El Colectivo de Trabajadores por la Ventana difundió un documento en el que denunció que el gobierno provincial decidió “eliminar, paulatinamente, los requisitos y conquistas de los trabajadores de los regímenes especiales, como es el caso de los docentes enmarcados en la Ley 8732”.

En el documento, se explicó que desde la Caja de Jubilaciones y Pensiones “se utilizó un argumento muy rebuscado del artículo 41 de la Jubilación Común para aplicarla al régimen especial docente, para quitar el beneficio que tienen los docentes con la jubilación especial, siempre dentro los cánones de la Ley de jubilación 8732”. En ese sentido, apuntaron que: “Los requisitos de nuestra jubilación especial son: tener 52 años mujeres y 54 años varones, con 25 años de aportes y estar frente a alumnos. Bajo esas circunstancias muchos docentes que ejercen cargos directivos tienen horas cátedra frente a alumnos a los efectos de no perder el beneficio. Así las cosas, quienes ostentan estos cargos, ya no podrán jubilarse con el régimen especial porque son desalentados en la carrera docente para llegar a cargos directivos, no se los reconoce monetariamente y ahora están obligados a jubilarse con los requisitos de la común”.

Al respecto, aseguraron que “una buena y bienintencionada interpretación sería que los cargos directivos de carrera sean considerados frente a alumno ya que es el mismo ámbito, el escolar”.

Además, agregaron que “a los docentes jubilados recientes que no tienen la edad de la jubilación común le confiscaron un tres por ciento extra de jubilación para hacer caja y tapar los desfalcos de las sucesivas conducciones de la Caja de Jubilaciones”. En ese marco se preguntaron: “Por qué aportar luego de estar jubilado. No les asiste el derecho adquirido, y además es violatorio de toda norma afectando el 82 por ciento (estatuto del docente entrerriano)”.

Ante ese escenario desde el Colectivo de Trabajadores por la Ventana en la Multicolor repudiaron “enérgicamente esta estocada del gobierno y sus aliados”, por lo que alentaron “la participación en las asambleas escolares y en las jornadas institucionales, poniendo esta problemática junto a la salarial como uno de los puntos centrales para el debate y los mandatos al Congreso”.