El Congreso Maizar 2020 fue el escenario para que la Liga Bioenergética de Provincias Argentinas renovara el pedido de avanzar hacia un nuevo marco legal para los biocombustibles que permita una mayor producción en el país. “En la industria del biocombustible hay distintas realidades y opiniones; es más sano tener una ley nueva”, sostuvo Claudio Molina, director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (Aabh).
El encuentro virtual en el que se dieron cita empresarios de la cadena agroindustrial de todo el país y los ministros de Desarrollo Productivo de Tucumán, Juan Luis Fernández, y de Industria y Comercio de Córdoba, Eduardo Accastello; fue el espacio en el que coincidieron y expresaron también la necesidad de elevar el actual corte del bioetanol con las naftas del 12 por ciento al 27,5 por ciento. De acuerdo al pedido de los representantes, con este nivel, similar al que tiene Brasil actualmente, el país podría sustituir importaciones por 2.500 millones de dólares por año.
Sobre este punto Fernández reclamó mayor presencia para las bioenergías en la matriz energética nacional e hizo mención al potencial de Argentina como productor. La estructura de la industria en Argentina cuenta con 13 plantas de bioetanol de caña de azúcar en el NOA; 6 de bioetanol de maíz, en la región central; y 34 de biodiésel, sobre todo en Buenos Aires y Santa Fe.
“Creo que no tenemos que privarnos de ningún recurso, sino usarlos con el mejor sentido. Pero ¿la bioenergía para cuándo? ¿Por qué nos cuesta tanto aumentar el corte del 12 por ciento?”, reclamó el funcionario de Tucumán. Quien además destacó que, con un porcentaje tan bajo en la composición de las naftas, los precios están cautivos, sumado al menor porcentaje de aumento con respecto al combustible fósil en los últimos dos años (134 por ciento sobre el 84 por ciento del bioetanol de caña).
El pedido a la actual gestión de Gobierno consiste no en darle continuidad a la Ley 26.093 de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, promulgada en mayo de 2006 y con 15 años de vigencia, sino trabajar en una nueva. Accastello indicó: “Hay inversiones esperando que haya una nueva ley. Hay cambios tecnológicos que se deben incorporar a la nueva legislación que no ocurrirán si se prorroga la ley que vence en mayo de 2021”.
Para el ministro cordobés promover un nuevo marco legal para la producción, utilización y comercialización de bioenergías, que incluya al biogás y biometano, no solo disminuye costos, sino que genera una nueva cadena productiva, mayor desarrollo y empleos. En este sentido resaltó la importancia del uso de motores flex (que funcionan alternativamente con dos combustibles), que también pueden producirse en Argentina. Y afirmó que “es posible tener minidestilerías, que no solo permitan el autoabastecimiento sino también la venta”. “No pretendemos regalías, sino una ley que nos dé 15 años de planificación”, cerró Accastello.
Fuente: BAE Negocios.-