Con muy baja actividad dentro del recinto, el Senado se reunió en 13 ocasiones, misma cifra registrada en 2015. En tanto, Diputados se reunió solamente en 14 ocasiones, terminando la última de manera abrupta y en un escándalo, supo AIM.
En Senado, el año que acaba de concluir, fue gracias a la ayuda de tres senadores que se aprobaron proyectos resistidos por Juntos por el Cambio, destacándose entre ellos los de la agenda judicial que el kirchnerismo diseñó una vez más, en un período que estuvo marcado por la controversia en torno al Consejo de la Magistratura y el rol de la Corte Suprema de Justicia.
Pese a que no hubo calendario electoral, el motivo por el cual siempre baja la actividad parlamentaria, la Cámara alta tuvo una bajísima marca en cuanto a sesiones: se realizaron 13, de las cuales 10 fueron especiales, una ordinaria, una informativa y una preparatoria. Durante alguna de ellas, el temario incluyó un solo proyecto a tratar.
Si se tiene en cuenta la cifra de 15 registrada en 2021, el Senado sesionó dos veces menos respecto al período anterior. Y, para encontrar la misma cantidad de 13 hay que remontarse a 2015, año que sí estuvo atravesado por comicios y recambio presidencial. Además, es un hecho infrecuente que la Cámara alta haya sesionado menos que Diputados, donde hubo 14.
Para el Senado fue como si no hubiera existido prórroga de sesiones ordinarias, pues no se pudo concretar ninguna durante el mes de diciembre para cerrar el 2022 con la aprobación de un conjunto de proyectos de índole social que esperaban convertirse en ley luego de su sanción en la Cámara baja.
Más allá de haber esperado que regresara un senador del Mundial de Qatar para lanzar una convocatoria -que tuvo como fechas tentativas el 15 y 22 de diciembre-, desde la bancada informaron que tenían “afectado” a otro de sus miembros y que Juntos por el Cambio, ausente en la última sesión que hubo, no garantizaba quórum. De esta manera, el recinto no se abrió más.
La primera sesión especial del año se llevó a cabo el 17 de marzo para aprobar, luego de un trámite veloz en comisiones, el proyecto de autorización al Poder Ejecutivo para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Al igual que había sucedido en la Cámara baja, el sector K del interbloque oficialista se opuso, resultando aprobada la ley con 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones.
A poco de cumplirse el plazo que la Corte Suprema le había impuesto al Poder Legislativo para sancionar una nueva Ley del Consejo de la Magistratura, el 7 de abril se trató en el Senado el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo y que sufrió modificaciones propuestas por el rionegrino Alberto Weretilneck, uno de los aliados fundamentales del Frente de Todos. La iniciativa establecía una composición de 17 miembros, sin presencia de un representante por el máximo tribunal.
El proyecto alcanzó los 37 votos positivos y 33 negativos. Además de Weretilneck votó a favor la misionera Magdalena Solari Quintana, otra fiel socia del oficialismo. Juntos por el Cambio y la cordobesa schiarettista Alejandra Vigo se opusieron, mientras que la riojana Clara Vega, quien se convirtió en 2022 en una indispensable para el Frente de Todos, estuvo ausente en la votación.
En esa jornada se ratificó además un decreto de la vicepresidenta Cristina Kirchner por el cual se designó como “Sala Malvinas Argentinas” al salón de recepción del edificio anexo Alfredo Palacios y se dispuso la colocación de una placa alusiva.
Un mes después, el 12 de mayo, y con la pelea por la banca en el Consejo de la Magistratura en el centro de la escena, se volvió a reunir el Cuerpo. Con varias manifestaciones políticas, hubo tensión y acusaciones cruzadas entre oficialistas y opositores a raíz del reclamo de Luis Juez ante la ruptura de la bancada del Frente de Todos y la designación de Martín Doñate por Unidad Ciudadana.
El “plato fuerte” de ese día fue un proyecto ideado por el kirchnerista Oscar Parrilli sobre la creación de un “Fondo Nacional” para pagarle la deuda al FMI a través de la recuperación de dólares fugados. Por otra parte, se votó el Tratado Interprovincial de creación de la Región Norte Grande Argentino; acuerdos internacionales; la designación de cónsules honorarios y un paquete de proyectos de declaración, la mayoría vinculados a los 40 años de la Guerra de Malvinas.
