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Política
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Agmer denunció “prácticas persecutorias del gobierno” contra el derecho a huelga

La Comisión Directiva de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) objetó “las prácticas persecutorias instauradas a través de la Resolución 2771/24 y su Circular 14/24, las que pretenden profundizar acciones patronales que solamente resultan en mayor malestar en el colectivo docente, habilitan una sobrecarga laboral y saturan las tareas administrativas del sistema con el único y exclusivo fin atacar una huelga que hoy es contundente”.

Desde el gremio dijeron que “el gobierno pone tiempos, recursos, dispositivos, energía y creatividad no en mejorar los salarios docentes sino en ajustar y perseguir las acciones de lucha del colectivo docente”.

“Para confirmarlo se toman el tiempo para sacar la Resolución 2771/24, de forma express, en donde pretenden imponer un mecanismo de Declaración Jurada sobre la asistencia de los docentes en días de huelga pero que se extiende en una mayor cantidad de días respecto a esta presunta obligación”, apuntaron.

Al mismo tiempo, “se emite la Circular con el mismo carácter y donde le recuerda a los Equipos Directivos la vigencia de circulares y resoluciones referidas a su tarea de informar las novedades en el sistema Sage. Es decir que el propio gobierno, en sus resoluciones y directivas unilaterales, está evidenciando la sobreabundancia de mecanismos de información del sistema y que en realidad denotan los fines persecutorios contra el derecho a huelga”, precisaron.

Por otra parte, indicaron que “la cantidad de días que prescriben para la carga de la Declaración Jurada para cada uno de los docentes, pone en superficie una sobrecarga laboral toda vez que se extiende a días en donde no están determinadas medidas de fuerza”.
“No se observa cuál es la mejora de las trayectorias de aprendizaje que se emanan de esta Resolución invocadas en sus considerandos, por el contrario, la sobrecarga administrativa en el sistema, se interpone a ese objetivo”, subrayaron y agregaron que Agmer rechaza “enérgicamente las normas precitadas y ha instruído a su Asesoría Legal a la presentación de acciones en resguardo de los derechos gremiales y laborales de cada uno de los docentes”.

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