La Cámara Baja aprobó hoy el proyecto de Ley de Ministerios. La iniciativa logró el acompañamiento en el hemiciclo de la oposición, que cuestionó el tratamiento exprés, la discrecionalidad del Ejecutivo para crear áreas y la utilización de conceptos que no se corresponden con tratados internacionales y políticas de Estado que se desplegaron en los últimos años, registró AIM. El texto pasó en revisión al Senado, que lo tratará este miércoles en sesión especial.

En la primera sesión de prórroga y última del año, el oficialismo logró el apoyo de legisladores del justicialismo y de la Libertad Avanza para que avance sobre tablas la reforma de la Ley de Ministerios, que cambiará la estructura gubernamental en función de las pautas delineadas por Rogelio Frigerio y su equipo.

La defensa del proyecto la realizó el presidente del bloque de Juntos por Entre Ríos, Fabián Rogel, quien afirmó a AIM que “el gobernador de la provincia (como es estilo, forma y costumbre en estos 40 años de continuidad democrática) envió, después de la voluntad popular expresada en las urnas, lo que corresponde sobre el funcionamiento del Estado: la Ley de Ministerios”.

En ese sentido, destacó que “el gobernador cumple con la pauta de disminución de los costos de la política, logrando un igual funcionamiento”, por lo que se reduce de diez a siete ministerios: Gobierno y Trabajo; Infraestructura y Servicios; Hacienda y Finanzas; Salud; Desarrollo Humano; Desarrollo Económico; y Seguridad y Justicia.

Asimismo, precisó que el texto “no debe llamar la atención a ninguno de los diputados (sobre todo a quienes tienen alguna amplia experiencia)”, ya que la norma será una herramienta, “una hoja de ruta, que el pueblo votó y no hay mayores sorpresas ni bifurcaciones”.

Sin embargo, destacó que la novedad es que se jerarquizará los ministerios de Gobierno y Trabajo y de Seguridad y Justicia: “Hay muchos factores nuevos en la República Argentina y necesitamos darle herramientas a quienes nos custodian y dan seguridad, por lo que se incorpora estas nuevas políticas”.


Tratamiento exprés, ambigüedad y visión del Estado
Por su parte, la presidenta del bloque de Unión por la Patria (UP), Laura Stratta, señaló cuestiones de forma del tratamiento del proyecto, por un lado, y de fondo, sobre la redacción de la norma.

“Asumimos con los entrerrianos el compromiso de ser una oposición responsable, constructiva, sensata, para acompañar la gobernabilidad. Por eso estamos hoy aquí, pese a las condiciones de tratamiento exprés de esta Ley, que es muy importante como hoja de ruta para el gobernador y su equipo. Nosotros queremos que le vaya bien a la gestión y a Entre Ríos, por eso estamos aquí. Lo dije con claridad y contundencia en la Labor Parlamentaria: hay una premura por tratar este proyecto que no compartimos. Creemos que hubiera sido más enriquecedor poder girarlo a comisión y hacer los aportes necesarios que teníamos para marcar”, indicó Stratta.

Sobre las cuestiones de fondo, la ex vicegobernadora advirtió a AIM que la reducción del gasto público que se arroga el nuevo gobierno no sería tal, ya que “en los hechos, las últimas dos gestiones, estos últimos ocho años entre 2015 y 2019 hubo siete ministerios y entre 2019 y 2023 hubo seis ministerios que terminaron siendo cinco ministerios. Es decir, que la reducción que se plantea, ya en los hechos existió”.

Además, señaló que “si bien hay siete ministerios hay dos secretarías que comienzan a tener rango de ministerio con lo que conlleva”, por lo que dijo que “si bien están marcados siete ministerios, también hay dos secretarías que se les está dando rango de ministerio con todo lo que eso significa e implica en orden a la responsabilidad que van a tener y el funcionamiento que van a necesitar para poder dar garantías de lo que les cabe a cada una”.

Por otro lado, apuntó que en el nuevo proyecto “no se precisan cuáles son las secretarías, subsecretarías y organismos de cada uno de los ministerios (a diferencia de lo que sí sucede con la Ley actual), y por el contrario, se indica que las creará el Poder Ejecutivo, otorgándoles una profunda discrecionalidad del gobernador en ejercicio de esa facultad”.

También, comentó que el proyecto del Ejecutivo “tiene términos que no se condicen e, incluso, van a contramano de convenciones nacionales, internacionales, Leyes. Hablan de ‘personas con capacidades diferentes’, no hablan de personas con discapacidad; de ‘medio ambiente’, no de ambiente; de ‘desarrollo sustentable’ y es desarrollo sostenible, es decir, hay cuestiones que quizás parecen de forma pero forman parte del fondo de lo que queremos para la provincia de Entre Ríos y estas agendas que forman parte de los 40 años de democracia que nos merecemos tener y que desde esta Cámara tenemos mucho para aportar”.