El 2 de junio, previo a recibir al jefe de Gabinete, tuvo lugar una brevísima sesión en la que se dio entrada formal a los pliegos de embajadores en Venezuela (Oscar Laborde), Honduras (Pablo Vilas) y Ecuador (Gabriel Fuks). Luego, Juan Manzur dio su informe de gestión -el único del año- durante el que se refirió a la inflación como “un problema que tenemos que atender”, la guerra Rusia-Ucrania y los subsidios al transporte del interior.
En la única sesión ordinaria que hubo en todo 2022, el 30 de junio se trató un abultado temario que incluyó el proyecto de plan de pago de deuda previsional, sobre el cual la senadora Juliana Di Tullio reconocía que lo habían elaborado en consulta con la Anses y no con el ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien por esos días le quedaban pocas horas en la cartera. Además del oficialismo y sus aliados, la iniciativa contó con el voto a favor de Alejandra Vigo.
En esa sesión, además, se sancionó la creación del Parque Nacional Ansenuza en Córdoba y la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta en Entre Ríos, al tiempo que tuvieron media sanción la ampliación del Parque Aconquija en Tucumán y la creación del Parque El Palmar en Chaco. Por unanimidad, salió la Ley de Oncopediatría y el alivio fiscal para monotributistas y autónomos. También se completó el trámite de la Ley de Respuesta Integral al VIH; y se giraron a Diputados dos proyectos sobre la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas y otro relacionado a la atención a usuarios de tarjetas de crédito.
Tras el receso invernal, las puertas del recinto se volvieron a abrir el 10 de agosto. A raíz de los cambios en el Gobierno, ese día volvió a tomar estado parlamentario el pliego de Daniel Scioli como embajador en Brasil. Ante el apuro de las provincias, por una eventual merma de recursos con la llegada de Sergio Massa a Economía, se dio media sanción al Consenso Fiscal 2021, que llevaba ocho meses sin ser tratado.
También, los senadores dieron media sanción a un régimen previsional especial para brigadistas de incendios y la autorización de entrada y salida de tropas; mientras que convirtieron en ley la prórroga del Régimen de Incentivo a la Construcción y la Ley de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana. Asimismo, se votó un conjunto de distintas fechas conmemorativas.
En lo que representó la primera sesión tras el pedido de condena de los fiscales, en el juicio por la causa Vialidad, contra Cristina Kirchner, y en medio de un contexto caldeado, el oficialismo y la oposición se cruzaron en torno a la figura de la vicepresidenta y la Justicia. Sería en la previa de un día muy especial: el 1ro. de septiembre, cuando por la noche Fernando Sabag Montiel le gatilló en la cara la expresidenta en la puerta de su casa en Recoleta.
Cristina abrió la sesión de ese día y se retiró rápidamente. Después arrancó el debate político, mientras la titular del Senado tuiteaba fotos en su despacho recibiendo a eurodiputados. En un largo y variado tramo de cuestiones de privilegio, el Frente de Todos criticó duro a la Justicia y el accionar de la Policía de la Ciudad en la casa de la vicepresidenta; mientras que Juntos por el Cambio pidió dejar de “tapar” la realidad del país a partir del “relato” y la “épica” alrededor de la acusación contra CFK.
En lo que respecta al temario, la Cámara alta avanzó en la aprobación de la Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz, la nueva Ley de Biotecnología y Nanotecnología, un conjunto de pliegos judiciales, un paquete de transferencia de inmuebles e iniciativas de monumentos históricos, entre otros proyectos menores.
Un poco después de concluida la sesión, y tras las peleas en el comienzo de ese día, senadores del oficialismo y la oposición posaron todos juntos en una foto desde el Salón Illia, donde leyeron un comunicado para repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta.
Una semana después, el 8 de septiembre, se convocó al pleno para repudiar el hecho con una declaración -al igual que hizo Diputados- y Juntos por el Cambio no asistió, bajo el argumento de no querer avalar “el uso partidario del Congreso”. Los integrantes de la bancada conducida por Alfredo Cornejo señalaban que con la foto y el comunicado que habían emitido rápidamente después del hecho, alcanzaba. Una vez más, junto a Weretilneck, Solari Quintana y Vega, el Frente de Todos aprobó la iniciativa después de un debate que tuvo solo tres oradores.
Con la llegada de la primavera, en un mes convulsionado, el kirchnerismo sacó del freezer el tema de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, que en julio había quedado a un paso del recinto por falta de acuerdos dentro de la propia bancada oficialista. De manera de conseguir los votos, el Frente de Todos accedió a cambios propuestos por el aliado Weretilneck y se aprobó, con 36 votos a favor y 33 en contra, un texto para que el máximo tribunal pase de 5 a 15 miembros, con composición federal y respetando la paridad de género.
