El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos cuestionó el proyecto de Ley de alquileres. La entidad expresó que el tratamiento respondería a una necesidad electoral. Para los empresarios “lo mejor es dejar la libre contratación entre las partes”.

Para este martes, el orden del día de la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados de la Nación incluye el proyecto que modifica la Ley de alquileres.

Cabe recordar que el 23 de agosto, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que reduce el plazo de los contratos de tres a dos años y establece que la actualización de los montos sea cada cuatro meses en base a un índice pactado entre las partes. Esa iniciativa no fue acompañada por el Senado nacional que, en la sesión realizada el 28 de septiembre aprobó otro articulado que mantiene el plazo de los contratos en tres años y establece que la actualización de los montos sea cada seis meses en base al índice de actualización el coeficiente Casa Propia, que elabora el Ministerio de Hábitat. En consecuencia, la Cámara de Diputados tendrá nuevamente la iniciativa para su tratamiento.

En ese marco, el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, como todas las organizaciones que representan a los corredores inmobiliarios matriculados, fue crítico de la legislación vigente desde el mismo momento de su aprobación en 2019 y 2020, e incluso antes de que se sancionara. En ese sentido, los empresarios dijeron que advirtieron “los perjuicios que ocasionaría y que, lamentablemente, la realidad de los últimos tres años confirmó”.

Al respecto, apuntaron: “Fuimos coherentes, mantuvimos la posición, pero al mismo tiempo debemos destacar la actitud que asumimos, haciendo llegar nuestros cuestionamientos siempre, con la intención de que esta realidad se modificara. Por eso nos sentamos tantas veces como fuimos convocados, a trasmitir el conocimiento y la experiencia del sector, con el ánimo de que quienes habían generado el problema pudieran revertilo”.

“Está claro que se trata de una problemática de largo plazo para la que, en los últimos meses, en un escenario electoral se buscan soluciones de urgencia, que no hacen más que generar una contracción en el corto plazo y un desestímulo a la construcción de unidades nuevas en el mediano y largo plazo, lo que agravará en un futuro la situación”, precisaron.

En ese sentido, apuntaron que la medida “tendrá un impacto negativo y confirmará la falta de planificación de políticas de Estado en lo que respecta a viviendas habitacionales”.

Para los corredores “lo mejor es tomar el debate con seriedad y responsabilidad. El intercambio con los legisladores muchas veces evidenció el poco conocimiento y la falta de interés por escuchar a quienes sí tenemos conocimiento específico y experiencia”.

“Seguimos creyendo que lo mejor es dejar la libre contratación entre las partes. Es erróneo sostener que el inquilino es la parte más débil; en ocasiones el que se siente indefenso frente al inquilino es el propietario”, aseguraron.