La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que actualiza la Ley de ejecución de penas y medidas de seguridad provincial, registró AIM. El texto limita la discrecionalidad de los jueces a la hora de definir medidas de libertad a los reclusos. “Respondemos a una demanda de la sociedad ante hechos tan complejos como estos”, destacó el presidente de la Comisión de Legislación General, Diego Lara.[{adj:9242 alignright}]

Este martes, en la décima sesión ordinaria del 139º período legislativo, los diputados aprobaron el proyecto por el que se reforma la Ley de ejecución de penas y medidas de seguridad. La iniciativa del Ejecutivo fue defendida por el presidente de la comisión de Legislación General,  quien explicó que el texto tiene tres partes. La primera,  apunta a la adhesión a las Leyes nacionales de Derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, y la de Ejecución de penas privativas de la libertad. El segundo punto se refiere a los aspectos organizativos, entre los que se destaca la creación de un nuevo juzgado que estaría ubicado en Concordia. Cabe destacar que, según establece el texto original de la iniciativa, cada juzgado estará integrado por un equipo interdisciplinario compuesto por un médico clínico, un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social y un terapista ocupacional.

Finalmente, el tercer punto del proyecto pretende modificar el procedimiento de ejecuciones penales y, como importante, apunta a limitar la facultad del juez de para resolver sobre las solicitudes de salidas anticipadas o medidas liberatorias.

Fundamentos concretos

En relación a la limitación de facultades a los jueces que impulsa el proyecto, Lara cuestionó “hasta qué medida el juez tiene que atender a el dictamen que formula el cuerpo interdisciplinario”, en relación con los profesionales que evalúan la aptitud de un recluso para obtener beneficios.  Al respecto, detalló que la concesión del beneficio “se adoptará mediante resolución fundada del juez, previo informe favorable del equipo técnico del juzgado o del equipo interdisciplinario”.

“En nuestra provincia, conocido es lo que ocurrió hace más de un año cuando se dio, lamentablemente, el asesinato de Micaela García, que desató una conmoción social en todo el país y abrió una discusión referida a esta cuestión de hasta dónde llega la discrecionalidad de los jueces de ejecución penal para disponer estas salidas anticipadas. Porque alguien debe hacerse cargo de las consecuencias”, fundamentó.

En este sentido, recordó al juez Carlos Rossi, quien liberó al asesino de Micaela García y fue absuelto por un Jury de Enjuiciamiento: “En la provincia ocurrió lo peor; un condenado a nueve años de prisión (después de haber cometido dos violaciones), y el sistema comenzó fallando desde el inició porque hubo un acuerdo y aprobación del Fiscal para que se le asigne una pena tan reducida, por lo que permitió que solicite una libertad condicional. Y un juez, Rossi, sin atender los dictámenes del servicio penitenciario y del propio juzgado del que es titular, por los que no era conveniente otorgar el beneficio”, destacó.

Consenso

Por su parte, el diputado de Cambiemos Esteban Vitor resaltó el tratamiento del proyecto de Ley y agregó: "Es un adelanto este proyecto de Ley. Se mejoró muchísimo tanto en la distribución territorial, juzgados y el procedimiento", destacó.

El legislador también se refirió al caso Micaela García, "para que nunca más suceda lo que le pasó. No podemos decir o echarle la culpa al sistema. Alguien se tiene que hacer responsable".