Si bien esas modificaciones también lograron convencer al puntano Adolfo Rodríguez Saá, el oficialismo tuvo un voto negativo, el de la otra representante del interbloque por la provincia de San Luis, María Eugenia Catalfamo, del riñón del gobernador Alberto Rodríguez Saá, uno de los que pujaba más fuerte por una Corte con 25 jueces, precisamente el proyecto que no habían podido sacar meses antes.
El 27 de octubre, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto para extender por 50 años las asignaciones específicas de ciertos impuestos para el financiamiento de las industrias culturales, la prórroga del ReNaBaP, la expropiación del predio de Cromañón y un proyecto para incorporar al Programa Médico Obligatorio un protocolo para la atención de casos de violencia de género. Además, se le dio media sanción al “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030”, enviado por el Poder Ejecutivo.
Nuevamente en un enfrentamiento por el Consejo de la Magistratura y enojados porque no se había escuchado el fallo de la Corte a favor de Juez -en un amparo iniciado en mayo- y se había designado a Doñate como consejero para el período 2022-2026, los senadores de Juntos por el Cambio no concurrieron a la sesión del 16 de noviembre. La postura se tomó en un claro rechazo a que el oficialismo había incluido en el temario el decreto con las designaciones, firmado por la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, con el objetivo de “blindar” la decisión del Poder Legislativo ante futuros reclamos judiciales.
Así, con el respaldo de sus tres socios, alcanzando justo los 37 presentes, el Frente de Todos ratificó el decreto y aprobó el temario compuesto por la Ley de Presupuesto 2023 y la prórroga impositiva, atada a la “ley de leyes”, en un corto debate. Hacia el final, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta de la bancada, solicitó una moción de orden para incorporar el proyecto de beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, el cual recibió la media sanción por unanimidad y se giró a Diputados. Fue el cierre del 2022 en el recinto del Senado.
Qué pasó en Diputados
En materia política, el 2022 será un año muy recordado y no precisamente porque haya habido elecciones, sino por una sucesión de hechos que marcaron la agenda del Gobierno y, por supuesto, la del Congreso, caja de resonancia por excelencia.
El debut de una nueva composición de la Cámara de Diputados, con números ajustados para las dos principales bancadas, y un nuevo mapa de bloques que reconfiguró el escenario parlamentario en relación con los dos primeros años del Frente de Todos, ya había mostrado sus dificultades durante el diciembre de 2021.
Así las cosas, durante 2022, la Cámara de Diputados concretó 14 sesiones, de las cuales 13 fueron especiales y 1 informativa. Sin embargo, la última sesión que tuvo quórum -el 1ro. de diciembre- terminó de manera abrupta en medio de un escándalo, sin que se apruebe nada de lo previsto.
Cabe destacar que, de acuerdo al informe elaborado por parlamentario.com cada año, no se contabilizaron la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo y las dos sesiones que hubo en minoría, una de ellas para la elección de autoridades (preparatoria), un trámite para el cual no se recuerda tal situación.
En comparación con 2021, año en el que se celebraron elecciones legislativas, la Cámara baja tuvo 5 reuniones más, pero respecto a otros años no electorales de la última década, el 2022 fue el período en el que menos convocatorias del pleno se dieron.
Si se tienen en cuenta los años pares, en 2020 (marcado por la virtualidad) hubo 20 sesiones; en 2018, 15; en 2016, 23; en 2014, 21; y en 2012, 22. El 2022 solo estaría en situación similar al 2018, que igualmente le saca una sesión más.
La primera sesión del año en Diputados, el 10 de marzo, comenzó nada más y nada menos que con la discusión del proyecto de ley de autorización al Poder Ejecutivo para refinanciar la deuda de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
Por primera vez el Congreso habilitaba una operación de crédito con ese organismo, de acuerdo se estableció en la Ley 27.612. A fin de que no caiga la ley, el oficialismo accedió a modificaciones en la iniciativa y, además, se retiraron los fundamentos que había anexado el exministro de Economía, Martín Guzmán. Cuestión áspera para el Frente de Todos -que votó dividido-, la media sanción obtuvo 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones.
