En 2014 las asambleas comunitarias de Chubut lograron presentar un proyecto de ley para impedir la megaminería en la provincia. La legislatura lo tergiversó a tal punto que nunca fue aplicado y se derogó en 2016. En estos días, se lanzó la convocatoria a la segunda iniciativa popular.

Si se puede fijar un origen de las luchas populares contra la megaminería en nuestro país, sin lugar a dudas es en Esquel, en la provincia de Chubut. “El agua vale más que el oro”, una frase que ya es parte de cierto imaginario popular se desparramó desde esas tierras cordilleranas.

Allí, cuando en la Argentina se apagaban los últimos fuegos de la movilización popular surgida al calor de la crisis institucional, política y económica del 2001-2002, la organización vecinal coronó largos meses de lucha contra la instalación de una mina de oro en la Cordillera con una consulta popular realizada el 23 de marzo de 2003. En la misma, el 82 por ciento de los votantes se pronunció en contra de la megaminería y el uso de cianuro, tras lo cual el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 33/2003, que declaró a Esquel municipio no tóxico y ambientalmente sustentable.

El ejemplo de Esquel se diseminó por el país y desde entonces asambleas ciudadanas o vecinales se organizan para proteger al ambiente y a las comunidades de los ataques de la megaminería, del complejo agroindustrial, de la instalación de basurales o de redes de alta tensión, por citar algunos ejemplos.

La iniciativa popular

Con el impulso de los vecinos de la comarca andina, la provincia de Chubut, mediante la Ley 5.001, del 8 de mayo de 2003, prohibió la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.

La ordenanza de Esquel y la posterior ley provincial alejó momentáneamente a las multinacionales mineras de la cordillera, pero desde entonces no cejan los intentos de avanzar con emprendimientos en la meseta.

En el año 2012, frente a un nuevo intento de legalizar la megaminería, se conformó la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut (Uacch), que reunió a asambleas y foros de toda la provincia, que se movilizó sucesivas veces a la Legislatura provincial para demostrar la oposición a cualquier avance legislativo para legalizar la minería y que fue duramente reprimida hacia fines de ese año. Allí surgió la propuesta de la primera Iniciativa Popular.

Durante 2013, se juntaron 13.007 firmas, se presentaron a la justicia electoral y finalmente el 3 de junio de 2014 la Iniciativa Popular se convirtió en el Proyecto de Ley Nº 75/14. Por primera vez en la historia provincial, este mecanismo de democracia semidirecta se cristalizó en un proyecto de ley construido por los vecinos asesorados por expertos que ingresó a la Legislatura.

Ahora, nuevamente la pelota la tenían los diputados. Por disposición constitucional tenían seis meses para tratar el proyecto, no podían cajonearlo. La fecha límite era el 26 de noviembre de 2014.

Finalmente, un día antes de cumplirse el plazo, el proyecto fue tratado, pero se aprobó un mamarracho de Ley que distaba tanto del proyecto original que prácticamente aprobaba la megaminería en la provincia. Fue una sesión bochornosa en la que, por ejemplo, se obtuvo la imagen de un legislador recibiendo instrucciones de un directivo de Yamana Gold en pleno recinto.

La ley del fraude y el bochorno nunca fue puesta en marcha y, en enero de 2016, fue derogada por el gobernador Das Neves. Pero el proyecto popular, y todo el esfuerzo y saber acumulado en él, sigue “cajoneado” pese a lo que la constitución provincial establece.

La segunda iniciativa

“Nuestra asamblea se conformó entre los años 2002-2003, con la pretendida explotación de la Meridian Gold en el cordón de Esquel”, narra a Canal Abierto Nora Corvalán, docente jubilada, abuela, vecina de Lago Puelo y ferviente participante de la Asamblea Comarcal Contra el Saqueo que integra a su vez la Uacch y la Unión de Asambleas Ciudadanas, instancia federal de participación de estas asambleas, mayoritariamente nucleadas por causas ambientales.

“En 2012, hubo una fuerte arremetida en la Legislatura para aprobar el marco regulatorio de la actividad minera e hidrocarburífera. Tras la movilización y la fuerte represión sobre los asambleístas, no pudieron incluir en el marco regulatorio a la minería, aprobaron sólo el de hidrocarburos”, rememora Nora.

