos originarios. Y tiene que ver con esta cuestión del extractivismo”.

La que habla es Silvia Saldivia, una de las mapuches que integran la mesa coordinadora conformada tras una demanda ganada por los indígenas en 2017 y que, en teoría, busca que la transición energética no atropelle sus costumbres, economías, formas de vida y espiritualidad. Aunque, de momento, sin resultados.


Transición justa

Comunidades mapuches y tehuelches, junto con otros integrantes de la sociedad civil, demandaron al Estado en 2017 por la ausencia de una consulta previa a la proyección e inicio de las obras, tal como rige en el convenio 169 de la OIT y la Constitución argentina por la construcción de las presas que, en un principio, iban a llamarse Néstor Kirchner y Jorge Cepernik.

El informe Derechos Humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica advierte que “el proyecto compromete un ecosistema natural de alto valor de preservación, tendrá varios impactos en la vida y cultura de pueblos indígenas tehuelches- mapuches y constituye una amenaza para el acceso al agua de generaciones futuras, además de poner en peligro de extinción a un ave endémica, el macá tobiano”.

También afirma que se vulneró el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas afectados y señala que «aunque la etapa de ejecución de sentencia está vigente la consulta no se ha realizado”.

En la mesa de diálogo “se pensó y se habló de proyectos de desarrollo para las comunidades, en resarcimiento por no haber hecho la consulta previa. Estuvimos como cuatro años escribiendo estos proyectos de desarrollo para cada una de las comunidades y la última respuesta que tuvimos de una autoridad de energía del gobierno nacional fue que lo que nos podían dar eran planes sociales”, relata Silvia.

Y añade: “Deja mucho que desear esta cuestión y no estaba pautada esta forma de trabajo, porque el plan social o el plan que da la nación es insuficiente y es limitado con respecto a lo que piden las comunidades originarias”.

Las consultas a la Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz, que representa a la provincia en la mesa de diálogo, no pudieron ser resueltas.

Los indígenas reclaman, en primer lugar, acceso a las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales, mucho antes del genocidio conocido como “Campaña del Desierto”, que entre 1878 y 1885 anexionó a la República Argentina la extensa Patagonia, cuna productiva de yacimientos hidrocarburíferos, pesca industrial y ganado ovino y caprino.

Poder tener su propio territorio, desarrollar turismo sostenible y producir alimentos sin agroquímicos en sus huertas, son las actividades que las comunidades mapuche y tehuelche quieren realizar en su lugar de pertenencia. Actividades que han ido a contramano de los intereses extractivistas de autoridades y empresas.

En marzo de 2020, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) y representantes originarios presentaron una denuncia y solicitaron medidas cautelares a la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en la que consideran al sistema de cuencas de ríos patagónicos como sujeto de derechos ambientales y humanos.

“La realidad es que siempre la visión que se tiene de pueblos originarios o de la gente indígena es que estamos sumidos en la pobreza. En realidad muchos de nosotros estamos empobrecidos, pero no porque seamos pobres intelectualmente, sino que ha habido un plan sistemático para despojarnos de nuestros lugares, para despojarnos de lo que se llaman ‘recursos naturales’, que para nosotros no solamente son recursos naturales, sino seres vivientes. El agua, el río es un ser viviente, la tierra también”, exclama Saldivia.

El pedido a la Cidh para que ordene la suspensión de las obras que levantan Cóndor Cliff y La Barrancosa solo fue cumplido por una interrupción en los pagos por parte de China, que ya se restablecieron, al punto que en estos días llegará un nuevo desembolso.


Proyecciones climáticas

El río Santa Cruz conforma la tercera cuenca más importante de Argentina, detrás de la cuenca Del Plata y la del Río Negro. Tiene una longitud de 385 kilómetros, aunque sumando a sus afluentes alcanza los 543.

Nace en el desagüe de los lagos Viedma y Argentino y sus aguas son de origen glacial, del deshielo de los ventisqueros del parque nacional Los Glaciares. Desemboca en el océano Atlántico, en un estuario que comparte con el río Chico.

Las construcciones de las represas hidroeléctricas están ubicadas a 150 kilómetros de la ciudad de El Calafate, al este de Santa Cruz. Según los planes de obra, Cóndor Cliff tendrá 68 metros de altura máxima, 1613 metros de longitud y contendrá cinco turbinas que generarán por año 3167 gigavatios- hora (Gwh).

Será una represa de concreto, con materiales sueltos presentes en el entorno del lugar y con pantalla de hormigón.

La Barrancosa, en tanto, tendrá una de 41 metros en su punto máximo, una extensión de 2.445 metros y contará con tres turbinas que abastecerán 1780 Gwh por año. Se generará un lago que conecte a las estructuras cuando comiencen a funcionar.

