El diputado provincial, Nicolás Mattiauda, solicitará al gobierno entrerriano que suspenda provisoriamente a la empresa constructora OIC S.A. del registro de proveedores del estado, y paralice en consecuencia toda obra pública que la misma se encuentre ejecutando, informaron a AIM.

El legislador de Gualeguaychú avanzará en consecuencia con un proyecto que presentará en la Cámara de Diputados la próxima semana, fundamentado en que la propia firma admitió haber aceptado facturar sobreprecios que rondaban entre el 100 y el 150% del valor real de la construcción de 14 cuadras de pavimento, durante el último año de gestión del exintendente, Raúl Riganti.

Ante el reconocimiento del delito por parte de la empresa constructora, Mattiauda cuestionó al Concejo Deliberante de Larroque por haber aprobado, con el voto del oficialismo, un convenio entre OIC S.A. y la Municipalidad en el que las partes acuerdan desistir del reclamo económico entre sí y reconocen que el saldo de la cuestionada obra de las 14 cuadras de pavimento es de $7.800.000 y no de $12.500.000.

Es muy llamativo que se haya aprobado ese convenio, que aparece como un arrepentimiento de la empresa y de esa forma busca dar por terminado el litigio judicial con la Municipalidad”, sentenció Mattiauda y agregó que en ese sentido el intendente, Leonardo Hassell, “debería pedirle explicaciones al Concejo Deliberante, principalmente a sus propios ediles”.

Aseguró que “hay que poner la lupa sobre las empresas que prestan servicios al gobierno provincial” y remarcó que ante el reconocimiento de OIC S.A. “queda en evidencia que en Entre Ríos hay muchas firmas que están viciadas por el cobro de sobreprecios y vinculadas a casos de corrupción”.

En ese sentido, recordó que en septiembre de 2018 presentó un proyecto de comunicación en el Senado de Entre Ríos (que quedó frenado en la Comisión de Legislación General) solicitando al Poder Ejecutivo para queproceda a rever las adjudicaciones de obras públicas que se hayan efectuado a empresas que han sido denunciadas en causas por corrupción, y que se encuentren ejecutando trabajos para la Provincia o los municipios.

El pedido se enmarcó en la causa judicial conocida como “el cuaderno de las coimas” que investigaba el juez federal, Claudio Bonadío, en la que uno de los imputados arrepentidos denunció la participación de un importante número de empresas de todo el país, entre las cuales figuraban cuatro firmas entrerrianas conocidas por la gran cantidad de obras públicas adjudicadas a su favor en el territorio provincial: Losi, Pietroboni, Pitón y Codi.

Ese proyecto tenía como objetivo que se revean las adjudicaciones “con el fin de preservar el erario público y los derechos de todos los entrerrianos”. “Ahora estamos ante la evidencia de que una empresa que es proveedora del estado reconoce haber cometido un delito en perjuicio del propio estado, y por lo tanto el gobernador (Gustavo) Bordet no puede mirar para otro lado, desentenderse del tema, y debe darla de baja del registro correspondiente”, sentenció el diputado.