Los abogados de Sergio Varisco, Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen, develaron a AIM sus sospechas sobre una oscura trama de espionaje que involucraría a la Policía Federal Argentina (PFA), la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), magistrados y medios de comunicación.  La compleja organización de espionaje y operaciones políticas habría sido maquinada por el Gobierno nacional de Cambiemos dirigida contra el intendente de Paraná para hacer un golpe destituyente.

 

A días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), los abogados defensores del intendente de Paraná, quien compite por su reelección, expusieron una tenebrosa trama de espionaje y operaciones políticas, mediáticas y judiciales, que involucra a agentes encubiertos, funcionarios de la PFA, la AFI, periodistas y deja un manto de sospecha sobre autoridades del Poder Judicial.

El objetivo de lo que definieron como el mayor escándalo de espionaje y operaciones políticas de Entre Ríos desde que volvió la democracia fue Varisco, a quien intentaron destituir, pero no lo lograron porque “es un animal que hace de la política su vida”, según Cullen.

Precisamente, los abogados denunciaron en la Justicia Federal maniobras en el marco de la causa elevada a juicio por delitos de narcotráfico, en la que advierten operaciones del falso abogado Marcelo D’Alessio y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con la PFA, AFI y medios de comunicación.

Habría una asociación ilícita que trabajaba en la PFA junto a la AFI y otros medios relativos a la seguridad del Gobierno nacional que estarían involucrados, consideró Cullen, quien cuestionó duramente el objetivo antidemocrático para bajar a Varisco y proteger e impulsar a Emanuel Gainza, actual precandidato a intendente por el PRO en Paraná.

 

¿En qué consiste la trama?

Todo estaría conectado con la red nacional de espionaje y operaciones que arrastra al gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la investigación que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla.

Precisamente, los hechos en Paraná -como espejo de lo que ocurre en el resto del país- revisten de “una gravedad inconmensurable y exorbitante, ya que su existencia real significaría la intromisión lisa y llana de la AFI en un proceso penal que transitó por el Juzgado Federal de Paraná y que hoy arribó ante ese tribunal a fin de llevar adelante el juicio oral y público”.

Pagliotto y Cullen se remitieron a extractos del expediente que lleva Ramos Padilla y citan una conversación que mantuvieron D’Alessio y Pedro Etchebest en febrero, en el que D’Alessio expresó (en una de las tantas llamadas interceptadas por orden judicial) que viajaría a Paraná a hacer una operación de droga y contextualizaron: “Hay que destacar –detalle no menor, menos aún en tramas atravesadas por operaciones de prensa de baja estofa y entrecruzadas con espionaje de actuales o ex servicios de inteligencia– que no existe en Paraná, ni siquiera en Entre Ríos, ninguna causa vinculada al narcotráfico con intereses políticos partidarios en juego y con una relevancia social única y tan extendida nacionalmente, que no sea la que vincula al actual intendente”.

Además, criticaron Bullrich quien salió “muy duramente a criticar a Sergio Varisco, destacando el ejemplar manejo de los efectivos de la Policía Federal Argentina a cargo de las pesquisas y del propio juez federal actuante”, protegiendo a Emanuel Gainza, quien también era investigado y habría sido limpiado de la operación.

También, cuestionaron las operaciones de prensa, sobre todo nacionales: “Amplísima y constante difusión que esta causa denominada ‘narcomunicipio’ ha tenido desde medios de enorme envergadura como Clarín, La Nación, Infobae, programas centrales de TN, América y Radio Mitre, todos ellos con inmejorables relaciones y vínculos con el gobierno nacional y, muy especialmente, con algunos de los funcionarios más destacados del ámbito federal”.

Por otro lado, los abogados develaron que el 3 de mayo pasado, un día antes de la visita a esta capital del entonces ministro de Trabajo, Jorge Triacca, un hombre que se conducía en un automóvil Bora color gris fue visto en dependencias de la PFA y en reuniones en las que participó el entonces funcionario luego de haberse apersonado en el domicilio de Griselda Bordeira, entonces funcionaria de Varisco, hoy detenida en la unidad penal en el marco de la misma causa. Ese hombre se apersonó como cartero de la empresa Oca “mentando traer algo para entregar a ella, preguntando antes si allí moraba la aludida persona. Y que luego, al haber sido descubierto como un impostor y mantener un intercambio acalorado de palabras con Bordeira, se dio a la fuga, hecho que fue presenciado por vecinos de esa manzana”.

A estos acontecimientos, se suman las inconsecuencias de los informes de la PFA, que intentaban demostrar una conexión permanentemente entre los imputados centrales de la causa de narcotráfico con el municipio o con Varisco.

En ese sentido, detallaron que la PFA afirmó que una de las involucradas en la causa estaba en la Casa del Partido de la Unión Cívica Radical (UCR), cunado la dirección exacta era la escuela Sarmiento: “A partir de ahí vimos que cada una de las cuestiones que informaba la Policía estaba sospechosamente enderezada a vincular al partido radical, a la figura de Sergio Varisco y a los funcionarios municipales”.

También criticaron los informes económicos de los “expertos” que trabajaron para la justicia de la Universidad de Buenos Aires, ya que advirtieron que no se contemplaron los aportes remunerativos y bonificables de los empelados del Estado, que se contraponen con los datos ratificado por contadores públicos nacionales reconocidos académicamente en la provincia.

Asimismo, criticaron la filtración de información de la causa “bajo secreto de sumario”, aunque no quisieron advertir quiénes son los medios y periodistas locales que fueron funcionales a la PFA y a la justicia en el golpe mediático.