La Cámara Baja dio media sanción hoy a la adhesión de Entre Ríos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) y la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Nuevas Inversiones (Rini), registró AIM. También, se aprobó el blanqueo de capitales, según la Ley nacional 27.743.

La sesión fue atípica. Al recinto asistieron integrantes de la Coordinadora provincial contra el Rigi, quienes realizaron cánticos en los que advertían: “Diputados, diputados, no se los décimos más; si aprueban el Rigi, que quilombo se va armar”. Las constantes intervenciones, generaron incomodidad, ya que acusaron a los diputados radicales y socialistas de ser “menemistas”, “asesinos” y “lobistas de las multinacionales”, pero la tensión no logró frenar la ajustada aprobación del texto del Poder Ejecutivo , que pasó al Senado en revisión.

Al defensa por parte del oficialismo, la realizó el presidente de la comisión Hacienda, Presupuesto y Cuentas, Bruno Sarubi, quien argumentó que “hay que dar seguridad jurídica a las empresas para que inviertan y hay que seducirlas para que se instalen y generen puestos de trabajo”.

En ese marco, el legislador aclaró que la norma no atentaría contra el medio ambiente, ya que hay Leyes que regulan la actividad, y fustigó a los activistas: “Muchas veces es muy fácil gritar desde la tribuna porque nunca tuvieron la responsabilidad de gobernar”.

“Es hora que comencemos a construir una Argentina que nos incluya a todos y trabajemos en conjunto. Hoy estamos haciendo una transformación en el Estado y en la provincia de Entre Ríos y, en conjunto, el sector privado y público vamos a lograr hacerlo”, afirmó el diputado.

El peronismo no acompañó el Rigi
El diputado Juan José Bahillo explicó que el bloque Unión Por la Patria-Creer se opuso a la adhesión al Rigi “porque este tipo de regímenes, que se aprobó nacionalmente y la provincia quiere adherir, no tienen los beneficios extraordinarios que se dicen”.

En ese sentido, apuntó que “nunca se vio un régimen con tantas prerrogativas a 30 años” y precisó que no obligará a las empresas a generar empleo, no implicará mayores ingresos fiscales, no hay posibilidad de generar valor, se primariza la economía y no habrá desarrollo de la tecnología.

Al respecto, el ex ministro nacional destacó: “No vemos la ganancia de traer inversiones si esas ganancias no se traducen en el bienestar de la sociedad” e indicó que los beneficios fiscales deberían ser para los empresarios locales, que ya desarrollan sus actividades en el país.

Párrafo aparte dedicó a la situación ambiental y advirtió que el tema del agua “es picante, ya que la norma contempla que si hay escasez la prioridad la tengan las empresas por sobre la población y eso no existe en ningún país”.

Blanqueo de capitales
Por otro lado, sin debate, se dio media sanción a la adhesión de la provincia al Título II, Artículos 18° a 44°, de la Ley nacional 27.743, "estableciendo que los sujetos que declaren de manera voluntaria la tenencia de moneda nacional, extranjera, muebles, inmuebles y demás bienes o activos en el país y en el exterior accederán a beneficios".

Con ese principio, quienes blanqueen capitales "quedarán exceptuados del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos y cuanto otro impuesto provincial correspondiera según el caso, por los ingresos y bienes que hubieran omitido declarar, en las condiciones que se establecen, por los períodos fiscales no prescriptos a la fecha de publicación de la Ley".