El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Rívolo investigan presuntas irregularidades cometidas en la concesión de 87.555 planes del programa Potenciar Trabajo que administra el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz. En Entre Ríos, las bajas fueron de 148.

Esos planes estatales que hasta ahora pertenecían a beneficiarios “fantasmas”, fueron dados de baja por Tolosa Paz por no haber haber cumplido el proceso de validación de datos tal como dispuso a través de una resolución. Acorde a la información oficial, estaban bajo la dependencia de gobernaciones, ministerios, municipalidades, cooperativas, mutuales y federaciones de movimientos sociales. Ante una pregunta puntual de Infobae, se reconoció en el Gobierno que el supuesto fraude alcanzaría una cifra cercana a los 3.699.724.080 pesos mensuales. Anualizado, la cifra asciende a 44.396.688.960 pesos si se hubieran seguido pagando durante los restantes meses de 2023.

Según los arquitectos consultados del ministerio de Obras Públicas de la Nación, con el dinero que se evitó derivar de manera presuntamente irregular, se podría construir por ejemplo, unas 300 viviendas mensuales de entre 50 y 78 metros cuadradas similares a las que se construyen para el programa Procrear. Es decir 3.600 casas en un año.

El monto que percibe cada beneficiario del Potenciar por realizar 20 horas de tareas semanales en las las Unidades de Gestión es, a valor actualizado, 42.256 pesos.

De la documentación oficial a la que accedió Infobae se desprende que Victoria Tolosa Paz dio bajas a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo en la totalidad de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

En total fueron 6.144 las personas que no pudieron justificar su pertenencia a una Unidad de Gestión. De no haber sido detectada el Gobierno seguiría destinando 259.620.864 pesos mensuales; a supuestos beneficiarios que no validaron su pertenencia al plan. El proceso de validación de datos fue dispuesto por la Resolución “2022-2035-APN-MDS” a los pocos días de haber reemplazado a Juan Zabaleta. El intendente de Hurlingham había organizado una auditoría presencial en las Unidades de Gestión que, en palabras de Tolosa Paz, “podría haber demorado años”.

Según la página oficial de la cartera social: “Las Unidades de Gestión o Certificación son las responsables de certificar la participación de los inscriptos en el Programa Potenciar Trabajo y verificar el cumplimiento de la contraprestación obligatoria”.

La contraprestación obligatoria para los beneficiarios del programa que está bajo el área de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita, puede ser cualquier actividad de la economía social y popular, enmarcada en: proyectos socio-productivos; proyectos socio-laborales o socio-comunitarios y terminalidad educativa.

El ranking de las provincias con mayor cantidad de bajas del Potenciar Trabajo lo encabeza la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, con 1.179 bajas; le sigue Santa Fe administrada por Omar Perotti (684); y Jujuy a cargo del opositor Gerardo Morales (570). Luego, se encuentran Tucumán la provincia gobernada por Osvaldo Jaldo (525); y Chaco, al frente del ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, donde las bajas fueron de 454. Le sigue Misiones, el distrito conducido por Oscar Herrera Ahuad con 437 beneficiarios que no pudieron justificar su pertenencia al Potenciar Trabajo. En Santa Cruz, la provincia comandada por Alicia Kirchner, las bajas fueron 392

En San Juan, a cargo de Sergio Uñac, las bajas fueron 229. La provincia de Ríos Negro, conducida por la docente Arabela Marisa Carreras es la última con una cifra superior a doscientas personas que no validaron su identidad.

El resto, tal como se aprecia en la infografía elaborada por este medio en base a documentación judicial, están por debajo de esa cifra. Son las provincias de Salta, que administrada por Gustavo Sáenz, tuvo 190 bajas “fantasmas” del Potenciar Trabajo. Le sigue Caba, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, con 167 bajas; en Córdoba, la provincia gobernada por Juan Schiaretti, Desarrollo Social detectó la no validación de 161 personas. En Entre Ríos, la provincia comandada por Gustavo Bordet, las bajas fueron de 148; Santiago del Estero, al frente de Gerardo Zamora, fueron dados de baja 138 beneficiarios; otras 129 presuntas irregularidades fueron descubiertas en Corrientes y 106 en Catamarca.

Las diez provincias que restan, tuvieron bajas menores a los 100 beneficiarios. Son los casos de Mendoza (96); la Rioja (95); Chubut (79); Formosa (69); San Luis (44); Neuquén (26); La Pampa (15) y Tierra del Fuego (14).

El caso
La causa judicial que investiga el juez Lijo y el fiscal Rívolo se inició por una denuncia penal del fiscal federal Guillermo Marijuan catalizada en base a una publicación de este medio que revelaba que un informe de la Afip -solicitado por el ex ministro Zabaleta- habría detectado incompatibilidad en el cobro de 253.184 beneficiarios del Potenciar Trabajo. Entre ellos, había fallecidos, personas con más de dos propiedades y hasta quienes habían comprado dólares.

Durante su investigación preliminar, Marijuan le tomó declaración testimonial a varios funcionarios nacionales, entre ellos, a Carlos Castagneto, el titular de la Afip. Fue él quien confirmó que el Ministerio de Desarrollo Social tiene la potestad de dar de baja a los beneficiarios que no cumplen con los requisitos del plan. Por esa razón, solicitó investigar a la ex diputada y a Emilio Pérsico, quien está a cargo del Potenciar Trabajo. En orden cronológico, esa cartera estuvo a cargo de Daniel Arroyo -el fundador del plan-; Juan “Juanchi” Zavaleta; y Victoria Tolosa Paz, quien asumió el 13 de octubre de 2020 y aportó los datos a requerimiento del magistrado.