A través de una carta, y ante la inminente apertura del año legislativo, el organismo le listó al Presidente una serie de preocupaciones sobre el estado de los derechos humanos de carácter urgente.

Ante un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, Amnistía Internacional Argentina envió una carta pública al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para acercarle una serie de preocupaciones en materia de derechos humanos de carácter urgente cuya tratamiento o sanción siguen pendientes en el Parlamento.

Entre ellos están la iniciativa contra la violencia institucional; una norma que proteja a los humedales; la prórroga de la Emergencia Territorial a través del Poder Legislativa; la designación de una mujer miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de una persona a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, entre otros. Según la organización todas "constituyen verdaderas deudas pendientes que deberían ocupar un lugar prioritario en el debate parlamentario de este año."

Uno de los ejes que resalta el comunicado son los incendios que arrasaron la provincia de Corrientes este verano, alcanzando la zona de los Esteros del Iberá. Esto dejó en evidencia no solo el agravamiento de la crisis climática sino también sus efectos que, año tras año, se sienten con mayor magnitud en la Argentina y el mundo. En este sentido, una Ley de protección de los Humedales consensuado con la sociedad civil sería un importante avance para dar respuesta a la grave crisis climática y de incendios que amenaza con agravarse.

A su vez, el año pasado el Congreso de la Nación omitió dar tratamiento a la prórroga de la ley de Emergencia territorial (Ley 26.160) que vencía en noviembre de ese año. Si bien la norma, indispensable para para la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, fue finalmente aprobada mediante Decreto 805/2021 del Poder Ejecutivo, el Congreso tiene aún la oportunidad de respaldarla.

Por otro lado, resalta la carta, subsisten dos deudas institucionales que la organización estima de alta y urgente prioridad y en las que el Congreso juega un rol central. Por un lado, desde hace 12 años el Congreso de la Nación no designa a una persona a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, organismo que sigue vacante y que es central en la defensa de los derechos humanos y el control de los actos de gobierno.

Asimismo, resulta preocupante no solo la demora para completar la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco, el pasado 1 de noviembre, sino también que el máximo tribunal del país carezca de perspectiva de género a la hora de emitir sus fallos e impartir justicia. Desde el 15 de diciembre pasado se encuentra vencido el plazo para el envío del pliego al Senado para ocupar el cargo vacante. A nadie parece preocuparle.

Por ello, Amnistía Internacional explica que envió esta carta al presidente Fernández, también remitida a la Presidencia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con la expectativa de que sean incluidas para su abordaje y aprobación en las sesiones ordinarias que inician el 1 de marzo.

Además, la pandemia de Covid-19 ha visibilizado numerosos casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad en todo el país frente a lo cual Amnistía Internacional ha relevado más de 30 casos en todo el país que incluyeron situaciones de malos tratos, tratos degradantes, amenazas, uso excesivo de la fuerza e, incluso, el asesinato por parte de miembros de diferentes fuerzas de seguridad. Sin embargo, muchos otros casos que se siguieron registrando a lo largo de 2021 ilustran prácticas abusivas, fuertemente arraigadas y extendidas por parte de las fuerzas de seguridad de todo el país.

La organización considera que, dada la repetición de estos hechos, es necesaria una profunda reforma a partir de medidas integrales y definitivas, coordinadas entre todas las jurisdicciones del país y con el involucramiento de todos los niveles del Estado. En este sentido, el debate de una ley contra la violencia institucional en la agenda parlamentaria de este año es un paso en esa dirección.

Por otro lado, desde 2018 Amnistía Internacional se ha propuesto visibilizar la violencia de género online, como otra de las manifestaciones de la violencia contra la mujer y personas LGBTI+. La falta de acción de los Estados y las empresas para garantizar el respeto por los derechos humanos y hacer frente a la violencia y el abuso online empuja a quienes la padecen hacia una cultura de silencio.

En este sentido, deben adecuarse las leyes para combatir la violencia de género en su dimensión online y que, de esta forma, se garantice la supervisión del diseño, el desarrollo y la implementación de los sistemas algorítmicos con perspectiva de género para que las empresas sean legalmente responsables.