Hace exactamente cuatro años, el entonces presidente Alberto Fernández reglamentaba la Ley de Aborto en Argentina, establecida en el Decreto 516/2021, que regula la Ley 27.610. Esta norma establece el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención postaborto. Cómo fue su implementación y cómo es la defensa de un derecho en tiempos libertarios.

Hace cuatro años, en 2021, Alberto Fernández, el presidente de la Nación de este entonces, firma el decreto que promulga la Legalización del Aborto en Argentina, tras ser aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Nación.

La ley fue sancionada por el Senado el 30 de diciembre de 2020 y entró en vigencia el 24 de enero de 2021. Esta ley garantiza el derecho al aborto hasta la semana 14 de gestación.

Según pudo saber AIM, el Estado nacional no entregó tratamientos para abortos hasta el tercer trimestre de 2024. Se trata de una caída del 100 por ciento respecto al mismo período de 2023.

En febrero de 2024, la diputada Rocío Bonacci (La Libertad Avanza) presentó un proyecto para derogar la ley, aunque el vocero presidencial Manuel Adorni aclaró que no era impulsado por el Poder Ejecutivo.

En el marco del programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, el Estado debe distribuir los medicamentos necesarios para la interrupción legal del embarazo, como el misoprostol y la mifepristona.

El Centro de Datos de Chequeado, al que tuvo acceso AIM, realizó un análisis de la ejecución de las metas físicas (bienes y servicios) del Presupuesto Abierto que publica el Ministerio de Economía en forma trimestral.

De acuerdo con la información disponible a través de esta fuente, el programa mostró avances significativos entre 2022 y 2023, pasando de 70.293 a 106.737 tratamientos distribuidos (un incremento del 52 por ciento). Sin embargo, los registros hasta el tercer trimestre de 2024 exponen una situación crítica: la distribución de medicamentos para la interrupción voluntaria o legal del embarazo cayó a cero.

En la programación del presupuesto, el Gobierno nacional había proyectado la entrega de 100.400 tratamientos de interrupción voluntaria para los primeros 9 meses del año, pero no entregó ninguno.

El informe “Insistir y persistir: el panorama del aborto en Argentina”, publicado por el Cedes y la ONG Ibis Reproductive Health, señala que durante 2024 se produjeron cambios sustanciales en la política pública de salud sexual y reproductiva.

El informe indica que, ante la falta de distribución por parte de Nación, 14 provincias informaron haber iniciado procesos de compra de misoprostol o de tratamiento combinado (mifepristona y misoprostol) en distinto grado de avance. “La falta de planificación de este traspaso de responsabilidades y la poca flexibilidad del mercado de insumos para negociar precios han complicado aún más la situación”, agrega el informe.

Tras largos años de lucha y de un intento frustrado en 2018 que no logró torcer el rumbo de la Marea Verde, era sancionada la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El derecho al aborto se convertía en ley.

Sin embargo, aún contando con una Ley que garantiza el acceso al aborto en Argentina, la sociedad debe luchar por su implementación y resistir, ya que, día a día, en la era conservadora de Milei, el aborto es un derecho que se pone en duda así como los derechos de las mujeres en toda su diversidad.