Se constituyó el movimiento federal Derecho al tiempo Argentina, que impulsa la tipificación del abuso sexual como un delito de lesa humanidad. El grupo “está conformado para trabajar el derecho al tiempo y temáticas que involucran al abuso sexual como el inexistente y falso síndrome de alienación parental, los ataques a psicólogos que interviene en abusos sexuales contra la niñez (backlash)”, afirmó a AIM Carla Leconte, integrante de Así Basta. En el país, uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes son abusados por un familiar directo antes de los 18 años. La edad media de inicio del abuso es de 8 años.

El movimiento comenzó el 16 de febrero de 2021 con un asamblea en la que “se convocó a diferentes organizaciones de todo el país, impulsado por la fundadora de Aralma, Sonia Almada, quien trabaja en base a la problemática del abuso sexual”, contó a esta Agencia Leconte, quien precisó que “lo integran profesionales de organizaciones sociales, legisladores, legisladoras y personas a quienes les interesa la temática de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, rescatando los derechos de los niños, para que disfruten una infancia sana”

El derecho al tiempo “busca poner en valor la palabra”, ya que abuso sexual en la infancia “debe ser considerado un problema grave de salud pública en todos los países, estableciendo un tratamiento diferenciado en cuanto al tiempo y al tipo de eficiencia que es ofrecida a las personas que lo pasaron, es decir, a los sobrevivientes”.

“Es inaceptable que el delito del abuso sexual pueda prescribir porque algunos jueces consideran que con el paso del tiempo el delito prescribió, ya que acá hay que entender que hay personas que pasaron cosas en la niñez y les cuesta mucho hablar y cuando son adultos lo pueden denunciar pero no se investiga la causa porque está prescripta”, explicó la psicopedagoga.

En ese marco, destacó que se impulsa un proyecto de Ley que tiene por objeto establecer la imprescriptibilidad de las diferentes modalidades de abuso sexual en la infancia o la adolescencia previstos en el Código Penal, debiendo el Estado garantizar a las víctimas, independientemente de la edad que tengan al denunciar o solicitar asistencia, el abordaje integral adecuado al caso antes, durante y posterior al proceso judicial.

Además, detalló que la iniciativa de la diputada Lorena Matzen garantiza la información y asesoramiento; patrocinio legal gratuito; facilitación y acompañamiento; tratamiento psicológico y asistencia económica para los sobrevivientes.