La presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores (ATE) Entre Ríos, Juana Ávalos, afirmó a AIM que el próximo gobierno debe avanzar en mejorar el sistema previsional, que tendrá que contemplar la derogación del Título V de la Ley 27.260 de armonización de los sistemas previsionales provinciales.
Desde el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE “impulsamos medidas urgentes en materia previsional para garantizar la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de los adultos mayores”, contó Ávalos, quien indicó que el documento que se impulsa propone una Ley de defensa y protección integral de los trabajadores a través de una seguridad social conforme la Constitución Nacional, vinculada al trabajo, como derecho de los trabajadores, basada en el reconociendo del 82 por ciento móvil, financiada por reparto, solidaria, organizada en base a la administración de las instituciones públicas de la seguridad social por los trabajadores activos y jubilados.
En ese marco, se reclama derogación del Título V de la Ley 27.260- Armonización de los Sistemas previsionales provinciales, ya que se dispuso la armonización a la baja de los regímenes previsionales provinciales no transferidos al sistema nacional de Anses, a través de la Ley 27.260. La armonización “se está llevando adelante a través de la ‘extorsión’ de no recibir fondos nacionales a los gobiernos provinciales para que adecuen sus sistemas previsionales con el nacional, reduciendo los derechos y los beneficios vigentes en edad, movilidad, tasa de sustitución, años de aportes, etc… y manteniendo las normas más desventajosas para los beneficiarios”.
Además, se pide la derogación del Título VI Afectación de los Recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA (FGS), de la Ley 27.260 (mal llamada Reparación Histórica) y de toda normativa y acuerdo con el FMI que desnaturalice la finalidad del FGS y lleve a su desaparición: “En la actualidad el FGS está siendo afectado por distintas medidas del Gobierno: por un lado, la Ley de Reparación Histórica habilita utilizar sus recursos para afrontar el pago de gastos corrientes; el acuerdo del gobierno con el FMI autoriza la venta de sus activos, como las acciones que posee en empresas y su paulatina extinción; se invierten sus recursos por el gobierno en letras del Tesoro (letes, o similares) que han perdido valor, poniendo en serio riesgo el capital del Fondo. El conjunto de las medidas adoptadas por el actual Gobierno conlleva la destrucción progresiva del FGS”.
“Exigimos que se deroguen las normas y acuerdos que ponen en riesgo el FGS y la plena vigencia del Decreto 897/2007 que lo creo, teniendo como objetivo esencial garantizar la sostenibilidad del sistema previsional”, precisaron desde el Centro de Jubilado Nacional.
También exigen que se derogue el Título III de la Ley 27.260 Pensión Universal para Adulto Mayor (Puan) para restablecer la moratoria previsional: “Proponemos la derogación de la Puan que es una prestación de asistencialismo atendida por el Tesoro Nacional, equivalente al 80 por ciento del haber mínimo, de carácter vitalicio no contributivo y no hereditario”.
“Planteamos en su remplazo el restablecimiento de la moratoria previsional que posibilite a todo trabajador y a toda trabajadora acceder a la jubilación con aportes, que incluya hasta el mes de diciembre de 2013, inclusive, sin filtros, ni condicionamientos socioeconómicos”, precisaron.
Demás, demandan que se derogue el Título II Consejo de sustentabilidad previsional: “El art. 12 de la Ley 27260 creo un Consejo de Sustentabilidad Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, a los efectos de que proponga un nuevo régimen previsional, Uno de los temas que están en estudio es aumentar la edad jubilatoria, reducir las tasa de sustitución con el salario e instalar un componente de ahorro individual (capitalización)”.
En su reemplazo, desde el Centro de Jubilados nacional “promueve la creación de una Comisión Bicameral, en el ámbito del Congreso de la Nación, con representación permanente de las centrales de trabajadores, de los centros de jubilados nacionales y de las organizaciones sociales para que debatan una nueva ley que establezca una sistema previsional de rasgos universales, solidarios, de reparto, de beneficios definidos, financiamiento colectivo (aportes y contribuciones/ impuestos), con participación en su administración de los trabajadores activos y pasivos y con un presupuesto que goce de autonomía económica y financiera”, explicó Ávalos.
Además, piden que se derogue la Ley 27426 del 2017 (movilidad): “En diciembre de 2017 se profundiza el carácter regresivo de la reforma previsional y se sustituye la Ley de Movilidad del 2008, que establecía un índice mixto de actualización, que combinaba por partes iguales variación del salario nivel general. con variación de los ingresos totales de Anses, por un sistema de movilidad (Ley 27426) que toma en cuenta un 70 por ciento de variación de la inflación y 30 por ciento de un índice salarial (Ripte), no representativo de la realidad. Esta reforma implicó en el 2018 una pérdida sustancial del poder adquisitivo de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales de alrededor de 18 millones de personas”.
En ese marco, proponen “un régimen de movilidad que garantice la proporcionalidad y el carácter sustitutivo que, en nuestro sistema constitucional tiene la jubilación respecto del salario del activo y una jubilación mínima, vital y móvil que no sea inferior al 82 por ciento del valor de la Canasta Básica Total relevada por el Indec”.