En 2020, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) presentó por tercera vez en el Congreso nacional el proyecto de ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa que busca crear un Procrear Rural, para que las familias productoras puedan acceder a créditos blandos que les permitan comprar una vivienda digna y a una parcela donde producir alimentos.

El 70 por ciento de las familias que producen no son dueñas de sus tierras, esto les implica mayor costo para ellos y, en consecuencia, para el producto.

Con tierra propia, los pequeños productores pueden producir alimentos agroecológicos de calidad y a precios justos para el pueblo. Así, el proyecto de ley de Acceso a la Tierra, que impulsan desde la UTT, “no solo es una respuesta frente a las necesidades del sector, sino que también podría ser la solución para muchos de los problemas que hoy acarrea la industria agroalimentaria: hiperconcentración, especulación de precios, contaminación y trabajo informal o esclavo, y garantizar el acceso de todas las familias argentinas a una alimentación sana, segura y soberana”, expresaron a AIM desde la organización.
?
“La aprobación de la ley significaría un hecho histórico para la construcción de un nuevo modelo agroalimentario en la Argentina y el avance hacia la soberanía alimentaria”, agregaron.

Cabe recordar que el jueves 22 de octubre de 2020, la Unión presentó por tercera vez en el Congreso de la Nación el proyecto de ley.

Previamente, fue presentada en 2016 y en 2018, y acompañada por decenas de legisladores, entre ellos muchos funcionarios del actual gobierno como el ministro de Agricultura, Luis Basterra; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el canciller Felipe Solá; y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Según estiman, con un crédito del Banco Nación de 110 millones de dólares, unas 2000 familias podrían acceder a una hectárea propia con infraestructura productiva y vivienda digna. Solo con un tercio de lo que el Estado argentino le prestó a la empresa privada en quiebra Vicentín (U$300 millones), o con un cuatro por ciento de lo que el fisco recaudó por retenciones entre enero y agosto de 2020 ($233.200 millones), se podría dar una salida real a miles de familias productoras y sentar las bases de un nuevo modelo agroalimentario en la Argentina.