La iniciativa fue presentada por la diputada Andrea Zoff exige la suspensión del descuento retroactivo sobre recursos que ya fueron "incorporados a presupuestos aprobados y ejecutados", y advierte que el mecanismo vigente acumula sobre las comunas "tres impactos simultáneos y devastadores: la reducción estructural por incorporación de nuevas beneficiarias, la baja general de ingresos coparticipables, y el descuento retroactivo de fondos ya percibidos", confirmó AIM.

El trasfondo de la medida remite a una decisión del Ejecutivo provincial que, hasta diciembre de 2025, incorporó 22 nuevas comunas al régimen de distribución —mediante el pase de Juntas de Gobierno a esa categoría— sin el correspondiente ajuste del porcentaje de coparticipación asignado al conjunto comunal. Esa incorporación generó una caída de entre el 30 por ciento y el 40 por ciento en los recursos que cada comuna preexistente venía percibiendo, que sumada a la baja general de ingresos coparticipables llevó la merma efectiva a aproximadamente el 50 por ciento de los presupuestos comunales.

Durante enero, febrero y marzo las comunas continuaron recibiendo los montos previamente presupuestados. Recién en abril se aplicó la reducción, y el Ejecutivo dispuso recuperar la diferencia abonada en esos tres meses mediante ocho cuotas descontadas de futuros envíos. Los autores del proyecto sostienen que esos fondos "fueron liquidados conforme al régimen vigente al momento de su acreditación, generando derechos adquiridos e incorporados al patrimonio presupuestario de cada gobierno comunal, que no pueden ser desconocidos ni recuperados retroactivamente".

La resolución también insta al Ejecutivo a adoptar "con carácter urgente medidas paliativas que garanticen a las comunas preexistentes los recursos mínimos e indispensables para su normal funcionamiento durante el ejercicio 2026", y a convocar a sus representantes para acordar "una solución gradual, equitativa y sustentable que respete los presupuestos comunales ya aprobados y sea compatible con la autonomía financiera comunal".

Los fundamentos apelan al artículo 246 de la Constitución provincial, que fija pisos mínimos infranqueables de coparticipación y establece que ese derecho reviste "carácter de garantía constitucional y no de mera asignación administrativa". El texto concluye que la modificación del universo de beneficiarios "sin ajuste legislativo del porcentaje asignado, sin previsión y sin progresividad, excede las facultades reglamentarias del Ejecutivo y afecta derechos consolidados de las comunas preexistentes".