La intención del Gobierno nacional de derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, que establece el sistema de precio único del libro en todo el país, abrió un nuevo frente de conflicto con la oposición y con actores del sector editorial. La medida forma parte del anteproyecto de ley de desregulaciones impulsado por la administración de Javier Milei y generó cuestionamientos por el posible impacto sobre las librerías independientes, las editoriales de menor escala y la diversidad cultural, supo AIM.

Según pudo saber AIM, la iniciativa vuelve a poner en discusión un esquema vigente desde 2001 que obliga a que cada libro tenga un precio uniforme de venta al público, independientemente del comercio donde se adquiera. Sus defensores sostienen que este mecanismo evita prácticas de competencia desleal, protege a las librerías pequeñas frente a las grandes cadenas y favorece una oferta editorial más diversa.

La oposición salió al cruce

Desde el Frente de Izquierda, la diputada nacional Myriam Bregman cuestionó la decisión del Ejecutivo y aseguró que el Gobierno "vuelve con su obsesión" de avanzar contra el sector cultural. Recordó además que una iniciativa similar ya había sido incluida tanto en el DNU 70/2023 como en la versión original de la Ley Bases, aunque finalmente no prosperó.

La legisladora advirtió que eliminar el precio único podría acelerar la concentración del mercado editorial, afectar la continuidad de cientos de librerías y profundizar las dificultades que atraviesan escritores y editoriales independientes.

En la misma línea se expresó el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien afirmó que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, "no comprende lo que representa el libro para la Argentina". También remarcó que la norma vigente no implica costo fiscal para el Estado y consideró que su derogación favorecería a grandes operadores comerciales en detrimento del entramado editorial independiente.

Para Ferraro, la industria del libro no sólo constituye un bien cultural, sino que además sostiene una amplia cadena de valor integrada por editoriales, librerías, imprentas, distribuidores, traductores, correctores, diseñadores y autores.

Un sector que ya atraviesa un escenario complejo

La discusión se produce en un momento delicado para la industria editorial argentina. Los últimos relevamientos de la Cámara Argentina del Libro (CAL) muestran que durante 2025 aumentó la cantidad de títulos publicados, pero cayó con fuerza la cantidad de ejemplares impresos: la tirada total retrocedió un 34% respecto del año anterior, ubicándose incluso por debajo de los niveles registrados antes de la pandemia.

Al mismo tiempo, libreros y editores vienen advirtiendo sobre una fuerte retracción del consumo. Representantes del sector estiman que las ventas de editoriales acumulan caídas superiores al 30%, mientras que las librerías registran bajas cercanas al 20%, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento de los costos de producción.

Desde la propia Cámara Argentina del Libro también señalaron que el sector enfrenta importantes desafíos económicos y que resulta necesario fortalecer políticas que permitan sostener la producción, el empleo y la red de librerías distribuidas en todo el país.

El eje del debate

Quienes respaldan la derogación sostienen que eliminar el precio único permitiría una mayor competencia comercial y descuentos para los consumidores. Sin embargo, sus detractores consideran que esa lógica podría beneficiar principalmente a grandes cadenas y plataformas de venta, con capacidad para ofrecer promociones que las librerías independientes no pueden igualar.

El temor del sector es que, a mediano plazo, esa competencia termine reduciendo la cantidad de puntos de venta, concentrando la comercialización en pocos actores y disminuyendo la variedad de títulos disponibles, especialmente de editoriales pequeñas y medianas.

La eventual eliminación de la Ley 25.542 vuelve así a instalar un debate que excede el plano económico y enfrenta dos modelos sobre el mercado del libro: uno basado en la libre competencia sin regulación y otro que considera al libro un bien cultural que requiere mecanismos específicos para preservar la diversidad editorial y garantizar el acceso federal a la producción nacional. Según pudo saber AIM, la propuesta promete convertirse en uno de los puntos de mayor discusión cuando el paquete de desregulaciones comience a debatirse en el Congreso.