La coordinadora Por una Vida sin Agrotòxicos en Entre Ríos: Basta es Basta! difundió una carta abierta en la que reafirman que la instalación del proyecto agroecológico Artigas en campos del ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. “No es usurpación, es cesión”, aseguraron los ecologistas. Además, hicieron responsable a los poderes Judicial y Ejecutivo de la provincia “por cualquier acto de violencia que se pueda desplegar”, registró AIM.

El documento al que accedió esta Agencia enuncia que lo que ocurre en la estancia “es nada más y nada menos que la idea de la función ambiental de la propiedad que nuestro Código Civil y Comercial de la Nación nos narra, es la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, es nada menos que lo que la tierra ancestral acostumbró a semillar”.

En ese sentido, aclararon que la idea del proyecto Artigas “tiene sustento en una concepción coherente sobre el Derecho de propiedad, un sustento de progreso inminentemente relacionado a la idea de subsistencia de la actual Humanidad. La posesión de la tierra que actualmente ejercen individuos del denominado proyecto Artigas, obedece a un proceso voluntario de cesión de derechos hereditarios perpetuados por la titular de los mismos, Dolores Etchevehere, que de ningún modo pueden intentar ser calificados de usurpación, ya que en la llegada a esas tierras no hubo violencia de ningún tipo. Por el contrario, circuló un video en cual se observa el tranquilo ingreso a la chacra Las Margaritas, incluyendo a Dolores Etchevehere en el grupo”.

Ante ese escenario, repudiaron “las declaraciones vertidas por el fiscal provincial Oscar Alberto Sobko, que perfilan la idea de una afrenta política reaccionaria hacia una clase trabajadora con conocimientos de producción que no obedecen a la lógica de la agroindustria y que significan un avance en la Soberanía Alimentaria de nuestros suelos. Un avance que implica la consolidación de derechos humanos fundamentales como lo son el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física de todos los entrerrianos, que en la actualidad hemos sido condenados a convivir con moléculas de venenos y enfermedad con el solo fin de sostener un modelo de propiedad privada basado en la sobreexplotación de la tierra y la utilización de un modelo productivo que únicamente tiene sustento en la acumulación de bienes, sin contabilizar los costos ambientales y residuales que devastan a nuestros territorios”.

“Sin lugar a dudas debemos acudir al nuestro Código Civil y Comercial y destacar la constitucionalización del derecho privado, sin embargo lo que sucede hoy en las tierras del clan Echevehere es la versión más cruenta de la creencia de derecho absoluto que ostenta el propietario”, indicaron los activistas.

En vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación “estamos en un nuevo estadio de comprensión de la propiedad, antes ya había estado la Ley 17711 dotando a la propiedad de función social, es el estadio de la función socioambiental de la propiedad”, aseguraron.

“Su titular puede disponer del bien individual libremente, pero siempre en los límites del derecho (art. 1941 CCC), pero no puede disponer libremente del bien ambiente, sobre el cual tienen el derecho de uso de un depositario, con el consecuente deber de custodiarlo. Esta función tiene como objetivo, y es lo que se denomina evitar “la tragedia de los comunes “. Es hoy el momento de empezar a discutir en términos de los significados de “prosperidad” y ‘utilidad de los suelos’ de nuestra provincia, y es aquí donde se ve la reacción de un sector no dispuesto a hacerlo; con el escudo de un fiscal de turno, claro exponente de una cultura orientada a vivir en la autogratificación, el consumismo y la depredación que se hallan en el fondo del individualismo posesivo, que enlaza toda la lógica del proceso de acumulación capitalista”, destacaron.

Temor ante posibles ataques
Por otro lado, desde la coordinadora advirtieron a la ministra Rosario Romero “que circulan libremente amenazas graves sobre los sucesos de hoy, mensajes de odio y evidencia de contratación de maquinaria pesada y personas violentas para concurrir al lugar. Hacemos responsable a los Poderes Judicial y Ejecutivo de la Provincia por cualquier acto de violencia que se pueda desplegar en torno a las declaraciones del fiscal Sobko, quién estando en conocimiento del delito de incitación a la violencia (como se evidencia en sus declaraciones radiales del día de ayer) debería tomar medidas más contundentes que “pedir por favor en la radio que haya paz” así como de cualquier afectación que podrían sufrir en su integridad física los trabajadores residentes de las tierras del Proyecto Artigas, incluyendo a la propietaria de las mismas Dolores Etchevehere que es parte y se encuentra en el lugar”.