Las empresas reclaman que se actualice el precio de comercialización que está congelado desde diciembre. Además, piden la prórroga de la Ley 26.093, que regula la industria de biocombustibles, para despejar la incertidumbre en el mediano plazo.

El efecto de la pandemia se hizo sentir fuere al inicio de la cuarentena en la industria de los biocombustibles, con una caída de la demanda del 50 por ciento. Con el precio congelado desde diciembre de 2019 y costos dolarizados las pymes dedicadas a abastecer al mercado interno de biodiesel para cumplir con el cupo de corte en los combustibles están en un escenario crítico. “El sector está a días de paralizarse. Los precios no dan. En el contexto que estamos viviendo, el precio no se corrige desde diciembre del año pasado”, explicó Francisco Jáuregui, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) en diálogo con Ámbito de la Energía.

El precio para la venta del biodiesel a las petroleras se calcula con una fórmula que tiene en cuenta los costos de producción y asegura una rentabilidad para que las pymes con presencia en todo el país y motor de las economías regionales puedan seguir con la actividad. En marzo de 2019 el por entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, había modificado la fórmula de cálculo de forma inconsulta dando como resultado un valor que las empresas rechazaron porque no llegaba a cubrir siquiera los costos, y desde diciembre, ya con la nueva administración, el precio está congelado.

A la pérdida de rentabilidad del sector se suma que en mayo del año que viene caduca la vigencia de la Ley 26.093 que dio el marco normativo para el desarrollo de la industria de biocombustibles, lo que también es una alarma para las 30 empresas productoras abocadas al mercado interno, que emplean a más de 3.500 trabajadores en forma directa e indirecta.

Periodista: ¿Cuál es el panorama actual de la industria de biocombustibles?

Francisco Jáuregui: Los productores pequeños y medianos que destinan al mercado local, son pymes no integradas, esa es la gran diferencia con las grandes productoras que destinan al mercado internacional. La realidad del productor pyme local no es ajena a la realidad de lo que se está viviendo. En particular nuestro segmento está golpeado porque se basa en la fórmula que determina el precio de venta y ese precio está congelado desde diciembre del año pasado y nuestros costos están principalmente dolarizados. El 80 por ciento del costo de producción del biodiesel es el aceite de soja, que es un commodity que fluctúa conforme a la variaciones del dólar, y en las últimas semanas ha sufrido un aumento importante y en esta instancia estamos en un punto en donde si no logramos que desde la autoridad de aplicación que es la Secretaría de Energía se corrija de manera inmediata el precio, las plantas van a un parate total.

P.: ¿Cómo fueron las últimas actualizaciones de la fórmula?

F.J.: En 2018, después de un año de trabajo, logramos una fórmula que, a pesar de tener importantes recortes, era aceptada por los dos sectores, el Estado y las empresas. Esa fórmula quedó vigente hasta marzo de 2019 y después se dejó de aplicar. Es decir, el sector tiene un año y cuatro meses de no tener estabilidad en la determinación de los precios.

P.: ¿Qué necesitan para operar con normalidad?

F.J.: Tenemos distintos tipos de reclamos. De corto y de urgente plazo, está la corrección de la fórmula, la vuelta a la fórmula de marzo donde se le permitía al productor trabajar con cierta previsibilidad. Y de mediano plazo tenemos la prórroga de la Ley 26.093 que dio lugar a la industria del biodiesel y la creación de las pymes productoras, que finaliza su vigencia en mayo del año que viene. También es urgente para poder actuar con previsibilidad la prórroga de esa ley. El Ejecutivo tiene facultades para prorrogarla.

P.: ¿También quieren discutir el aumento del porcentaje de corte en los combustibles?

F.J.: No se puede pensar en un aumento de corte si no están dadas estas condiciones. O sea, es como decir “te aumento el corte pero no te garantizo el precio, nadie te va a vender”. Obviamente que una vez que estos dos aspectos estén corregidos, sí podremos trabajar en aumentar el corte. Para aumentar el corte necesitás mayor capacidad de producción, para eso necesitás inversión, y para eso necesitás seguridad jurídica. Nadie va a invertir un centavo si nadie tiene la garantía de que el régimen va a continuar.

P.: ¿Qué pasa si no se prorroga la Ley 26.093?

F.J.: El Gobierno está promoviendo el principio de federalización y descentralización de la producción industrial, el segmento pyme lo cumple a la perfección. Son 30 empresas radicadas a lo largo y ancho del país en donde nunca antes hubo industria, generando valor agregado en la cadena sojera, y empleo calificado. Si esta ley deja de existir o el precio no se corrige de manera urgente, las pymes no pueden sobrevivir. Se crearon en un contexto de mercado regulado, y si el mercado regulado desaparece, las pymes dejan de existir y le terminás dejando todo el mercado a las grandes corporaciones que no necesariamente son de capitales argentinos.

P.: ¿La fórmula es correcta o hay que corregirla?

F.J.: La fórmula se aplica en función a un principio establecido en la ley que es a partir de una estructura de costos determinar una rentabilidad razonable. Entiendo que el concepto de rentabilidad razonable es etéreo pero lo ideal es que las dos partes, organismo de competencia y sector privado, y definamos en forma conjunta una fórmula.

P.: ¿La situación afecta a la cadena hacia abajo?

F.J.: Totalmente, toda la cadena de pequeñas aceiteras regionales, las industrias indirectas como la metalmecánicas, y esto impacta de lleno en las economías regionales. Lo mismo en otros tipos de biocombustibles como el etanol de caña de azúcar que emplea unas 80 mil personas en Tucumán. Ellos están reclamando lo mismo que nosotros, la prórroga de ley y el precio.

P: ¿Cómo está el sector en términos de competitividad productiva?

F.J.: La calidad de biocombustible que se aplica acá es de una normativa de estándares internacionales. Somos pymes absolutamente eficientes con altísimas inversiones en laboratorios por casi 1 millón de dólares o inversión en tecnología por 10 millones de dólares por pyme. No confundamos pymes con ineficiencia. La ineficiencia está dada fundamentalmente en la cadena logística, porque obviamente que lo más sustantivo para un productor es radicarse en el puerto de Rosario, pero obviamente ahí no estás cumpliendo el objetivo político de descentralización. La descentralización conlleva una ineficiencia logística, y esa ineficiencia está cubierta por el mercado regulado que garantiza la rentabilidad.

Fuente: Ambito.-