La ministra de Capital Humano de la nación, Sandra Pettovello, deberá dar explicaciones a la justicia por interrumpir el envío de partidas a los comedores populares. Desde las organizaciones sociales “lo que estamos haciendo es contener eso. Es sumamente importante que la discusión central sea que esto se tiene que resolver”, afirmó a AIM Belén Cislaghi, integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep).
“Creemos importantísimo que la ministra Pettovello pueda dar explicaciones concretas de cuáles han sido las medidas que ha adoptado la cartera que tiene a su cargo y, por sobre todo, la decisión central que ha adoptado el gobierno nacional de no hacer entrega de los alimentos a los comedores y merenderos, esto tiene que ser un paso más en la resolución real del conflicto que hay hoy en la Argentina: hay más de cuatro millones que hoy no tienen para comer”, señaló Cirlaghi a esta Agencia.
Enumeró que desde el gobierno nacional se tomaron medidas “como no realizar la entrega de alimentos a los comedores y merenderos; no realizar convenios pertinentes con las organizaciones que día a día sostenemos esta realidad totalmente deshumanizante; no tener canales de diálogo concretos con quienes resolvemos y contenemos esta realidad; el congelamiento y posterior fragmentación del programa que venía a discutir la valorización de un proceso de trabajo comunitario y de valorizar nuevamente el trabajo que desarrollan cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras de la economía popular a lo largo y ancho de toda la Argentina conteniendo y sosteniendo de forma integral en estos comedores, merenderos y espacios comunitarios”. Todas estas acciones “exponen a niveles de vulnerabilidad social, de estigmatización y que empujan diariamente a la soledad”.
Sobre el trabajo de las organizaciones sociales, Cirlaghi destacó: “lo que estamos haciendo es contener eso. Es sumamente importante que la discusión central sea que esto se tiene que resolver”.
Con respecto a la situación a nivel provincial, la referente social señaló: “Creíamos, entendemos y sostenemos no solo desde el diálogo, sino también en la organización comunitaria popular y sobre todo en la calle que esto tiene que ser un problema que se resuelva. La discusión en la provincia era que el proceso administrativo era lento, que por eso hoy no llegaban los alimentos, y que la ley que nosotros veníamos impulsando con la Mesa contra el Hambre iba a ser la aceleración del proceso administrativo: hoy la ley está y la comida en los comedores, espacios comunitarios y merenderos no: el plato de comida a nuestros pibes todavía no les llega y hay una decisión política detrás de esto”.
Concluyó señalando que desde las organizaciones sociales: “Venimos organizando los territorios, sosteniendo la realidad y conteniendo desde la organización comunitaria, solidaria con los vecinos, que muchas veces aportan desde los comercios, nuestras compañeras que sacan lo que tienen en sus propias alacenas para volcar a la olla para resolver el problema del barrio. Hay un incremento de 250 familias a pasar en una semana a 310 familias, es un problema que no solo se agudiza, sino que se va a seguir incrementando si no hay una resolución real al conflicto. Las organizaciones vamos a seguir conteniendo, sosteniendo y organizando esos territorios, construyendo comunidad, pero tiene que haber un Estado que se haga cargo, que tome decisiones centrales”.