Luego de negociaciones para unificar distintas solicitudes de sesiones, se llevó a cabo el 5 de mayo una reunión para tratar, en primer lugar, un reclamo de la oposición: el emplazamiento de comisiones para el debate durante todo el mes de los diferentes proyectos sobre la implementación de la boleta única de papel. Posteriormente, se sancionó la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial -enviada por el Ejecutivo- y se dio media sanción a la nueva Ley de VIH y la prórroga del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, con hincapié en el capítulo del blanqueo de capitales.
Un mes después, el 8 de junio, las puertas del recinto se volvieron a abrir para tratar como único punto la boleta única de papel, un tema en el cual la oposición construyó una mayoría y logró girar el texto al Senado, donde finalmente quedó congelado, no habiéndose discutido siquiera en comisiones en todo 2022.
El resultado fue de 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones. Los votos positivos fueron de Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Juntos Somos Río Negro, Avanza Libertad, La Libertad Avanza, el bloque SER y el monobloquista neuquino Rolando Figueroa.
Superado ese momento, que lo incomodó al exhibirse una vez más los números ajustados en el recinto, el oficialismo llamó a una sesión una semana después, el 15 de junio, para tratar cuestiones de su interés. El principal tema, impulsado por el entonces presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, fue el alivio fiscal para monotributistas y autónomos, con actualización en las escalas y deducciones especiales, respectivamente. Además, se dio media sanción a un régimen de beneficios impositivos para la adquisición de taxis y a la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas de determinados impuestos, destinadas a financiar las industrias culturales. Este último proyecto tuvo el debate más caliente de esa jornada.
También se votó la creación del Parque Nacional Islote Lobos, en Río Negro (fue ley); del Parque Nacional Ansenuza, en Córdoba; y la ampliación del Parque Pre-Delta, en Entre Ríos. Finalmente, se convirtió en ley una capacitación obligatoria, periódica y permanente en la cuestión Islas Malvinas para todas las personas que desempeñen la función pública; y se giró al Senado un proyecto sobre colocación de señalética alusiva a Malvinas en organismos públicos de todo el país y embajadas.
En lo que sería la última sesión presidida por Massa, quien había estado ya envuelto en rumores que lo hacían dentro del Gobierno, el 5 de julio se realizó una sesión que comenzó con cinco minutos de “reflexión” por parte de los jefes de bloques, en relación a la situación política y económica que había estallado iniciado el segundo semestre del año con la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía.
Por otra parte, en esa reunión recibieron media sanción la ley de promoción de la industria automotriz; la prórroga de la Ley de Biotecnología, incorporando la nanotecnología; la ratificación de un acuerdo para el desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego; una iniciativa sobre la prevención y el control de la resistencia a los antimicrobianos; y la creación del área marina protegida bentónica “Agujero Azul”, que logró aprobarse pese a que Juntos por el Cambio intentó dejar sin quórum la sesión. La jugada no salió porque, desde el propio interbloque, se mantuvieron en sus bancas los diputados de Encuentro Federal.
Finalmente, en medio de la crisis económica, Massa fue ungido como ministro de Economía y tuvo que despedirse de la Cámara de Diputados en una sesión que se realizó el 2 de agosto.
En un debut, que reconoció no hubiera querido nunca que sea así, Moreau presidió la sesión del 3 de septiembre, un sábado, en medio de la conmoción que había generado el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Tras arduas negociaciones, en las que el oficialismo cedió a “lavar” el texto de repudio que impulsaba, a cambio de conseguir el quórum y acompañamiento de la oposición, el cuerpo se reunió en una sesión que atravesó aguas calmas y solo tuvo picos de tensión durante la intervención de diputados de los extremos -liberales e izquierda-.
Pese al acuerdo sobre la redacción de la declaración, el Pro no dio quórum y un puñado de diputados de ese bloque ingresó una vez que la reunión había comenzado y se fue inmediatamente después de avalar a mano alzada la iniciativa. En cambio, sí asistieron y permanecieron todo el tiempo una docena de diputados de la UCR, la mitad del bloque Evolución Radical, dos de la Coalición Cívica y los cuatro de Encuentro Federal. También dieron número la izquierda, el interbloque Federal, el interbloque Provincias Unidas y el neuquino Rolando Figueroa.
Con una marcada demora, y a una semana de cumplir un año en el cargo, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, asistió el 14 de septiembre a brindar un informe de gestión a la Cámara baja, el único en todo el 2022. El tucumano tiró líneas sobre el proyecto de Presupuesto 2023 que iba a ser enviado, aclaró que desde el Ejecutivo no había una iniciativa para eliminar las Paso y recibió reclamos por los incendios en el Delta del Paraná. Un día después, los diputados se congregaron nuevamente en el recinto y, a solicitud del socialista Enrique Estévez, con anuencia del Frente de Todos, se aprobó un emplazamiento de comisiones para el tratamiento de la tan reclamada ley de humedales.
