La Cámara de Diputados aprobó con fuerza de Ley la declaración de interés público en la provincia de Entre Ríos la adopción de las buenas prácticas en materia de fitosanitarios. El texto quedó a disposición del Poder Ejecutivo para su promulgación, registró AIM.
En la primera sesión de prórroga, con la presencia de ambientalistas y productores en el recinto, la Cámara Baja sancionó la Ley de buenas prácticas de fitosanitarios. La norma no fue votada por unanimidad, ya que el bloque de Más para Entre Ríos no la apoyó en su totalidad.
La presidenta del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, informó que se votó dividido, “porque las modificaciones que se hicieron en el Senado son de forma y no de fondo, por lo que no resolvieron las observaciones que se hicieron”. Por su parte, la diputada Stefanía Cora, subrayó que los cambios de la Cámara Alta “no hacen a una mejora sustancial del proyecto”, y agregó que “muchas voces no fueron escuchadas en comisiones y muchos profesionales con papers tampoco fueron tenidos en cuenta”.
De qué se trata la Ley
La norma, que deberá ser promulgada y publicada por el gobernador Rogelio Frigerio, “trata sobre las buenas prácticas en materia de fitosanitarios, a los fines de garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, de proteger y conservar la salud, de gozar de un ambiente sano y equilibrado y de favorecer una producción agrícola que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible”.
En ese marco, se define como buenas prácticas de fitosanitarios “al conjunto armónico de conocimientos, técnicas y prácticas aplicables en materia fitosanitaria, tendientes a asegurar que los productos fitosanitarios puedan expresar su máxima capacidad para los que fueron concebido, asegurando su calidad e inocuidad, la protección del ambiente y de las personas humanas en general”.
Para la aplicación de la norma se creó el Consejo Asesor de Fitosanitarios que asesorará la autoridad de aplicación y a los poderes públicos. Por otro lado, crea un Fondo Fitosanitario Entrerriano, para atender al cumplimiento de la Ley.
Asimismo, pone en marcha un sistema de Registros digitales y públicos para la incripción de importadores, vendedores y aplicadores de fitosanitarios.