La extracción de arena silícea, destinada a la explotación de gas y petróleo en el yacimiento de Vaca Muerta, a través de la técnica del fracking, genera daños en el Humedal del Delta del Paraná, que abastece de agua dulce a más de veinte millones de argentinos, pero también “potencia el extractivismo y pone en riesgo la biodiversidad del humedal”, afirmó a AIM el ingeniero Carlos Cadoppi, quien denunció el daño irreversible que afecta a Ibicuy, Victoria, Diamante, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.
Cadoppi está enojado y no lo disimula. Es que su postura está científicamente respaldada, ya que existen pruebas concretas de la contaminación e inundaciones, que atentan fuertemente contra el ecosistema de la zona y la vida humana, lo que generó en toda la cartografía entrerriana un amplio rechazo a las areneras que no cuentan con licencia social. “No hago esto por mí mismo, sino que, al conocer la situación, tengo la obligación de hacerla pública y exigir al Estado que frene esta depredación, que actúe. Pero claro, soy buen observador y pienso que hay demasiados intereses en juego…”, sugirió.
La preocupación del ingeniero creció cuando se abocó al estudio del proceso de extracción. “Enseguida me pregunté: ¿Qué efectos contaminantes podría ocasionar en las napas subterráneas que proveen de agua potable a la población de Ibicuy y qué daños provocan las areneras en el Humedal del Delta del Paraná, que abastece de agua dulce a más de veinte millones de argentinos? La extracción de arenas silíceas se realiza con floculantes, un químico que, según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) es nocivo si se ingiere, si entra en contacto con la piel o se inhala”, fustigó. “Además de salinizarla, en la medida que sigan utilizando químicos que provocan un daño irreparable en la salud humana y en el ambiente, convertirán en veneno el agua que consumen más de 20 millones de argentinos”, aseguró.
Secuencia y desobediencia
Cadoppi presentó un amparo ambiental contra el Gobierno de Entre Ríos, por considerar que las areneras que actúan en la provincia lo hacen sin las habilitaciones y controles correspondientes e incumplimiento de las técnicas que la ley y las ciencias establecen. El 29 de abril, la Justicia Federal suspendió el funcionamiento de las empresas areneras que realicen alguna actividad de extracción de arena silícea en los ríos Paraná y Uruguay, en los tramos concernientes a Entre Ríos. En rigor, les prohibió la actividad durante 45 días, si no tienen el certificado de informe técnico favorable.
Entonces, Cadoppi, quien impulsó el amparo, dijo a AIM que la medida “es un paso, porque todos los informes científicos demuestran que inundan los campos de la zona y contaminan los cursos de agua, lo que genera un negativo impacto ambiental, pero no alcanza”.
El 29 de abril de 2022, el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, dio lugar a la apelación y estableció un plazo de 45 días, para que las empresas regularicen su situación formal y el correcto manejo ambiental, pero la homologación del acuerdo empezó a correr el 7 de mayo. Sin embargo, a pesar de la resolución de la justicia federal, la arenera Cristamine sigue desobedeciendo el dictamen de la justicia y continúa con la extracción de arena. "Sigue funcionando por una habilitación que le otorgó el intendente de Ibicuy, a través del área de Ambiente del municipio. Por eso, la semana pasada hicimos una presentación legal y la semana próxima haremos otra, tanto al municipio como a la arenera, por estar desobedeciendo el dictamen de la justicia", agregó Cadoppi.
Daños irreparables
Las imágenes satelitales demuestran que, como resultado del lavado de las arenas para su separación, hay residuos que taponan arroyos, cubren campos, y generan daños productivos, ambientales y sociales, cada vez más graves e irreparables. Simultáneamente, los análisis químicos del agua de subsuelo demuestran que lo que lo que se usa para lavar la arena y separarla, genera una contaminación irreparable. Hierro, manganeso y arsénico penetran lentamente en las napas subterráneas, pero, además, el polvillo que desprende la arena sílica y que inhalan los trabajadores de las areneras, les ha provocado a muchos de ellos enfermedades irreversibles, como el cáncer de pulmón.
Denuncias
Cadoppi explicó que denunció “a todos los responsables de la destrucción de nuestro patrimonio ambiental. A la dirección Provincial de Vialidad, responsable de la construcción de obras públicas que impiden el movimiento natural de las aguas, y provocan su contaminación, destruyendo los aportes ambientales del Humedal”.
Aseguró que su denuncia alcanzó “al anterior director de Vialidad, Jorge Rodríguez, y a la actual, Alicia Benítez; a la coordinadora del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), Alejandra Méndez, así como a su antecesor, Daniel Olano (PJ); a los diputados provinciales Carmen Toller (PJ), Gracia Jaroslavsky (UCR), Esteban Vítor (PRO) y Martin Angiano (PRO). A todos ellos les explique el problema, y jamás investigaron nada, ni respondieron mis demandas. Los nombro para que expliciten sus posiciones ante la sociedad, ya que propician la destrucción del Humedal. Quiero que se genere un debate que los argentinos nos debemos. El día de mis presentaciones, el senador nacional Alfredo De Angeli (JXC) fue a Ibicuy, junto con algunos de los diputados que nombré, a brindar apoyo explícito al accionar delictivo de las areneras y al intendente de Ibicuy, Gustavo Roldan, empleado con licencia de una de esas empresas y de signo político contrario al del senador De Angeli”.
El ingeniero destacó que también denunció a “los emprendimientos privados que profundizan el problema y que no cuentan con ninguna aprobación para su construcción. Esta es una situación que, de continuar, traerá enfermedades y hasta la muerte de muchos de nosotros, y ocasionará la destrucción de nuestro hábitat y del patrimonio nacional”.
Teléfono para los funcionarios
Cadoppi acusó a “los políticos del oficialismo y de la oposición, nacionales y provinciales”, y señaló que todos “son cómplices de estos delitos, y responsables de que no se haya investigado nada hasta el momento. Quien fue ministro de Ambiente de la Nación entre diciembre de 2015 y septiembre de 2018, rabino Sergio Bergman, jamás se ocupó del tema, pese a que, por este desmanejo, el Delta estuvo inundado muchos años durante su gestión. Tampoco el actual ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, se involucró en el tema. Y no debemos olvidar que el expresidente Mauricio Macri fue a la zona muchas veces durante su mandato y jamás opinó sobre la inundación, aunque su helicóptero sobrevoló la zona varias veces”.
El ingeniero explicó que se trata de un tema “en el que la ignorancia, vinculada a la corrupción, campea sobre un oscuro horizonte de vida. De nuevo los políticos son actores fundamentales de la anti-nación. Lo saco a la luz para que los protagonistas seamos actores de una epopeya que abra posibilidades de realización favorables a un futuro digno de vivir. Lamentablemente, si las cosas siguen así, nuestra especie va en camino a la desaparición, en este único mundo que nos alberga”.
Cadoppi pidió decidir en conjunto, “como le damos forma a una nueva posibilidad de vida. La denuncia está hecha y cómo resolver esta encrucijada de vida, está a nuestro alcance. Los que están en la vereda de enfrente son siempre los mismos, se pongan una u otra camiseta política, aparentemente opuestos e irreconciliables, pero cómplices en la destrucción de la mano omnipresente de la corrupción”, opinó.
Notas relacionadas
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