La secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos Paraná, Susana Cogno, dijo a AIM que el Decreto 426 que “optimiza” y “unifica” los procedimientos establecidos para el control de licencias del personal docente y no docente “desconoce la realidad del departamento y la provincia y además complejiza el trámite que dice agilizar”, por lo que indicó que el gremio exigió la inmediata derogación.

El edicto del Ejecutivo enciende aun más el escenario del conflicto docente, ya que en vez de buscar soluciones el gobierno dispone herramientas coercitivas para lograr un acuerdo a la baja. Es que ahora Gustavo Bordet puso en marcha una normativa que da facultades al personal médico para emitir sanciones y le permite manejar el sistema de trámites administrativos con facultades plenipotenciarias.

“Particularmente modifica el Decreto 725 y gravemente comete un atropello que es reformar el Régimen Unificado de Licencias docentes (Decreto 5923)  firmado en acuerdo entre patronales y sindicatos”, dijo la dirigente a esta Agencia.

En ese sentido, precisó que el régimen de licencias “es un compendio de derechos que fue construido a lo largo de muchos años de debate y acuerdos colectivos, es decir, le pertenece genuinamente a los trabajadores y cualquier modificación del mismo constituye un avasallamiento, que además se hace público en la audiencia de conciliación, a la cual el gobierno concurrió sin ninguna propuesta salarial”.

Se menciona en los considerandos que se modifica el mecanismo de auditoria médica, plena de arbitrariedades y malos tratos para con los trabajadores revictimizados, además de la enfermedad y el destrato recurrente de un organismo que debería estar para solucionar problemas y no generarlos. Cuando se menciona al personal capacitado, expresa que el mismo tendrá como función evitar demoras en las citaciones, reconociendo que es la escasa capacidad de las gestiones políticas las que han generado demoras y conflictos.

“Cuando la gestión política habla de incorporar herramientas tecnológicas, nos permitimos dudar; la larga lista de promesas han terminado indefectiblemente en  reiterados fracasos, recordemos que cuando se instaló la carga administrativas de tramites en las escuelas, terminamos pagando los trabajadores internet y teléfono, recientemente los famosos relojes biométricos faciales”, apuntó Cogno.

En cuanto a la salud de los trabajadores, la dirigente sindical de la Rojo y Negro subrayó que “el malestar docente, genera enfermedades que los propios sistemas de protección no reconocen”.

Además, indicó que cuando se refieren a agentes de salud “a qué tipo de profesionales se están refiriendo; ¿son médicos  laboralistas o tienen otra formación? Este proyecto sigue repitiendo el absurdo del trámite personal, cuando el docente está enfermo se entiende que no puede ir hasta la localización de la junta”.

En ese marco, apuntó que la expresión de “’reserva  por parte de la autoridad médica  a corroborar la dolencia, ‘es una expresión tremenda, con el bajo salario de los docentes ir a ser asistidos medicamente a un centro de salud dependiente de la obra social o de los públicos implica gastos que en muchas ocasiones el trabajador no puede costear, sería conveniente que el docente denuncie la situación de enfermedad y el medico  lo asista en su domicilio para que sea atendido”.

Mención aparte indicó que merece la manera explícita en la que refiere a acortar los plazos de los largos tratamientos,  redacción que delata claramente la voluntad del convenio: “Es extremadamente contradictorio al mezclar y confundir los trámites del personal docente con el no docente, desconoce la realidad del departamento y la provincia,  además de que complejiza el trámite que dice agilizar”.

Por último la disposición del Ejecutivo “desconoce el trabajo la comisión de salud y trabajo docente que estaba abocada justamente a este trabajo y tiene como integrante a la vocal gremial”, remarcó la docente.