Luego se aprobó la ley de Consenso Fiscal 2021; se dio media sanción -con el número justo- a la prórroga de seis impuestos nacionales por cinco años; y se votó también la autorización de entrada y salida de tropas, la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, un acuerdo internacional y la iniciativa de promoción de la formación y desarrollo de la enfermería.
Un mes después, mientras en comisión se llevaba la centralidad el debate del Presupuesto 2023, el cuerpo se reunió en sesión el 12 de octubre. Ese día asumió Micaela Morán en reemplazo de Victoria Tolosa Paz, quien fue designada ministra de Desarrollo Social. En esa ocasión se dio media sanción a la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana; a un proyecto de Promoción y Fomento de Innovación Tecnológica; a modificaciones al Régimen de Contrato de Trabajo sobre el deber de no concurrencia y otro sobre telegrama y carta documento gratuitos; a un proyecto para que el Parque Nacional Traslasierra pase a llamarse Parque Nacional Pinas; a una reforma a la Ley 20.655, introduciendo modificaciones sobre asociaciones civiles deportivas superiores, como así también una iniciativa para que se ejecute el Himno Nacional Argentino en los eventos deportivos de carácter internacional que se jueguen en el país. Además, fue ley la declaración de utilidad pública y expropiación en la localidad de Chacas de Coria en la provincia de Mendoza del inmueble conocido como “Casa Mazzolari-Cerrutti, o Casa Grande.
Un tema destacado de la jornada, y durante cuyo debate la sesión se vio en riesgo de perder quórum, fue la expropiación del predio donde funcionó el boliche Cromañón, lugar en el que el 30 de diciembre de 2004 perdieron la vida 194 personas y más de mil resultaron heridas. El proyecto tenía un amplio consenso, pues había sido presentado con la firma de oficialistas y opositores. Sin embargo, durante el último discurso, el de la camporista Paula Penacca -quien encabezó la iniciativa-, estalló el enojo. Fue por su comparación entre las políticas para la juventud en aquellos años, cuando se estaba saliendo de la crisis de 2001, y durante el gobierno anterior (de Cambiemos) cuando “también se expulsó a la juventud”. Los diputados de Juntos por el Cambio amagaron con irse, pero finalmente se quedaron y el proyecto se aprobó por unanimidad con 207 votos positivos.
Con un antecedente histórico y muy negativo que no estaba dispuesto a repetir, cuando la “ley de leyes” fue rechazada en diciembre de 2021, el Frente de Todos logró -no sin esfuerzo- la media sanción del Presupuesto 2023 en la mañana del 26 de octubre, luego de más de 20 horas de debate. Para lograr habilitar la sesión, el oficialismo consiguió que se sentaran en sus bancas sus habituales aliados del interbloque Provincias Unidas, el bloque SER, el Partido Socialista, y un grupo de diputados de la UCR y Evolución Radical. Incluso, la bancada que conduce Germán Martínez tuvo cuatro ausentes al momento de abrir la sesión, entre ellos Máximo Kirchner.
Ya siendo las 5 de la mañana, y con la presencia en el recinto de Sergio Massa, el oficialismo consiguió aprobar en la votación en general el proyecto con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. Luego se inició la votación en particular, que demandó cuatro horas más de discusión, y durante la cual se retiraron y agregaron algunos artículos. Uno de los artículos que fracasó fue el referido al pago de Ganancias por parte de funcionarios y empleados del Poder judicial. Hubo 134 votos en contra -incluso cinco por parte del propio oficialismo- y 116 a favor. Por otra parte, a mano alzada, se incorporó un artículo para garantizar que los gastos en educación no sean inferiores al 1,33 por ciento del PBI.
La décimo segunda sesión del año se llevó a cabo el 9 de noviembre, con un extenso temario que incluyó la media sanción de un proyecto para eximir del cobro del impuesto a las Ganancias por concepto de guardias al personal de salud; otro para la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos; una iniciativa sobre capacitación obligatoria de derechos de niños, niñas y adolescentes, más conocida como “Ley Lucio”; un proyecto para flexibilizar la renovación del Certificado Único de Discapacidad; y una declaración de emergencia para Mendoza por el desastre en la producción agropecuaria provocado por heladas.
