Desde la Asociación Paranaense de Síndrome de Down (Aspasid) se pronunciaron sobre la intención del gobierno nacional de desregular por decreto los aranceles a pagar por parte de obras sociales o programas del Estado, según la condición de cobertura que tenga cada paciente. “Lo deseable sería que no tuviera una sanción y que no demos marcha atrás en derechos que les asisten a las personas con discapacidad: poder recibir la atención necesaria y específica que las obras sociales tienen que prestar en orden al contrato social que se establece”, señaló a AIM la presidenta de la organización, Beatriz Arbasetti.

Sobre cómo se encuentra la situación por estos momentos en Aspasid, Arbasetti refirió a esta Agencia: “está relativamente equilibrada a raíz de que las obras sociales desde fin del año pasado más o menos restablecieron los parámetros de pago mensual por las prestaciones”.

Ante el decreto anunciado, “se abre un interrogante peligroso porque al desregular las obras sociales van a quedar en libertad de acción de hacer recortes en las prestaciones, de modificar los costos”, y consideró “eso debería estar pautado para que lo tenga en claro no solo el usuario, en este caso la persona con discapacidad, sino que también el prestador conozca los montos con que se está manejando la prestación”.

Ese sistema de ordenamiento, analizó Arbasetti, “se trata sobre todo de no dar marcha atrás perjudicando nuevamente a las personas con discapacidad. Los que estamos ya hace casi 40 años en esta temática sabemos que siempre hemos tenido que salir a discutir y a pelear por los derechos de nuestros hijos, porque en este tema no sé cuál es el punto en cuestión pero siempre cuando hay que hacer un recorte, cuando hay que tocar algo las personas con discapacidad parece que no tuvieran derechos y cortan precisamente por ese lugar”.

Arbasetti reflexionó al respecto que: “Lo deseable sería que este decreto no tuviera una sanción y que no demos marcha atrás en temas que ya entendíamos saldados por haberlo aclarado y discutido durante mucho tiempo por la ejecución de estos derechos que les asisten a las personas con discapacidad: poder recibir la atención necesaria y específica que las obras sociales tienen que prestar en orden al contrato social que se establece”.

“Tenemos que estar alerta; sería lamentable, pero nos obliga la situación a volver a salir a las calles para protestar en defensa de los derechos alcanzados por las personas con discapacidad que ahora se verían seriamente comprometidos si este decreto sale a la luz”, concluyó.