En una sesión cargada de tensiones por los múltiples temas pendientes, la Cámara de Diputados aprobó el emplazamiento a las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de Presupuesto y Hacienda para debatir un proyecto que busca declarar la emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La reunión fue fijada para el próximo miércoles 13 de agosto a las 14 horas, supo AIM.

La iniciativa ya cuenta con dictamen de la comisión cabecera, pero llevaba más de un año bloqueada en Presupuesto, presidida por el diputado oficialista José Luis Espert. Según pudo constatar AIM, fue necesaria la presión del pleno para forzar su tratamiento, mediante un mecanismo previsto en el reglamento parlamentario cuando hay demoras injustificadas.

El proyecto propone que se dé cumplimiento efectivo a la Ley 27.614, sancionada en 2021, que establecía un esquema de financiamiento creciente y sostenido para alcanzar el uno por ciento del PBI destinado a ciencia y tecnología en 2032. También instruye al Poder Ejecutivo a recomponer las partidas presupuestarias del sector y a convocar al Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (Cicyt) y al Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cofecyt) para evaluar la ejecución y asignación de recursos.

El derrumbe del Conicet

La situación del Conicet —principal organismo científico del país— es crítica. A raíz del ajuste aplicado por el Gobierno nacional, las becas doctorales y posdoctorales fueron reducidas al mínimo, las convocatorias para nuevos ingresos están paralizadas y los subsidios para proyectos de investigación fueron congelados. Según denuncias de investigadores, los institutos trabajan con recursos limitados, sufren cortes de servicios básicos y deben suspender líneas de trabajo por falta de insumos. Algunos laboratorios ya funcionan en condiciones precarias, y la fuga de cerebros —científicos que buscan continuar su carrera en el exterior— se ha acelerado en los últimos meses.

Además, el deterioro salarial de los investigadores, becarios y técnicos ronda el 40 por ciento interanual en términos reales, lo que ha generado protestas y declaraciones de emergencia desde distintas asociaciones científicas y universidades nacionales.