En la Casa Rosada y las redes libertarias apuntaron contra la Vicepresidenta, pero solicitar una medida formal implicaría admitir que estuvieron implicados en un error administrativo de consecuencias institucionales. Sí avanzarán contra diputados y senadores que tienen causas abiertas.

Además de esmerilar la difícil relación con los aliados del PRO y la UCR, la trama política en torno al pedido de expulsión o suspensión de Edgardo Kueider enturbió la interna entre la Casa Rosada y Victoria Villarruel. En el Gobierno acusan a la Vicepresidenta de infringir las normas del Senado al convocar a la sesión especial de ayer para echar al senador detenido en Paraguay, a pesar de que entonces se encontraba virtualmente a cargo del poder Ejecutivo tras el viaje de Javier Milei a Italia. Y algunos, incluso, deslizan que lo hizo adrede. Sin embargo, sólo avanzarán con los dardos en contra de su adversaria por la vía de la exposición pública, porque la demostración de los defectos en la convocatoria de la sesión también pondrían en un lugar incómodo a toda la administración libertaria.

La polémica escaló al punto de que Villarruel y Milei en primera persona, cada uno por su lado, se defendieron y culpabilizaron, respectivamente. La vice echó la culpa a la “falta de comunicación” derivada del encono del entorno de Milei con ella. Mientras que el Presidente hizo una excepción en su tendencia a mantenerse al margen de las pujas políticas y dijo de manera directa que la sesión fue “inválida” y disparó contra la titular del Senado.

En el fondo, la gran pregunta gira en torno a si la Casa Rosada sabía, o no, sobre la irregularidad de la sesión mientras se estaba llevando a cabo. Cerca del Presidente aseguran que no tenían idea, y que se enteraron después de la votación, a partir de versiones periodísticas. Además, juran que no quisieron tenderle una trampa a la oposición dialoguista ni a Villarruel.

Sin embargo, hay sutiles diferencias en el propio Gobierno en la mirada sobre Villarruel: mientras algunos, más conciliadores y preocupados por mantener las formas, deslizan que se trató de un error de la Vicepresidenta, otros, más críticos, se mostraron convencidos de que sí estaba al tanto, y que presidió la sesión de todas formas a conciencia.

Hay versiones en el mundillo libertario que indican que en la cúpula del Gobierno, en particular de Karina Milei, sí estaban al corriente, y que tomó la decisión de dejar correr la sesión porque sabía que podría anularse posteriormente. Después de todo, la alarma sobre el caso explotó después de la votación, alrededor de las 18, y el único senador que avisó sobre la eventual irregularidad fue Carlos Pagotto, oriundo de La Rioja como los asesores políticos de Karina Milei, Martín y Lule Menem, y muy cercano a ambos desde el punto de vista político pero también personal.

Además, fue el padre de Martín Menem, Eduardo Menem, quien salió, también por los medios, a dar cuenta de esta falla. En los respectivos entornos de los Menem lo negaron. “Lo de Eduardo y lo de Pagotto, aunque hay cariño, no fue coordinado. Eduardo no necesariamente es Menem desde el punto de vista político, menos en esto. Como tiene tanta autoridad en el tema, lo llaman como experto”, dijeron. Más tarde fue Adorni, fiel ladero de la poderosa funcionaria, quien salió a arremeter contra Villarruel, sugestivamente, en X: “Nosotros no mentimos”.

Como sea, impugnar o pedir la nulidad de la polémica sesión de ayer implicaría para el Ejecutivo incursionar en una especie de autoincriminación. Y si bien el Gobierno filtró la captura de pantalla de un chat que muestra una conversación con la secretaria de Villarruel donde le avisaban sobre el viaje del Presidente no tienen planeado hacer movimientos formales contra la sesión.

“No podemos pedir que sea declarada inconstitucional o anulada. O sea, es un hecho (que fue irregular), pero sería confirmar que Victoria cometió un delito”, dijo un importante colaborador de Javier Milei.

En el Senado se defendían de los señalamientos, pero se cuidaban de no contraatacar, al menos por ahora. Este mediodía sostenían que la vice no estaba al tanto del viaje del Presidente, y se preguntaban por qué el escribano de la Presidencia “tardó siete horas” ayer en ir al Congreso para firmar el traspaso de mando. “Si vamos a depender de un chat para cosas tan importantes, estamos al horno”, dijeron. Y si bien admitieron que “pudo haber habido un error administrativo” de su parte, deslizaron que, en todo caso, también tuvo responsabilidad la Casa Rosada.

En medio del barullo político interno, Kueider presentó un amparo para declarar la nulidad de la sesión donde se decidió su destitución. Y ahora la decisión final está en manos de la Justicia. En los hechos, una anulación sería un triunfo para el Gobierno; a pesar de verse envuelto en una serie de incongruencias administrativas, implicaría evitar que una dirigente de La Cámpora ocupe el lugar de Kueider y complique aún más la búsqueda de voluntades para defender o tratar iniciativas del oficialismo; entre ellas, los pliegos para la Corte Suprema.

El kirchnerismo, principal afectado por esta vuelta de tuerca, medita sus próximos pasos. Y en el Gobierno, agazapados, se preparan para avanzar formalmente con las amenazas de embestir contra el resto de los senadores y diputados imputados. Tienen la lista preparada con los nombres de tres decenas de legisladores, pero no los números. Y todavía no develan en qué momento y de qué manera avanzarán con la contraofensiva, que seguramente sea más declamativa que efectiva.