La media sanción al proyecto de reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos provocó el rechazo por parte de organizaciones sociales y asociaciones judiciales. “Es un retroceso institucional sin dudas. Un avance institucional es otra cosa: si hubiéramos agregado mayor cantidad de delitos, avanzado en otros fueros como el Civil, integrado dentro del juicio por jurados los delitos de corrupción”, dijo a AIM Carla Cusimano, presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer).

Desde Vidaer “nos hemos opuesto, hemos estado en contra de la modificación; sí estamos de acuerdo en que el artículo 46, que refiere a la remuneración o retribución económica que se le hace a los jurados debía modificarse porque uno de los aspectos que ponían como fundamento para poder modificar era la erogación que significaba a parte de la modificación de la Ley de la Abogacía el año pasado, que aumentaba notablemente el monto del Jurista, unidad que también se tomaba para los jurados”, explicó Cusimano a esta Agencia.

Esa cuestión “se rebatió en su momento. Han pasado del Jurista al JUS, que tiene un valor muy inferior al que regular los honorarios de los abogados. Esta fue una propuesta, entre tantas otras, que se le hizo al poder Legislativo por parte de la Asociación Pensamiento Penal y el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía”.

Cusimano remarcó que: “Estas herramientas que se le brindaron a los legisladores en su momento, cuando se trató en comisión el proyecto, fue precisamente para que no modificaran el artículo 2, es decir, la competencia. Pero modificaron la competencia y también tomaron esto, pero no para no reducir la cantidad de delitos que son juzgados por juicio por jurados, sino que redujeron el costo pero también la competencia”.

La modificación en la competencia se debería a que “teóricamente tenemos una mora judicial, retraso en los juicios, entre otras cosas. Todo eso se rebatió y se les dio herramientas para que pudieran modificar, hacer más efectivo el sistema, sin tener que reducir la cantidad de delitos que ingresan al juicio por jurados. Es una cuestión casi caprichosa”, enfatizó la Presidenta de Vidaer.

“En esto, evidentemente, no hay independencia de Poderes; el poder Judicial, sobre todo aquella parte más elitista que llevó a este cuello de botella del que hablan para que haya una gran cantidad de juicios a realizarse para que termináramos en esta situación, no pusieron presupuestariamente lo que tenían que poner, en infraestructura no se invirtió para el juicio por jurados, no se crearon los cargos necesarios para que esto funcionara. Porque todo esto no se hizo, ellos son los artífices de esta situación que provocaron, y la única solución que propusieron fue reducir la cantidad de juicios por jurados”, analizó.

“El poder Judicial evidentemente sedujo al Ejecutivo y este ordenó al Legislativo que esto tenía que salir; incluso previo a que se hiciera cargo del Gobierno de la provincia, evidentemente esta posibilidad ya se estaba manejando”.

“Es un retroceso institucional sin dudas, aunque los legisladores que votaron a favor de este proyecto intenten hacernos creer lo contrario en la voz de la diputada Lena. Un avance institucional es otra cosa: si hubiéramos agregado mayor cantidad de delitos, avanzado en otros fueros como el Civil, integrado dentro del juicio por jurados los delitos de corrupción. Cuando se recortan derechos hay un retroceso; hay una vulneración al espíritu de la norma claramente porque se recorta”, concluyó Cusimano.