Un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados se reunirá el próximo martes 18 de abril, a las 11, para tratar el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El objetivo del oficialismo sería obtener dictamen para avanzar con la iniciativa en sesión, supo AIM.

Cabe recordar que el oficialismo había intentado alcanzar el dictamen el 20 de diciembre del año pasado, último día para dictaminar luego de la extensión del período ordinario hasta el 30 de diciembre. Pero finalmente esa reunión no se hizo pues el Gobierno decretó feriado para ese día por el regreso de la selección a Argentina.

Así, en la previa de lo que debía ser una posible sesión antes de fin de año, el tema volvió a ser instalada en la agenda, tal vez como uno de los proyectos acordados que podrían ser llevados al recinto para el cierre del 2022. Finalmente, no hubo dictamen, ni sesión, por falta de quórum.

La iniciativa busca reformar la legislación vigente sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

En los considerandos, el Poder Ejecutivo mencionó que Gafi se encarga de elaborar recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales, y que la última revisión sustancial en nuestro país fue aprobada en febrero de 2012, cuando en esa ocasión “se integraron las nueve recomendaciones Especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo a las cuarenta 40 Recomendaciones del Gafi, y se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia, posibilitando la aplicación de un enfoque basado en riesgo”.

Entre las modificaciones, se busca “reafirmar y fortalecer la independencia operativa y autonomía de la UIF, disponiendo su autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

“La reforma que se propone tiene por finalidad saldar las ambigüedades, falencias y omisiones que presenta la legislación actual, a través de la propuesta de mecanismos claros de distribución y administración de los bienes objeto de decomisos; la definición de responsabilidades y competencias claras para los organismos públicos involucrados en su custodia, administración y gestión y la transformación del recupero de activos de origen ilícito, en una fuente de financiación de las actividades del Estado en pos del interés público”, se detalla.