Ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley por el que se promueve que Entre Ríos se plegue a la Ley Nacional Nº 27.709, conocida como “Ley Lucio”, que tiene por objeto la prevención y detección temprana de situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de la capacitación de los funcionarios públicos, la actuación coordinada de los organismos intervinientes y la difusión de los indicadores de violencia y medios de denuncia eficaces para la protección, confirmó AIM.

El proyecto de Ley fue impulsado por la diputada Mariana Farfán. La iniciativa “tiene como objeto la adhesión de la provincia de Entre Ríos a los lineamientos de la Ley Nacional Nº 27.709, conocida como ‘Ley Lucio’, que genera mecanismos y herramientas para la protección de los derechos de la infancia y prevención contra las violencias de los niños, niñas y adolescentes”, fundamentó la legisladora.

La adhesión a la Ley “facilitará la realización de un protocolo de actuación conjunto para que nunca más haya una víctima por falta de comunicación, por no saber cómo actuar frente al caso concreto, y también para poder tasar la actuación de los intervinientes a fin de poder conocer la responsabilidad en los hechos concretos, como lo establece en sus lineamientos. Deberán abocarse a la tarea de poner al niño, niña y adolescente como centro y sujeto tutelado, e identificar las formas de vulneración de derechos y generar los mecanismos de actuación tanto en la detección como en la efectiva protección de dichos derechos”, explicó la legisladora.

En ese sentido, aseguró: “Es nuestro deber y responsabilidad legislar para que no haya más casos como el de Lucio en la Argentina”, remarcó la legisladora, quien agregó: “La Ley Lucio partió de un diagnóstico sobre que el sistema actual es errático y descoordinado y, lo más importante, no garantiza el pleno derecho de los niños, niñas y adolescentes. Busca así interpelar a todos los actores involucrados en la defensa de los niños, niñas y adolescentes, y otorgarle un marco legal para que las leyes existentes que garantizan sus derechos se cumplan efectivamente, sin dar lugar a discrecionalidades”.

Por su parte, la Ley propone el reconocimiento del derecho del niño, niña y adolescente a través de la posibilidad de denunciar de cualquier persona que tenga conocimientos de hechos de violencia. Al respecto, Farfán dijo que “si bien esta posibilidad se encontraría reconocida en las distintas normas que componen el plexo normativo, es importante dejar en claro que el juez debe tomar las denuncias que reciba, aun cuando se realicen sin las formalidades requeridas para una presentación judicial. Son varios los casos de familiares que han comentado que los jueces son reticentes a recibir información, reclamos o incluso denuncias formales de aquellas personas que no son los progenitores del niño, niña y adolescente, lo cual es un error ya que restringe, en definitiva, el acceso del niño, niña y adolescente a sus derechos conculcados. Además, restringe la posibilidad del juez de conocer todos los hechos relevantes de una causa para tomar la decisión que la prudencia de su puesto requiere”.

El caso de Lucio Dupuy
Cabe recordar que el caso de Lucio Dupuy “conmocionó a toda la Argentina, y en un momento de tanto dolor, su familia decidió transformar ese sufrimiento en acción, acompañando tal iniciativa legislativa en el Congreso de la Nación, para que nunca más un niño, niña o adolescente sea ignorado por el Estado. Lucio Dupuy tenía cinco años al momento de su fallecimiento, producto de su largo camino de tortura y desaprensión”, precisó la diputada, quien agregó: “Esto nos muestra una perversa combinación de la crueldad y el silencio cómplice por omisión o falta a la obligación legal médica, policial y judicial. El crimen de Lucio Dupuy puso en escena la violencia familiar, acoso o indiferencia de la que niños, niñas y adolescentes son víctimas cada día. También las situaciones de abuso que sufren principalmente por parte de personas de su entorno”.

Además, dijo que lo de Lucio “no es aislado y si bien destaca por la violencia de los hechos, la omisión del Estado y de la sociedad en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ya se había manifestado antes”, indicó Farfán, quien recordó el caso de Abigail en el 2014, “que fue asesinada por sus padres que la llevaron con tan solo 6 meses al hospital de la ciudad de Río Gallegos con heridas de gravedad que terminaron con su vida; y el caso de Salomón en Neuquén, de tan solo 2 años, asesinado por su padrastro el 6 de diciembre del 2021, quien sufrió varios golpes llegando ya sin vida al hospital Horacio Heller, donde se demostró que también fue agredido sexualmente. El Estado demostró en estos casos, representativos de la realidad actual, que no se estaban reconociendo y protegiendo de forma eficiente los derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, varios con jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22). Es que la misma Constitución Nacional, como diferentes normas internacionales, fijan obligaciones concretas de los Estados en favor de niños, niñas y adolescentes”.