La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó “su preocupación por un proyecto de ordenanza, presentado en el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay, que une la distribución de pauta oficial a la participación en capacitaciones obligatorias sobre perspectiva de género y derechos humanos”.

Desde hace tiempo, Adepa impulsa políticas activas en los medios para promover la diversidad en las redacciones y una mirada amplia en el trabajo periodístico. Pero sostiene asimismo una posición crítica ante cualquier intento de condicionar la distribución de publicidad estatal.

El proyecto en cuestión dispone que todo medio que reciba pauta del municipio deberá “asistir obligatoriamente a los encuentros de sensibilización para el abordaje con perspectiva de género y derechos humanos”. “Este criterio podría desvirtuar el sentido de difusión eficiente de los actos de gobierno que debe tener la pauta publicitaria oficial. Asimismo, podría abrir la puerta a que en el futuro se pretenda asociar la distribución de la misma a criterios subjetivos que puedan implicar una intromisión sobre los medios o sus contenidos”, indicaron desde la organziación.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “ha resaltado que la adjudicación de pauta no debe relacionarse con la línea editorial. Los criterios para su distribución, sostiene, deben ser “neutros en relación con los puntos de vista del medio”. Relacionar la pauta con la participación en encuentros que intentan influir en el tratamiento de la información claramente contradice este principio”, precisaron.

A su vez, la capacitación exigida -cuyo contenido y características quedan librados a la decisión de una autoridad política- es incompatible con las pautas fijadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 5/85, donde se consideró contrario al Pacto de San José de Costa Rica imponer una colegiación o calificación obligatoria para ejercer el periodismo en forma remunerada.

Además, en la citada OC 5/85 se explicó que “un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una garantía de la corrección y veracidad de la información que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y, en el fondo, viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad”.