El reverdecer de discursos negacionistas por parte de referentes políticos e inclusos en ámbitos educativos –como el caso que recientemente se produjo en la Escuela Del Centenario de Paraná– han reavivado la discusión parlamentaria para castigar las posturas que minimizan, borran o niegan las atrocidades cometidas durante el último golpe de Estado en la Argentina. En función de lograr un proyecto consensuado, legisladores nacionales ya se encuentran trabajando en la revisión de distintos proyectos presentados pero que han perdido estado parlamentario, se confirmó a AIM.

Con los planteos negacionistas de la dictadura en la escena política, educativa y social en la Argentina, se ha comenzado nuevamente a pensar en establecer alguna arquitectura jurídica para castigar las declaraciones que nieguen “toda conducta de negación, apología o reivindicación” respecto a crímenes de lesa humanidad, tal como señala uno de los proyectos presentados en el Congreso pero que nunca llegaron al recinto para ser tratados. “Hay varios proyectos, todos en línea con este tema. Han perdido estado parlamentario, y estamos revisándolo”, comentó en diálogo con esta Agencia la diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna (PJ-FdT).

Ante la consulta, le legisladora nacional señaló que en este momento “no hay ninguno formalmente presentado” y consideró que “es un tema que deberá trabajarse pronta y oportunamente, de un modo de contar con un proceso participativo. Por lo pronto estamos relevando antecedentes”, confirmó.

Por otra parte, trascendió que el Gobierno nacional buscará darle impulso a un nuevo proyecto de ley en base a uno presentado el año pasado por un diputado oficialista Eduardo Fernández, quien esta semana se reunió con el ministro de Justicia, Martín Soria, informó el diario Página/12.

De acuerdo a lo detallado, el propósito del proyecto es castigar con penas económicas y sanciones que podrían incluso disponer penas de prisión los discursos negacionistas que en los últimos años adquirieron mayor representación: cuando era presidente, el propio Mauricio Macri habló de una "guerra sucia" y negó que hubiera 30 mil desaparecidos. A pesar de tratarse de una minoría, el ruido es amplificado mediante las redes sociales y los medios de comunicación. Más recientemente lo hizo el diputado libertario por provincia de Buenos Aires, José Luis Espert; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien reclamó una “memoria real”; luego militantes de la misma fuerza política vandalizaron la estación de subte Rodolfo Walsh; también legisladores porteños que responden a Javier Milei y Ricardo López Murphy se negaron a acompañar el repudio al terrorismo de Estado, mientras que intendentes en Córdoba y Mendoza salieron a declamar que no hay 30.000 desaparecidos.

En Entre Ríos, el caso adquirió ribetes más escandalosos, cuando una docente de Historia circuló entre sus estudiantes de 6º año del Colegio Del Centenario un video donde minimizaba las atrocidades de la dictadura, enarbolada la teoría de los “dos demonios” e insultaba a las Madres de Plaza de Mayo.