El proyecto surgido de la iniciativa popular busca profundizar lo logrado con la ley 5001 del 2003; gracias a ella y a la férrea custodia popular no hay hoy ningún proyecto de megaminería en la provincia, pero presiona el lobby minero y sus sombras no paran de sobrevolar la meseta y sus “riquezas”.

“La ley 5.001 prohíbe la explotación minera pero no la exploración. Como no dice nada de la exploración, entonces siguen avanzando y en esa exploración ya están contaminando: porque abren campamentos, hacen caminos, empiezan a tomar muestras y hacer ensayos in situ y usan un montón de sustancia tóxicas. Por otro lado, no queremos que después nos corran con que las empresas tienen derechos adquiridos, que las empresas hicieron inversiones. En el nuevo proyecto de ley incluimos todos los momentos de la actividad minera, desde el cateo, la prospección, etc.; y también establecemos la prohibición del procesamiento, porque estamos entre dos provincias mineras, y no queremos que traigan productos mineros a procesar en el territorio”, describe Nora el proyecto.

“Nosotros rechazamos la megaminería metalífera, de las categorías uno y dos según el Código de Minería. Con la categoría tres que es la minería de materiales ornamentales y de construcción: caolín, calizas, lajas, piedra, todo lo que es cantera, no tenemos problema, que también generan un impacto, pero menor y tiene otro fin”.

El malversado proyecto de 2014 proponía una zonificación de la provincia, protegiendo algunas regiones y declarando un amplio polígono –de más del 66 por ciento del territorio provincial– en la meseta como zona de sacrificio. Justamente allí donde abundan el uranio, el plomo y la plata, y donde habitan gran cantidad de comunidades mapuche – tehuelches. Esta es la iniciativa con la que continúan insistiendo.

“La 5.001 prohíbe el cianuro, en nuestro proyecto incluimos, en el segundo artículo, todas las sustancias que se utilizan: mercurio, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, xantatos, etc.”, continúa Nora describiendo el proyecto. “Por otro lado, hacemos un capítulo especial para lo nuclear, porque uno de los proyectos que más están promocionando es el de Cerro Solo que es de explotación de uranio”.

La campaña

“La iniciativa la íbamos a lanzar el 22 de marzo, el Día Internacional del Agua, pero nos agarró el aislamiento y lo hicimos el 22 de junio”, comenta Nora. Se da la contrariedad, para este movimiento comunitario, que en medio del Aspo desde el gobierno nacional se decreta como actividad esencial a la minería.

“Hay una estrategia de que el estado se corre de las poblaciones más vulnerables –al punto de que dependen del estado para que les mande el combustible para encender el generador que le da electricidad al pueblo–, y viene la minera, a suplir al estado, asistiendo a las poblaciones con combustible, con leña, con provisión de internet, espejitos de colores para estas comunidades. La que más fuerte lobby hace es la Panamerican Silver, por eso lanzamos una campaña en particular contra esta empresa”, describe la docente.

En un mapa de la provincia se puede ver lo viva que está esta lucha en la provincia. Comunidades de la meseta, de la costa y la cordillera han formado sus comités de apoyo a la iniciativa popular, para recuperar aquello que, en el 2014, los legisladores y el lobby minero les arrebataron.

“Es inédita la organización que tenemos en la provincia. La Uaach se reúne periódicamente. En diciembre hicimos el último encuentro en la puerta de la minera en Gan-Gan, en plena meseta, cerca de Gastre, donde se impidió el establecimiento del basurero nuclear. Allí hicimos una asamblea con fuerte presencia de las comunidades mapuches”.

Esta vez la iniciativa se propone juntar muchas más firmas que en 2013, “pero lo más importante es que se conozca por qué no debe avanzar la megaminería y hay una recepción impresionante. Este modo de hacer asambleario, autónomo, independiente, apartidario, nos permitió llegar a la gente y que nos escuchen. Pero para que se apruebe tendremos que estar en la calle”, concluye Nora.

Fuente: Canal Abierto