La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados convocó a una reunión el martes próximo para avanzar en el proyecto de ley de barrabravas, propuesto por el Poder Ejecutivo el año pasado. Según pudo saber AIM, los legisladores del oficialismo buscarán consensuar el texto y llevarlo al recinto el próximo 27 de marzo.

Los legisladores del oficialismo quieren convocar a un plenario de comisiones para el próximo martes, a fin de tratar de ponerse de acuerdo en las modificaciones a realizar en los artículos que quedaron pendientes de análisis durante la sesión de diciembre pasado en la que la Cámara baja alcanzó a aprobar en general el proyecto, supo AIM.

En esa oportunidad, ante las dificultades para encontrar acuerdos, se resolvió postergar el debate, por lo que la idea es tratar de alcanzar un dictamen consensuado y llevar el proyecto al recinto el 27 de marzo.

Para eso ya hubo esta semana una reunión de miembros del oficialismo con jefes de bloques de la oposición como Agustín Rossi (FPV), Graciela Camaño (FR) y Pablo Kosiner (Argentina Federal), con el fin de acercar posiciones.

Qué dice el texto

El proyecto al que tuvo acceso AIM tiene como punto principal que el Estado será el que maneje el derecho de admisión, en lugar de los clubes. Además, se establecen penas de prisión de entre dos y ocho años para quienes cometan un delito agrupados bajo la forma de barrabravas -grupos de tres personas o más que cometan delitos vinculados al espectáculo deportivo-.

Para “los fundadores, cabecillas, jefes, organizadores o quienes hayan contribuido a la financiación de dichos grupos y para todo aquel que, interviniendo de cualquier otro modo obtuviere provecho o utilidad personal o económica producto de la actividad del grupo”, el mínimo de la pena será de cuatro años de prisión.

A su vez se propende al desfinanciamiento de los barrabravas, se incrementan las penas y se tipifican nuevos delitos, como la reventa de entradas -sancionada con prisión de un mes a un año- y la venta de entradas falsas -con prisión de dos a ocho años-.

Aquel que permita el ingreso al estadio de personas sin la correspondiente entrada o la debida acreditación será reprimido, de acuerdo al proyecto que volverá a enviar el Ejecutivo, con prisión de uno a seis meses; y si se facilita el ingreso de barrabravas, la pena será de seis meses a dos años de prisión.