Desde la CC-ARI solicitaron que el ministro informe sobre las acciones llevadas a cabo durante su gestión y que fundamente la presunta responsabilidad de los productores en el inicio de las llamas; también proponen derogar la modificación de Ley de Manejo del Fuego porque “no establece ninguna herramienta real para combatir el flagelo que implican hoy los incendios en nuestro país”.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de resolución en el que solicitan que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, concurra a la Cámara Baja para ser interpelado, con el objetivo de que “brinde explicaciones en relación a las acciones adoptadas respecto de la mitigación de los graves focos de incendio que vienen azotando distintos puntos del nuestro país y que están causando una catástrofe productiva y ambiental sin precedentes, en particular, en la provincia de Corrientes”. También buscan derogar la modificación de Ley de Manejo del Fuego que fue impulsada por el diputado Máximo Kirchner y una ley de beneficios fiscales.

"Citar al Sr. Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sr. Juan Cabandié, conforme la facultad conferida por el artículo 71 de la Constitución Nacional y lo dispuesto en el artículo 204 del Reglamento de la H. Cámara de Diputados, a efectos de que brinde la información y dé las explicaciones correspondientes respecto de las acciones adoptadas en relación a la mitigación de los graves focos de incendio que vienen azotando distintos puntos de nuestro país, y que en muchos casos siguen activos, causando una catástrofe productiva y ambiental sin precedentes", comienza el comunicado que firmaron los diputados nacionales de la Coalición Cívica.

En los fundamentos del proyecto de resolución se plantea que “se debe considerar que a fines del año pasado la ayuda del Ministerio se demoró en exceso ante los pedidos de ayuda que se hicieron en la zona de Río Manso, provincia de Río Negro, y que, nuevamente este año ocurrió que la ayuda del Gobierno nacional en Corrientes llegó nueve días después del pedido formal realizado por el ministro de Producción de la provincia, el 28 de enero”.

“Estos fenómenos extremos son en parte causados y/o agravados por las consecuencias del cambio climático, pero podrían también ser iniciados por el ser humano, una cuestión que la Justicia debería resolver en cada caso y que de ninguna manera puede ser objeto de especulación y uso político o ideológico por parte de las autoridades. Especialmente teniendo en cuenta que luego de la sanción de la Ley 27.604 en 2020, el argumento falso de que un productor incendiaría su propia tierra para forzar un uso de suelo, carece de cualquier tipo de sustento, ya que esta norma prohíbe estos cambios en caso de incendios por un extenso período de tiempo. Pese a esto, escuchamos recientemente al ministro de Ambiente, en declaraciones radiales, insinuar que la responsabilidad de estos incendios era de los productores agropecuarios”, agregan los diputados de la CC.

Los que pusieron la rúbrica fueron Mariana Zuvic, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Mariana Stilman, Carolina Castets, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Leonor Martínez Villada y Rubén Manzi. Ellos elaboraron una serie de 12 requerimientos que debe cumplir Cabandié en caso de presentarse ante el Congreso

“Le solicitamos al ministro de Ambiente que nos brinde precisiones acerca de las contrataciones realizadas y los planes que tiene el Ministerio para el robustecimiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, en especial, dada la situación catastrófica que han venido atravesando distintas provincias de nuestro país en los últimos meses, y en la que no se ha evidenciado una gestión ágil y responsable de estos recursos. Es preciso, entonces, conocer el detalle de cómo han sido ejecutado dichos fondos, a través de qué instrumentos, con qué tipo de planificación y con qué nivel de precios”, estipularon.

Los diputados de la CC proponen, además, la derogación de la Ley 27.604, sancionada en diciembre de 2020 para modificar de la 26.815, de Manejo de Fuego debido a que “tiene como único objetivo sancionar injustamente, obviando a su paso, garantías constitucionales y generando peligrosos antecedentes regresivos en materia de protección ambiental”.