El proyecto para modificar la competencia de los jurados populares y limitarla a delitos cuyas penas posibles excedan los 20 años de prisión ha recibido cuestionamientos desde diferentes ámbitos. “Si hay otros pensamientos y proyectos alternativos a la problemática y no son ni siquiera tenidos en cuenta, quiero entender que entonces la orden directa del Gobernador es cercenar este derecho”, afirmó a AIM Carla Cusimano, presidenta de la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer).
“La reforma principal que pretenden hacer es sobre el artículo 2 de la Ley 10746 de Juicio por Jurado que es el que determina la competencia, cuáles son los delitos que deben ser juzgados por jurados populares”, explicó Cusimano a esta Agencia.
“Nuestra ley actual dice aquellos delitos que tengan una pena máxima en abstracto de 20 años o más; la reforma dice más de 20 años. Reduce muchísimo el espectro o ámbito de competencia del juicio por jurados”, advirtió.
Con la reforma que se pretende implementar “dejarían de entrar delitos como las tentativas o abusos sexuales, que son hoy la mayoría de los que son juzgados por jurados populares, reduciéndolos a una mínima expresión. Entendemos, al igual que el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (Aajj), el Instituto en lo Penal y Procesal Penal del Colegio de la Abogacía que los derechos nunca pueden cercenarse, sí pueden ampliarse”.
Cusimano recordó que “cuando entre julio y septiembre del año pasado se trató este tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Legislación General se habló incluso de la inconstitucionalidad de una ley así, porque básicamente es un derecho constitucional; estamos retrocediendo en un derecho que hemos adquirido en nuestra provincia desde hace cinco años”.
“Podríamos ampliarlo a otros delitos de menor cuantía de pena, o a otros ámbitos como el Civil y Comercial, pero no la reducción de un derecho. A más del 50 por ciento de las víctimas se nos está quitando el derecho de que nuestras causas se resuelvan a través de jurados populares. Los abusos son el 50 por ciento de las causas que llegan a un jurado popular”.
El año pasado “nos tomamos el tiempo de sentarnos y explicarles a los Diputados cuál es el sentido del juicio por jurados y de que todas aquellas cuestiones que ponían como fundamento para este proyecto de ley las echamos por tierra. Los costos del juicio por jurados puede ser solucionable, de hecho están modificando otro artículo en este proyecto que tienen que ver con la remuneración que reciben una vez cumplida su tarea; que hay muchos juicios que no pueden hacerse porque no hay espacio físico también fue echado por tierra, se les explicó cuando estaba el proyecto de esta ley en nuestra provincia se hizo un estudio de cuáles eran los recursos con los que se contaba y dentro de ellos hay salones que el mismo Superior Tribunal de Justicia (STJ) puso a disposición en ese momento y que hoy no están siendo utilizados”.
Además, informó Cusimano, el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, “les presentó un proyecto zanjando todas aquellas cuestiones que podían perfectamente ir por otro lado y no hacer esta modificación sobre la que hoy, después de algunos meses, vuelven a avanzar”.
Enfatizó la Presidenta de Vidaer: “Hay una especie de capricho o de otras cuestiones que tienen que ver con la presión política que ejerce la gente del Poder Judicial sobre el Ejecutivo. No nos oyeron, no es la primera vez que nos sentamos y perdemos el tiempo intentando que escuchen nuestras voces pero nada de lo que se les aporta es tomado en cuenta”.
“No han escuchado no solo las voces de las víctimas que somos parte central de este proceso, sino las de los profesionales, de otras organizaciones, de los abogados, no tomaron en cuenta proyectos alternativos. No solo les estamos diciendo no es por acá el camino, sino que además se les está mostrando cuál es una alternativa para solucionar aquellos problemas que ellos toman como fundamentos para generar este proyecto. Quieren hacer esta reforma porque lo que quieren es cercenar un derecho y devolverle gran parte de la potestad a la elite judicial que está en contra del juicio por jurados”.
Cusimano advirtió: “No tienen recursos, pero resulta que tampoco nos cuentan si dentro de todas las obras de infraestructura que están llevando a cabo, inclusive un edificio impresionante en calle Santa Fe, si tienen en cuenta alguna sala específica para los juicios por jurados. Tampoco nos cuentan por qué en cinco años que lleva la ley de sancionada y cuatro de puesta en práctica solo han creado dos cargos para lo que es la organización de los juicios por jurados”.
“Es descabellado lo que hace el poder Ejecutivo y lo que pretende hacer el oficialismo en la Cámara de Diputados”, enfatizó.
“Queremos creer que los proyectos alternativos que se presentaron y las conversaciones que tuvimos en la Comisión fueron elevados al Ejecutivo. Siempre manifesté que si hubiera sido Gobernador y me traen los números errados, en muchos casos, que le llevaron, yo también hubiera comprado esta modificación que pretenden hacerle a la ley. Si hay otros pensamientos y proyectos alternativos a la problemática y no son ni siquiera tenidos en cuenta, quiero entender que entonces la orden directa del Gobernador es cercenar este derecho”, concluyó.