El Poder Ejecutivo provincial envió a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que regular la existencia del Patronato de Liberados, organismo encargado de supervisar a los presos con libertad condicional. El instituto dependerá del ministerio de Gobierno y tendrá un director elegido por concurso, contará cuatro delegaciones regionales y órganos colegiados auxiliares (una mesa interdisciplinaria de abordaje y un gabinete de control y seguimiento) que deberán contribuir a la misión de la “reinserción social, familiar, educativa y laboral de todas las personas a las que se les ha otorgado el beneficio jurídico de la libertad condicional”, supo AIM. No obstante, se hace énfasis en que este objetivo “deben combinarse con el derecho a la seguridad ciudadana”.[{adj:1838 alignright}]

El crimen Micaela García puso en el ojo de la tormenta el rol del Patronato de Liberados. El autor del femicidio, Sebastián Wagner, cumplía una condena de nueve años de prisión por dos violaciones pero gozaba de libertad condicional por decisión del juez de Ejecución de Penas, Carlos Rossi, pese a que el equipo interdisciplinario del juzgado había aconsejado lo contrario. Sin embargo su opinión no era vinculante y, el 1 de julio de 2016, Wagner comenzó a cumplir su pena en la calle y nueve meses después secuestró, violó y asesinó a la joven estudiante oriunda de Concepción del Uruguay.

A poco más de un año de aquel triste hecho, que puso bajo la lupa el papel de la justicia, el servicio penitenciario y el Patronato de liberados, el Poder Ejecutivo provincial envió a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que establece la creación en el ámbito del ministerio de Gobierno y Justicia y bajo dependencia directa de la secretaría de Justicia, de la dirección General del Patronato de liberados.

“El objetivo central de la reinserción social -tal es la función primordial del instituto- requiere de un nuevo diseño institucional del Patronato de Liberados, cuya gestión debe ser llevada a cabo ampliando los horizontes funcionales de la estructura original del Instituto, y estableciendo mecanismos de coordinación con distintos organismos del Poder Ejecutivo provincial, el Poder Judicial y la sociedad civil”, se justifica en el mensaje que acompaña al articulado del proyecto, destacando que “el eficiente cumplimiento de los fines del patronato, requiere de la articulación de las diferentes estructuras gubernamentales (que) debe permitir el abordaje de la problemática que atañe a los sujetos tutelados desde el punto de vista social, educativo, laboral, sanitario y cultural con una mirada integradora de la resocialización”.

No obstante, desde el Poder Ejecutivo advierten la necesidad de asumir “que las complejidades de la sociedad contemporánea requieren de políticas públicas integrales y transversales, por lo que las acciones en materia de resocialización deben combinarse con el derecho a la seguridad ciudadana”. En varios párrafos de la fundamentación se hace hincapié sobre este punto, al destacar una y otra vez que, de acuerdo al artículo 32 de la Constitución provincial “el Estado asume como deber irrenunciable la seguridad ciudadana mediante políticas de prevención del delito y de asistencia a la víctima”.

El proyecto

El articulado de la iniciativa establece que será misión del instituto la “contribuir a la reinserción social, familiar, educativa y laboral de todas las personas a las que se les ha otorgado el beneficio jurídico de la libertad condicional y/o asistida, ejecución condicional y suspensión de juicio a prueba, como así también el control del cumplimiento de las normas de conductas impuestas a dichas personas por los juzgados federales con competencia en la provincia de Entre Ríos, juzgados de Ejecución de Penas de la provincia de Entre Ríos o autoridad análoga o similar con competencia en nuestra provincia”.

El organismo deberá tender a optimizar su coordinación con los distintos estamentos del Poder Judicial y “abordar preventivamente los factores que contribuyen a la reincidencia”.

El Patronato tendrá, entre otras funciones y objetivos llevar un registro para control de aquellas personas que gozan de la libertad condicional; promover la capacitación de los liberados con conocimientos técnicos que le permitan encontrar una salida laboral, a través de dictado de talleres en oficios; posibilitar la reinserción laboral de liberados en distintos ámbitos, implementado acciones con distintos sectores de empleo público y privado.

Estructura

Según estipula el proyecto de Ley, el organismo estará a cargo de un director general designado por concurso y deberá ser “una persona con título de grado que acredite idoneidad para el cargo y trayectoria en el compromiso con los Derechos Humanos” y tendrá facultades para disponer la organización interna de la dirección a través de resoluciones.

De sancionarse el proyecto, el Patronato tendría cuatro delegaciones regionales en el interior de la provincia: una con asiento en Concordia y jurisdicción sobre los departamentos Concordia, Federación, Feliciano y Federal; la segunda con asiento en Concepción del Uruguay (Uruguay, Colón, San Salvador y Rosario del Tala); la tercera en Villaguay (Villaguay, Victoria y Nogoyá) y la cuarta en la localidad de Gualeguaychú (Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy).

Además, la sede central de la dirección en Paraná tendrá jurisdicción en los departamentos Paraná, La Paz y Diamante.

Cada delegación regional estará a cargo de un coordinador general, que estará al frente de un equipo técnico interdisciplinario y deberá reunir los mismos requisitos que el director general.

Los equipos interdisciplinarios estárán integrados, al menos, por un trabajador social, un psicólogo/a, un médico preferentemente psiquiatra, y un policía.

A su vez, el artículo séptimo prevé la creación de una a Mesa Interdisciplinaria de abordaje, supervisión y orientación para personas en conflicto con la ley penal, en el ámbito del ministerio de Gobierno, conformada por dependientes del Poder Ejecutivo (entre ellos ministerios, universidades, entes autárquicos), Legislativo y Judicial, que tendrá por objetivo “diseñar las políticas resocializadoras en la provincia de Entre Ríos en materia de personas en conflicto con la ley penal” y “tomar resoluciones, medidas y acciones, que tendrán carácter vinculante respecto a los organismos que integran la mesa, respecto a hechos o situaciones generales de las políticas de resocialización o puntuales de las personas dentro de los sujetos tutelados”.

El cumplimiento efectivo de las resoluciones de esta mesa será controlado y fiscalizado por secretaría de Justicia y el representante del Superior Tribunal de Justicia.

Por otro lado, se crea en en el ámbito del ministerio de Gobierno y Justicia, en la órbita de la secretaría de Justicia, el Gabinete de control y seguimiento de personas en conflicto con la Ley Penal, un organismo auxiliar de gestión que estará bajo dependencia orgánica de la dirección del Patronato de liberados y se integrará con un representante por cada organismo del ministerio de Gobierno y Justicia, de la Policía de Entre Ríos, del Servicio Penitenciario y los jueces de Ejecución de Penas de la Justicia provincial, a la vez que deberán designar un representante las autoridades de la Policía Federal y los magistrados Federales con competencia en ejecución de penas con jurisdicción en la provincia.