Por Ignacio Vila, especial para AIM. La modificación de la Ley 7722 de la provincia de Mendoza generó una pueblada cuyana: Los mendocinos cortaron rutas, marcharon y se expresaron de todas las maneras posibles para repudiar la modificación legislativa. La modificación de la ley fue votada por una amplia mayoría el pasado 20 de diciembre: en la Cámara de Senadores el proyecto de modificación obtuvo 28 votos a favor y siete en contra; y en la Cámara de Diputados, por 36 votos positivos, 11 negativos y una abstención. El contraste entre la postura de la clase política y la ciudadanía es muy claro y nos trae a la escena una vieja y siempre vigente pregunta: ¿cuál debe ser la prioridad, el desarrollo económico o el cuidado del medio ambiente?

El artículo uno de la Ley 7722, previo a la modificación de esta semana, aseguraba que el objeto de la Ley era “garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”. Tras la modificación aprobada en el día de ayer, se permiten el uso de mezclas o disoluciones de sustancias químicas, el cianuro y ácido sulfúrico.

Los estudios financiados por las empresas mineras garantizan que el uso de estos materiales se hará en condiciones controladas y que de ninguna manera afectarán el agua mendocina. Sin embargo, el pueblo mendocino, claro está, no cree en estos informes que han sido comprados y financiados por los propios interesados en la modificación de la norma.

El alto índice de desempleo y sus consecuentes penurias, la necesidad de divisas y una mirada sobre el desarrollo económico antigua ayudan a entender el porqué de la modificación legislativa. Los cantos de sirena de las empresas mineras prometen empleo, desarrollo y divisas, y aseguran que agregarle cianuro al agua no generará daño alguno. Y que, en todo caso, se trataría de una externalidad negativa producto del desarrollo. En la web oficial del gobierno de Mendoza se puede leer que “se estima que la actividad pueda generar 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de seis de los proyectos principales y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta” y que “de esto modo, se posibilita no solo la diversificación de la matriz productiva, sino que además se reactivará una actividad que moverá en la provincia recursos por alrededor de 349.234 millones de dólares (valor bruto del mineral), bajo estrictos controles que garantizan la protección del agua y del medio ambiente”(1).

Pero, en América Latina, la experiencia histórica ha mostrado otra cosa: las empresas mineras han generado fuertes daños ambientales, han abandonado pueblos enteros a su suerte una vez seca la mina y han ofrecido empleo de mala calidad y con altísimo riesgo para la salud. ¿Sería esta vez una historia diferente? La respuesta es clara: No.

Es necesario y urgente comprender que nuestro país necesita divisas, desarrollo, inversiones, generación de empleo y oportunidades, pero no a cambio de nuestros recursos naturales, no a costa de la vida. Peor aún, menos a costa del agua en una provincia con históricos problemas de escasez. El campo popular debe volver a poner a la problemática ambiental en el centro de la escena. Posiblemente, haya sido Juan Domingo Perón uno de los últimos dirigentes de peso dentro de la clase política realmente preocupado por la cuestión ambiental. En ese marco aseguraba que: “El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado” y anticipaba que “si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, sólo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas”. En el mismo sentido, agregaba que los argentinos “debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología a donde rige la economía de mercado” (2).

La modificación de la Ley 7722 – que ya había sido impulsada por el ex gobernador de Cambiemos Alfredo Cornejo – generó un fuerte rechazo en la provincia de Mendoza, pero también tuvo eco en el resto del país debido a la multitudinaria manifestación de más de 50 mil personas que se llevó adelante y que culminó frente a la Casa de Gobierno de la provincia.

Ante esta situación, la respuesta del recientemente asumido gobernador radical, Rodolfo Suárez, fue una cruenta represión con gases y balas de goma.

Desde el Frente de Todos y el Partido Justicialista de la provincia repudiaron la represión y se despegaron de la decisión del gobernador y de quienes, incluso del propio partido, votaron a favor de la modificación de la Ley.

Guillermo Carmona, presidente del PJ de Mendoza y ex diputado nacional, expresó: “Pido a todos mis compañeros, militantes y dirigentes del PJ Mendoza y del Frente de Todos que condenemos la represión por parte del gobierno de Suarez a quienes se manifiestan ante la Casa de Gobierno. Pasaron la raya, cualquier silencio será complicidad. Insto al gobernador a ordenar que cese la represión contra los manifestantes que se encuentran frente a la Casa de Gobierno de Mendoza. Le reitero el pedido de que no promulgue la reforma a ley 7722 y convoque a espacios de diálogo como lo pide el Arzobispo Colombo.”

Por su parte, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, aseguró: “Uno de los límites que planteé claramente es que se deje que la gente se exprese y se los escuche. Si el Gobernador elige el camino de la represión, estaré siempre en la vereda opuesta. Siempre iré por el diálogo, la razonabilidad y los consensos. El clima social merece dirigentes a la altura de las circunstancias. Gobernador sea responsable”.

Ante este marco de situación, no hay dudas de que en la nueva Argentina que debemos construir entre todos, como asegura Alberto Fernández, deberemos alejarnos de esa histórica y vieja dicotomía entre desarrollo económico y medio ambiente: Es necesario desarrollar nuestra economía protegiendo y multiplicando nuestros recursos naturales y la biodiversidad.

Necesitamos nuevos modelos de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que, al mismo tiempo que den prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano, racionen el consumo de recursos naturales y disminuyan al mínimo posible la contaminación ambiental. Volvamos al camino del desarrollo en el cual la centralidad la ocupa el ser humano y no el capital.

(1) http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-reactivacion-de-la-mineria-movera-recursos-por-alrededor-de-349-234-millones-de-dolares/

(2) Juan Domingo Perón, mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo. Madrid, 21 de febrero de 1972.