Organizaciones sociales, de migrantes y de derechos humanos presentaron una agenda de prioridades migratorias al nuevo gobierno. El documento contiene las cuestiones más urgentes que deberían ser tenidas en cuenta por la nueva gestión, informaron a AIM desde el bloque. Derogación del DNU 70/2017 y expulsiones se ubica al frente de las medidas reclamadas por el sector.
Cabe recordar que, con la asunción de la gestión de Cambiemos en 2015, se puso en marcha una política migratoria regresiva en derechos y se instaló un enfoque securitario y criminalizador de la migración que se debe revertir.
Si bien son muchas las problemáticas que requieren de forma urgente la agenda de trabajo propuesta se centra en, por un lado, cuatro ejes nodales que, resumen las dificultades más serias que enfrentan cotidianamente las personas migrantes en Argentina y, por el otro, dos cuestiones de fondo que atraviesan todos los temas relativos para un tratamiento integral de las migraciones, adecuado, democrático, eficaz y con enfoque de derechos.
-DNU 70/2017 y expulsiones
Desde el 30 de enero de 2017, está vigente en la Argentina el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017. La medida, cuya constitucionalidad está pendiente de resolución en la Corte Suprema, habilita expulsiones que violan el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia así como también su aplicación resulta en la separación de familias. Organismos internacionales como el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité sobre Trabajadores Migratorios y sus Familiares de la ONU, instaron a la Argentina a derogar este decreto.
-Regularización y derecho a migrar
En los últimos cuatro años, se implementaron varias medidas que dificultan la regularización de les migrantes como el sistema informático de radicación (Radex) y el aumento de 1000 por ciento de tasas migratorias. Por otro lado, no se generaron las condiciones para la regularización de las personas provenientes de estados no parte del Mercosur.
-Derechos sociales y políticos
La Constitución nacional y la Ley Nacional de Migraciones establecen la igualdad de derechos entre nacionales y migrantes y, en especial, en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, frente a una supuesta sobrecarga de los sistema públicos de salud y educación se restringió el acceso a ellos a personas migrantes. También avanzaron en el objetivo de arancelar el acceso con base en criterios de reciprocidad.
-Violencia institucional y racismo
El gobierno anterior, instaló y profundizó políticas discriminatorias, estigmatizantes y excluyentes. Esto tuvo como efecto inmediato un aumento de la violencia institucional contra la población migrante. Se ha actuado sobre colectivos específicos, como los vendedores ambulantes racializados y las personas trans y travestis migrantes. Esta violencia institucional ha tenido un impacto directo en la subsistencia diaria de las personas migrantes y en sus expectativas de permanencia en la Argentina.
Finalmente, y desde una perspectiva transversal, el documento propone que el gobierno argentino, por primera vez en su historia, elabore y ponga en marcha una Política de Estado contra el Racismo y la Xenofobia y una Política Migratoria Social Integral y Participativa.
Ante este cúmulo de situaciones, el documento fue entregado a las nuevas autoridades del Estado y se espera que el gobierno tome las medidas necesarias para responder a las demandas construidas de manera conjunta por un amplio grupo de actores sociales. Algunas medidas, como la derogación del DNU 70/2017 deben ser adoptadas de forma urgente para preservar los derechos de las personas migrantes.