Preocupa a organizaciones sociales “que la justicia en el país proteja a los abusadores”, afirmó a AIM la presidenta de Así basta; contra el abuso sexual en infancias y adolescencias, Norma Romero. En Entre Ríos la asociación civil repudió errores de transcripción muy graves en el dictamen emitido por los jueces de Cámara de Casación, Hugo Perotti y Marcela Davite y Marcela Badano, en un caso de abuso sexual en la infancia.

Organizaciones sociales se reunieron con autoridades del Poder Judicial entrerriano para advertir series irregularidades en la administración de justicia que atentan contra las víctimas de abuso.

“En todo el sistema judicial a nivel nacional se cometen injusticias desde la justicia”, indicó Romero a esta Agencia, quien dijo: “No sabemos si este sistema que fue creado para proteger nos cuida o agrede, ya que en el sistema judicial siempre pone en duda la palabra de niñas, niños y de adultos protectores, ordenan pericias psicológicas y psiquiátricas a víctimas de abusos sexuales y a quienes denuncian pero no al perverso que cometió el delito".

En ese sentido, precisó que “jueces y juezas parecen olvidar que la Convención de los Derechos del niño, niña y adolescente tiene rango constitucional y ninguna ordenanza, decreto, Ley nacional o provincial puede legislar, ni reglamentar nada que contradiga sus principios invalidando el derecho de todo niño o niña a ser oído, escuchado y mucho menos a cambiar sus palabras y debemos trabajar entre todos y todas para que esos principios se cumplan”.

Al respecto contó que un caso paradigmático ocurrió en Entre Ríos donde se alteró el testimonio de una niña que fue sistemáticamente abusada por su progenitor y se dictó una sentencia injusta que beneficia al abusador: “De la lectura de las testimoniales fundada en la palabra del niño se desprende el grave error de la transcripción referida a la fecha y lugar de los hechos (esenciales en una causa de abuso) que producen una posible modificación en la misma y su sentencia, no encontrándose los motivos u argumentos de la tergiversación”.

En ese marco, se hizo pública una declaración al no haber tenido respuestas con las autoridades de la justicia “en la que se exigió corrección en el texto del dictamen de recurso de Cámara Casación en la que, comprobamos, hay una clara distorsión de las palabras de la víctima, según consta en testimoniales de la instancia de debate del tribunal de juicios y apelaciones de Paraná”.

El error “es muy grave y afecta notablemente a una víctima y su derecho a no ser violentada como l es el modificar sus palabras al relatar lo sucedido”, subrayó Romero quien agregó: “Ante este escenario nos vemos en la responsabilidad de hacer público nuestro reclamo siendo, nuestra asociación, la voz de niñas, niños, adolescentes que no se ven representados en el sistema creado para protegerlos, el cual no sólo no los protege sino que los agrede”.

Un niño o niña que vivió un acontecimiento traumático, como lo es el abuso sexual, deja en evidencia una clara violación a sus derechos y por eso reclaman que se remiende el error, ya que en lo traumático de un abuso el tiempo se detiene y quien lo padeció lo sufre como si estuviera ocurriendo hoy por esto es que es tan difícil que se pueda confundir el lugar donde sucedió. el daño ocurrido continúa y es la marca del arrasamiento de un derecho. los efectos de ese daño serán menos devastadores cuando la palabra del niño sea escuchada, creída, respetada, y cuando haya sanción del delito del que fue objeto.