Ingresó un proyecto de Ley en la Cámara de Diputados para “garantizar el uso, administración, protección, resguardo y traspaso de los activos digitales gubernamentales de la administración pública provincial, financiera y no financiera (tanto del sector público centralizado como descentralizado) en los tres poderes del Estado”.

La iniciativa la presentó el diputado Esteban Vitor. El texto “tiene como finalidad garantizar el uso, administración, protección, resguardo y traspaso de los activos digitales gubernamentales de la administración pública provincial, financiera y no financiera, (tanto del sector público centralizado como descentralizado) en los tres poderes del Estado, para evitar la pérdida de información pública, conservar los contenidos producidos, realizar un traspaso de activos entre administraciones, garantizar el acceso a la información pública, la calidad institucional y la rendición de cuentas que debe efectuarse al finalizar la gestión pública”.

La implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) en la administración pública “ha significado un gran avance en la gestión de los recursos y servicios gubernamentales, lo cual ha permitido una mayor eficiencia y transparencia en la gestión pública. Sin embargo, con este avance, también han surgido nuevos riesgos y desafíos en la gestión y protección de la información pública, especialmente en lo que respecta a los activos digitales gubernamentales”, dijo el diputado.

En ese sentido, apuntó que la falta de una legislación que regule la administración y protección de los activos digitales gubernamentales, tanto financieros como no financieros, “ha dejado una gran brecha en la seguridad de la información pública y ha generado una situación de vulnerabilidad que requiere ser abordada”, por lo que “se hace necesario implementar una normativa que garantice el uso, administración, protección, resguardo y traspaso de estos activos digitales gubernamentales en la provincia”.

Al respecto, destacó que “la gestión de activos digitales gubernamentales implica no solo la protección de la información pública, sino también la conservación de los contenidos producidos durante la gestión pública, lo cual resulta esencial para garantizar la rendición de cuentas al finalizar la gestión. Además, una buena gestión de activos digitales permite garantizar el acceso a la información pública, lo cual es un derecho fundamental de los ciudadanos”.

En ese marco, agregó que la ausencia de protocolos que definan el uso y manejo de los activos digitales dentro de la administración pública “no solo atenta contra la calidad institucional y la transparencia, sino que también limita el acceso de los ciudadanos a dicha información y su capacidad para solicitar rendiciones de cuentas a los funcionarios encargados de la gestión pública”.