La reunión marchaba bien hasta que cerca de las 23 se tensó por el pedido del jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, de retirar un proyecto sobre igualdad y paridad en el deporte. Su moción resultó rechazada y, en ese momento, la bancada macrista comenzó a abandonar el recinto. Finalmente, la iniciativa se aprobó, junto a otra que propone la creación de protocolos en casos de violencia de género dentro de las asociaciones civiles deportivas. Más temprano se había votado la ampliación del Parque Nacional Aconquija, en Tucumán, y tratados internacionales. Pero uno de ellos había sido postergado para su tratamiento al final y justamente no se pudo aprobar porque con la retirada del Pro no alcanzaba el número, pues requería los dos tercios: era el proyecto para otorgar jerarquía constitucional a la Convención de Belém do Pará.
Dos semanas después se realizó lo que sería finalmente la última sesión del año, aunque para ese momento los diputados no lo imaginaban, porque incluso el Poder Ejecutivo ya había oficializado la prórroga de sesiones ordinarias y el oficialismo aspiraba a tener dos sesiones más en diciembre. Con otra abultada lista de temas que salieron por amplísima mayoría, la Cámara baja dio media sanción a un proyecto para reconocer en todo el territorio nacional la Lengua de Señas Argentina; la iniciativa de alcohol cero al volante; un proyecto para establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención ante casos de muerte perinatal; la ampliación del Programa de Protección Integral de Personas con Cardiopatías Congénitas; una modificación de la Ley de Residuos Peligrosos; un proyecto para establecer que el feriado del 17 de agosto sea inamovible; y un conjunto de transferencia de inmuebles.
Para el 1 de diciembre, el Frente de Todos convocó a un doblete de sesiones. La primera de ellas era la preparatoria, para la ratificación de autoridades, que inéditamente no tuvo quórum. El clima de tensión surgió a partir de la decisión de Cecilia Moreau de suspender las designaciones de los miembros del Consejo de la Magistratura, lo que detonó el enojo en Juntos por el Cambio y esa puja entre las principales bancadas generó la molestia de los denominados “bloques del medio”. Al oficialismo lo acompañaron únicamente cinco aliados, alcanzando 122 presentes, a siete del número necesario. Desde el estrado, Carlos Heller anunció que, acorde a lo establecido en el artículo 37 del reglamento de la Cámara, iban a continuar en sus cargos las mismas personas que se estaban desempeñando.
Un rato más tarde, pues el horario de la segunda convocatoria se fue prorrogando ante el tenso clima que se respiraba dentro del Parlamento, el oficialismo logró abrir la sesión especial para tratar la creación de ocho universidades nacionales, dos proyectos vinculados a la salud y acuerdos internacionales. Los 129 los alcanzó gracias al interbloque Provincias Unidas, la izquierda y el interbloque Federal, cuyos legisladores se retiraron del recinto cuando el escándalo se hizo mayor. Juntos por el Cambio había llegado en medio de gritos y reclamos reglamentarios, incluso durante la jura de Carolina Arricau en lugar de la massista Jimena López. Y el caos se terminó de desatar cuando la presidenta dijo que las cuestiones de privilegio se harían después y dio por iniciado el debate de las universidades. La entrerriana Blanca Osuna dio su discurso de todas maneras, pero el desmadre fue tal que terminó con escenas bochornosas y la reunión cayéndose por falta de quórum.
Tres semanas después, y sin acordar con la oposición, el oficialismo convocó el 21 de diciembre para retomar el temario que había quedado pendiente, además del plan de pago de deuda previsional y un proyecto sobre historias clínicas digitales. El Frente de Todos estaba confiado en contar para el quórum con un puñado de diputados de Evolución Radical, interesados en dos universidades nacionales. Sin embargo, minutos antes de la sesión se confirmó que no bajarían. El oficialismo había accedido también a incorporar la ley de alquileres -que Juntos por el Cambio reclamaba con fuerza-, pero eso solo vino como “anillo al dedo” para que se unifique la postura dentro de la principal oposición, que denunció además que los querían hacer caer en una “trampa”. Solo con la ayuda de cuatro aliados de Provincias Unidas y los cuatro legisladores del Frente de Izquierda, la bancada oficialista -con dos ausentes- pudo reunir 124 presentes. Por casi tres horas hubo expresiones en minoría y se cerró así el recinto de la Cámara de Diputados con un sabor más que amargo y dejando esa foto para el período venidero que, en medio de elecciones, se prevé complicado.
Fuente: Parlamentario y Directorio Legislativo