Luego de recibir a Diego Luciani y Sergio Mola, el jefe de los fiscales cuestionó las declaraciones de Alberto Fernández por considerar que son una “injerencia indebida” en la investigación de la causa Vialidad

El procurador interino Eduardo Casal le envió una carta al presidente Alberto Fernández en la que le dijo que con sus afirmaciones públicas “perturba” el ejercicio de la tarea del fiscal Diego Luciani y genera, además, un “menoscabo a su independencia” y una “injerencia” indebida que afecta el “principio republicano de la división de poderes”.

“Esas expresiones no so?lo importan un menoscabo a la independencia y autonomi?a de este Ministerio Pu?blico Fiscal, sino que constituyen una injerencia indebida en el tra?mite de un proceso por cuya legalidad esta misma Institucio?n tambie?n debe velar (art. 120 de la Constitucio?n Nacional), y que al mismo tiempo afecta el principio republicano de divisio?n y respeto de poderes”, dice la carta firmada por Casal luego de reunirse con los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola

Además, el jefe de los fiscales buscó darle a Fernández definiciones del derecho procesal, algo de lo que el Presidente suele mostrarse como un experto: “Tampoco puede pasarse por alto que corresponde exclusivamente al tribunal interviniente, al momento de dictar sentencia, juzgar acerca de la procedencia de la pretensión acusatoria”.

El fiscal Luciani y su colega Sergio Mola, pidieron en el juicio por la causa Vialidad condenar a la vicepresidenta Cristina Kirchner a 12 años de prisión. Luego del alegato y el pedido de condena, Alberto Fernández descalificó la actuación de los fiscales, cerró filas con la vicepresidenta y hasta planteó una polémica comparación entre la situación de Luciani y la muerte del fiscal Alberto Nisman.

La carta, de apenas dos carillas, concluye de manera diplomática y Casal sostiene que está “convencido de que la adecuada ponderación de las consideraciones precedentes por su elevada investidura contribuirá al fortalecimiento de las instituciones que rigen nuestra vida en sociedad”.

Casal asumió como procurador general interino en octubre de 2017 cuando renunció como jefa de la fiscal Alejandra Gils Carbó. El año pasado, fue blanco de duras críticas y hasta de denuncias por parte del oficialismo. En ese contexto, el Gobierno lanzó un proyecto para reformar la ley del Ministerio Público que nunca terminó de aprobarse.