Los tiempos parecen haberse acelerado en las últimas semanas y el Gobierno junto con los líderes del CAA se encuentran en este momento puliendo los últimos detalles del ante proyecto de Ley de fomento a la Agroindustria para su inminente giro al Congreso.

La intención del oficialismo es que la ley que busca llevar las exportaciones hasta los u$s100.000 millones al año y ofrece diversos incentivos fiscales e impositivos a los productores, reciba sanción antes de fin de año.

El gabinete económico de Alberto Fernández, con Martín Guzmán y Matías Kulfas a la cabeza, junto al ministro de Agricultura, Luis Basterra, están terminando de darle las últimas pinceladas al ante proyecto de ley y es por ello que por estas horas están recabando información de las diversas mesas técnicas que estructuró el CAA con dicho fin.

Fue un pedido concreto de Alberto Fernández, la ley tiene que salir antes de fin de año porque no solo fue una de sus promesas en la apertura de sesiones en el Congreso en marzo pasado, sino que también la normativa “busca impulsar la producción para que haya más desarrollo y trabajo”, según indicó el primer mandatario en declaraciones radiales. Justamente, en un contexto en el que el Gobierno plantea reconfigurar los planes sociales hacia un escenario de generación de mano de obra y empleo registrado en la Argentina.

Según explican en el sector, hubo dos factores claves para que se acelerara el desembarco de la Ley Agroindustrial al Congreso. En primer lugar, la participación de José Martins, presidente del CAA, en el Congreso de la Producción y el Trabajo que se llevó a cabo en Casa Rosada a fines de agosto. Allí el líder agroindustrial fue claro respecto al rol estratégico que cumple el sector en la economía argentina y sentado al lado del ministro Guzmán, pidió “reglas claras y sostenibles” para desarrollar la actividad privada, así como también fomentar “la exportación de bienes y servicios, lo que promoverá la inversión y el empleo en el interior del país”.

El segundo hecho fue la reunión que mantuvo la semana pasada el presidente Alberto Fernández con Antonio Aracre, director de la firma de tecnología para el agro Syngenta. Allí el empresario no solo comunicó los avances del proyecto exportador que encabeza la compañía, sino que también planteo una serie de cuestiones generales del sector como la necesidad de avanzar en materia de reconocimiento de la propiedad intelectual en el agro, uno de los puntos en los que también hace foco la ley. Según contó Aracre el balance del encuentro fue muy positivo porque el primer mandatario se mostró muy receptivo a los temas planteados.

Mientras tanto desde el CAA se entusiasman con la buena nueva y remarcan que la Ley tendrá un rol estratégico no solo en la generación del empleo sino también en el arraigo en el interior productivo, dos puntos que particularmente le interesan al oficialismo de cara a la pospandemia.

A su vez, la pronta llegada de la ley al Congreso se daría además en un contexto complejo en el que la industria frigorífica reclama por las limitaciones para exportar carne vacuna. Por su parte, la estrategia del Gobierno será mostrar una visión a más largo plazo y por ello enmarcará dentro de la normativa una serie de beneficios fiscales e impositivos que también están contemplados en el Plan Ganadero nacional, para fomentar el engorde de vacunos, incrementar el rodeo y sumar mayor productividad de carne.

En líneas generales, el proyecto plantea la modificación de la valuación fiscal de la hacienda al cierre del ejercicio, la amortización acelerada de inversiones que prevé un “tratamiento diferencial para inversiones efectivamente realizadas durante la vigencia del régimen, en bienes muebles nuevos amortizables (excluido automóviles), construcciones (excluidas viviendas) y de infraestructura”. La obtención de crédito fiscal a partir de la compra de insumos, que se “calculará sobre el 50 por ciento de los gastos y erogaciones deducibles del impuesto a las Ganancias, correspondientes a adquisiciones de fertilizantes, insumos biológicos, semillas autógamas forrajeras, gastos en genética y sanidad ganadera y hasta el límite del 50 por ciento del Impuesto a las Ganancias a pagar”.

En tanto, los beneficios también alcanzan a la producción agrícola con puntos clave como una quita del impuesto a las ganancias en las compras derivadas de insumos estratégicos para sumar mayor productividad por hectárea como los fertilizantes y semillas autógamas.

Con el mismo objetivo, la ley buscará promover las inversiones en el sector particularmente en bienes durables como maquinaria agrícola y equipos. El proyecto contemplaría como beneficio para el productor agropecuario la amortización acelerada de estos bienes y el recupero del IVA en las operaciones de compra. Una medida que impactaría no solo en la renovación de la plaza de maquinaria agrícola local, sino que también en mayores ingresos para las fábricas nacionales.

El anuncio oficial llegaría en las próximas semanas. La agroindustria aguarda expectante.

Fuente: Ámbito