Si todo sale tal cual la empresa china lo tiene previsto en su plan de acción, en abril de 2024, cuando se instale la última de las ocho turbinas previstas, ambas obras estarán en condiciones de comenzar a proveer energía en su máxima capacidad, equivalente al 4,5 por ciento de la oferta de energía eléctrica nacional, lo cual alcanzaría para abastecer a unas 700 000 familias.

Todo eso, si el clima lo permite. Originalmente, el clima predominante en la región conocida como “fin del mundo” es semidesértico patagónico, con frío seco y vientos constantes procedentes del Pacífico que, en el caso de Santa Cruz, son filtrados por la majestuosa cordillera de los Andes.

Por su abundancia de ríos interiores, América del Sur -y en particular Brasil y Argentina- experimentó la tasa de crecimiento de energía hidroeléctrica más rápida y se convirtió en la región con la segunda mayor capacidad añadida en el mundo.

Según un informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), la energía hidroeléctrica es la principal fuente de generación de electricidad en la mayoría de los países de América Latina y representa 45 por ciento del suministro total de electricidad de la región.

Sin embargo, los impactos del cambio climático podrían perturbar el correcto funcionamiento al aumentar la variabilidad en el caudal, cambiar los caudales estacionales e incrementar las pérdidas por evaporación de los embalses.

Asimismo, la escasez de agua proyectada debido al derretimiento de los glaciares junto con las sequías podría afectar la generación de energía hidroeléctrica en regiones donde las plantas dependen, en gran medida, del agua de los glaciares, como es el caso del río Santa Cruz.

“Los cambios en las precipitaciones también alterarán el potencial, la producción de generación, el nivel máximo y las variaciones estacionales de la energía hidroeléctrica. Los patrones de precipitación erráticos podrían provocar escasez de agua y preocupaciones sobre la interrupción de la generación de energía hidroeléctrica”, indica el informe.

Y hace dudar si la megaobra es o no una buena idea.

En su plan oficial de Transición Energética, con vistas a 2030, Argentina aspira a generar 57 por ciento de su energía eléctrica a partir de fuentes renovables, construir 5000 kilómetros de nuevas líneas de transmisión, y reducir en 8 por ciento la demanda total de energía, entre otras cosas.

Para lograrlo, debe reducir el empleo de combustibles fósiles 35 por ciento antes del final de década por medio de la expansión de las energías renovables, incluida la hidroeléctrica, y en particular la eólica y la solar.

Argentina tiene más de 20 000 megas en proyectos hidroeléctricos y un plan diseñado para que parte de la renta de las hidroeléctricas vaya a un fondo que permita potenciar aún más ese desarrollo.

“Aumentar la capacidad de generación de centrales hidroeléctricas de gran escala (mayores a 50 MW) conectados a la red.

Se trabajará en diversas políticas que incluye la extensión de la vida útil de las centrales existentes, la renovación y modernización de su tecnología con acciones de repotenciación, y el diseño, proyección, construcción y puesta en marcha de nuevos complejos hidroeléctricos, como los aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz, actualmente en construcción”, dice el plan. Y advierte: “Se incluyen proyecciones climáticas para la evaluación de nuevos proyectos hidroeléctricos”.

La disminución general en la disponibilidad de agua en todas las regiones es un impacto también identificado en el Plan de Adaptación al Cambio Climático.

“En todas las regiones se identifica también el riesgo de limitación de la generación hidroeléctrica por disminución en la disponibilidad de agua, que también está relacionado con vulnerabilidades previas existentes como la insuficiente diversificación de fuentes de generación de energía eléctrica y falta de participación provincial en las políticas energéticas nacionales”, aduce el informe.

En diálogo con Climate Tracker, la ministra de Energía de Argentina, Flavia Royon, admite que “el rol de la hidroeléctrica es prioritario y estratégico, porque más allá de la energía limpia que produce la hidroeléctrica, también hoy es fundamental por un tema de gestión del agua. Hoy la gestión del agua es un tema preponderante en la agenda y la energía hidroeléctrica también te posibilita eso”.

El gobierno argentino espera que la primera turbina inicie operaciones en el primer trimestre de 2025, al tiempo que las comunidades afectadas esperan la resolución de las obras y que se les respeten sus peticiones, consagradas en la Justicia.

Ante la consulta sobre si puede llegar a ser una complicación para el futuro del proyecto tener sequías impensadas en Patagonia, la ministra respondió que «en cambio climático, así como hay años de sequía, hay años de inundaciones, entonces lo importante acá es justamente la gestión del recurso».

Es justamente ese recurso, el agua, el que está más que nunca en discusión, a la sombra de la transición energética. Un recurso que para los indígenas es un ser viviente, al igual que la tierra.

Sea en Jujuy, donde le acecha el litio; en la Patagonia norte, con los pozos y las secas de Vaca Muerta; o cerca del fin del mundo, donde navegan los espíritus de nuestros ancestros.

Fuente: Agencia IPS

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