Las resoluciones fueron aprobadas por los legisladores nacionales, en el marco de la reunión de la comisión que preside la diputada Carolina Gaillard, tras la lectura de los cargos contra el magistrado por irregularidades en el manejo de la obra social de los trabajadores judiciales. Además, convocaron a Robles y D´Alessandro por la investigación sobre la decisión de la Corte de beneficiar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) en la coparticipación, supo AIM.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avaló este jueves la resolución que establece citar al juez de la Corte Suprema Carlos Maqueda, para que responda en 10 días hábiles en forma personal o por escrito, las acusaciones de mal desempeño en sus funciones como supervisor de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

La citación a Maqueda fue aprobada en el marco de la reunión de la comisión que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos – Entre Ríos), tras la lectura de los cargos por irregularidades en el manejo de la Ospjn contra el magistrado, quien deberá concurrir de manera presencial el 6 de julio próximo o enviar un informe escrito dentro de 10 días hábiles.

La resolución había sido puesta a consideración de los legisladores, en el marco de la reunión de la comisión tras la lectura de los cargos contra el magistrado por irregularidades en el manejo de la obra social de los trabajadores judiciales.

Para el bloque oficialista, existen “suficientes pruebas de la participación del juez Maqueda respecto de las imputaciones de mal desempeño y posible comisión de delitos en el marco de las funciones de fiscalización de la gestión ejercidas”.

El pedido señala que dichas actuaciones se refieren “al período comprendido entre el 7 de abril del 2008 y el 31 de agosto del 2021 en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”.

“Vamos a clausurar, finalmente, lo que es la primera etapa que se llevó adelante sobre obra social en lo que nosotros hemos caratulado el período Macheda, que fue desde el 2008 hasta su efectiva renuncia a través de un correo electrónico el 31 de agosto del 2021”, explicó la diputada nacional Vanesa Silley previo al inicio del encuentro. “Obra social continúa y va a continuar siendo investigado. Hoy vamos a cursar esta notificación al juez Maqueda para que asista a informar como bien dice el artículo 13 del reglamento, que asista a informar a la Comisión de Juicio Político sobre estos cargos que le hemos formulado, donde la investigación arrojó no solamente irregularidades, deficiencias e incumplimientos legales y la posible comisión de delitos más que nada en lo que es la afectación a los damnificados y damnificadas que fueron los testigos que vinieron acá”.

Gaillard precisó en la reunión que a Maqueda “se le endilga mantener un sistema informático obsoleto que permitía la omisión en el deber de fiscalización, supervisión y control de gestión que tenía como supervisor de la obra social”.

También, la diputada del FDT informó que la comisión resolvió la conformación de una subcomisión para continuar analizando las irregularidades en la obra social de los trabajadores.

Gaillard hizo un racconto pormenorizado de los cargos a Maqueda, así como las causales por las que se inició el proceso en la Cámara de Diputados, entre ellos el fallo de la Corte Suprema en torno al 2x1, las irregularidades en la obra social de los judiciales y el fallo de coparticipación que benefició a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Tras someter a consideración la resolución para citar a Maqueda, la comisión comenzará a diseñar una agenda de reuniones para iniciar el análisis del fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación federal que benefició a la Caba.

El fallo por la coparticipación fue una de las principales causales que motivaron el inicio del proceso a la Corte que se sigue desde febrero en la Cámara baja.

El oficialismo buscará establecer una línea de tiempo entre la demanda que le inició el Gobierno porteño a la administración nacional y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fuentes parlamentarias adelantaron que el oficialismo sostendrá que la resolución judicial benefició al Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta luego de negociaciones entre el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y el Gobierno porteño a través de su asesor Silvio Robles.

Esa situación, recordaron, se dio a fines del año pasado, cuando los integrantes de la Corte Suprema firmaron una medida cautelar que ordenó a la gestión de Alberto Fernández que aumentase a 2,95 la coparticipación porteña.

En ese sentido, el oficialismo buscará sumar a esa situación los chats que se conocieron mediáticamente entre Robles y el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, que llevaron al FDT a iniciar el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte.

“Se va a analizar si hubo imparcialidad, si esa sentencia estuvo sesgada o no estuvo sesgada, si se incumplió la Ley de Ética, si se favoreció a una parte determinada en función de otra, y si queda clara la intencionalidad política del máximo tribunal del país de darle recursos a la ciudad más rica en detrimento del resto de las provincias argentinas”, detalló Silley.

Por este motivo, gobernadores y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, declararán el 27 de junio, mientras que para el 4 de julio fueron citados a declarar Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y el exfuncionario del gobierno de Caba Marcelo D´Alessandro.