A partir de la creación de un Sistema Argentino de Trazabilidad de los productos de la pesca y de la acuicultura con destino al mercado interno y de exportación, se buscaría garantizar el adecuado control de cumplimiento de las normas de procedencia, salubridad, seguridad, competencia y sostenibilidad del recurso pesquero, supo AIM.

El proyecto de ley, girado a las comisiones de Intereses Marítimos y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, se busca alcanzar las operaciones de captura, traslado, transporte, industrialización y comercialización de productos y subproductos de la pesca, sea marítima o continental, y de la acuicultura. La pesca de supervivencia queda excluida del presente régimen.

Se entiende por Trazabilidad la serie de procedimientos que posibilitan identificar y seguir el rastro en las etapas de captura, producción, transformación, distribución y comercialización final de una especie ictícola destinada a la producción de todo producto de origen ictícola.

En todas las etapas de la producción, la transformación, la distribución y la comercialización deberá asegurarse la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura.

En ese sentido, los operadores deberán poder identificar a cualquier persona humana o jurídica que les haya suministrado productos de la pesca o la acuicultura con destino a elaborar alimentos y a cualquier persona humana o jurídica a quienes les hayan suministrado sus productos.

Además, los productos de la pesca comercializados o con probabilidad de comercializarse deberán estar adecuadamente etiquetados o identificados para permitir su trazabilidad, desde la captura hasta el comercio minorista.

Asimismo, todos los operadores deberán registrarse ante la autoridad de aplicación. La registración implica la incorporación de cada operador al Sistema Argentino de Trazabilidad de la pesca y la acuicultura. La falta de registración impedirá el desarrollo legal de las actividades del operador de que se trate.

La norma establece sanciones, en las cuales se considerarán las circunstancias del caso, la participación directa, el beneficio obtenido, el resultado cierto o de riesgo objetivo de daño a la salud humana, la afectación del ambiente y los recursos naturales, así como las reincidencias. Constituyen infracciones al presente régimen la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones impuestas en esta ley a los operadores del Sistema Argentino de Trazabilidad, sean ellas de orden formal o sustancial.

Objeto del proyecto

El proyecto, al cual tuvo acceso AIM, tiene como objetivo fundamental establecer un sistema de control eficiente que posibilite conocer el origen de un producto pesquero y la información asociada al mismo en todas las etapas de su industrialización y comercialización, desde el momento de su captura hasta su adquisición por parte del consumidor final.

La trazabilidad de los productos permite garantizar la seguridad de los alimentos, la veracidad y confiabilidad de la información proporcionada a los consumidores y la explotación de los recursos de la pesquería en condiciones económicas, sociales y ambientales sostenibles. En esta línea es importante señalar la responsabilidad internacional de los países de contribuir a alcanzar una pesca sostenible, donde la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) constituye una de las principales preocupaciones a nivel global.

Precisamente la pesca INDNR –según la FAO- pone en peligro o directamente menoscaba el esfuerzo para conservar y ordenar las poblaciones de peces en todos los tipos de actividades pesqueras. Cuando existe esta pesca, los países pierden oportunidades en el plano social y económico, así como también ven perjudicado el ambiente y enfrentan riesgos de seguridad alimentaria en la medida que este tipo de pesca puede colapsar totalmente las pesquerías y las acciones destinadas a la reposición de las poblaciones de peces agotadas.

Esos impactos negativos sobre el ambiente, el recurso y la economía, son de corto y largo plazo. Es por ello que la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura, en la medida que implican un control de los operadores del sistema, contribuyen de manera indudable a obligar a dichos operadores a cumplir las normas vigentes en materia ambiental, de sanidad, laboral, de derechos humanos y de derechos del consumidor. De este modo, se garantiza también la competencia leal, cooperando en el saneamiento de un mercado que no puede ni debe tratar por igual a quienes cumplen las leyes y a quienes las violan.

Nuestro país cuenta con una de las pesquerías más importantes a nivel global, constituyendo un pilar fundamental del desarrollo regional, especialmente en Patagonia.

La actividad comprende dos segmentos esenciales: la extractiva o de captura y la de procesamiento del recurso en plantas procesadoras en tierra o en buques congeladores. La pesca de captura marítima constituye el 98% de la pesca argentina. A su vez, una parte sustancial de esas capturas y desembarcos se realizan en Patagonia. Las especies más relevantes en las capturas son la merluza (merlucci hubbsi), merluza de cola (macruronus magellanicus), langostino (pleoticus muelleri) y calamar (illex argentinensis).

El crecimiento en exportaciones ha sido sostenido desde 2009 a 2018, producto del aumento constante de la demanda. En el año 2018, el sector exportó 489.000 toneladas de productos por un valor de 2.148 millones de dólares. Por su parte,y en lo que respecta al mercado interno si bien el consumo mantiene índices bajos, se han intensificado las campañas destinadas a promover el consumo de pescados y mariscos como parte de una dieta más saludable. En esa inteligencia, resulta fundamental contar con una normativa que permita una correcta individualización del origen, recorrido y destino final del producto pesquero, la veracidad de datos y el cumplimiento de estándares internacionales de sanidad.

El proyecto establece la obligatoriedad de registro de todos los operadores del sistema y determina cuáles son los recaudos mínimos de información que debe contener cada producto.