La Cámara de Diputados nacional sesionará este miércoles, a las 11, con el objetivo de la oposición de intentar revertir el veto del presidente Javier Milei sobre la Ley de Movilidad Jubilatoria. Para ello, se necesitan dos tercios de los votos, constató AIM.
Según pudo saber AIM, este lunes, se oficializó la convocatoria a sesión especial en la Cámara de Diputados para el miércoles, a partir de las 11, con el objetivo de la oposición de intentar revertir el veto del presidente Javier Milei sobre la Ley de Movilidad Jubilatoria.
El pedido había sido presentado el pasado jueves por diputados de la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal y Coalición Cívica. La observación total del proyecto por parte del Gobierno no pasó por comisiones, por lo cual los bloques que pujan por el rechazo al veto tendrán tres desafíos: primero, conseguir el quórum; después, habilitar el tratamiento sobre tablas; y finalmente lograr la aprobación por dos tercios de los presentes para que pueda pasar al Senado.
Cuando se logró la media sanción en la Cámara baja, el proyecto consensuado entre la oposición dialoguista y las más dura había conseguido dos tercios de los votos de los presentes. Con 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones. En caso de asistencia perfecta, el número de dos tercios se eleva a 172.
Tanto la oposición que busca dar marcha atrás con el veto, como el oficialismo, que tiene la tarea de mantener la decisión presidencial, trabajarán de manera frenética para asegurarse los números. Las ausencias resultarán clave, pues de esa manera se achican los cálculos, tanto para unos como para otros.
Qué dice la ley vetada
La ley vetada -sancionada por el Senado el pasado 22 de agosto por holgados dos tercios, con 61 votos positivos y 8 negativos- establecía una recomposición del 8,1 por ciento en las jubilaciones, de modo de complementar el 12,5 por ciento de incremento adicional otorgado en abril por el DNU 274/24 del Gobierno, de modo de alcanzar a compensar lo que fue la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6 por ciento.
Asimismo, se establecía una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contemplara el índice de inflación como referencia, al igual que el DNU. En estos dos aspectos el oficialismo se había mostrado a favor con un dictamen de minoría en el Senado, y se llegó a pensar que el veto podría haber sido parcial, sosteniendo el Poder Ejecutivo estos artículos. Pero finalmente no pasó.
Además, la norma establecía un aumento del 50 por ciento por variación salarial (RIPTE) en marzo de cada año; y una garantía para el haber mínimo en 1,09 por ciento lo equivalente al valor de la Canasta Básica Total.
Por otro lado, se instruía a la ANSeS a cancelar con los recursos tributarios estipulados por ley con asignación específica a la seguridad social, la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.
El pasado 2 de septiembre, a través del decreto 782/24, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la ley y fundamentó que el proyecto sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.