En pleno, el bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, realizó la presentación de un proyecto formal para que se inicie un juicio político al procurador general de la Suprema Corte y titular del Ministerio Público bonaerense.
El bloque de diputados bonaerenses del Frente de Todos presentó hoy un pedido de juicio político contra el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, al que acusó de formar parte de una “mesa judicial”. La solicitud tiene el respaldo de 43 diputados del oficialismo, un número que no es suficiente para iniciar el proceso, que necesita de dos tercios.
Lo anunciaron en una conferencia de prensa el presidente del bloque, el diputado de Olavarría César Valicenti, junto al vicepresidente de la Cámara, el diputado massista Rubén Eslaiman y la diputada Susana González, quienes aseguraron que trabajarán en la búsqueda de apoyo del resto de los bloques, incluida la bancada de Juntos.
“Tenemos el deber de avanzar con este mecanismo de juicio político al procurador de la provincia de Buenos Aires”, subrayó Valicenti. El gobierno de Axel Kicillof pidió en reiteradas oportunidades la salida del cargo de Conte Grand, para lo que nunca tuvo los votos en la Legislatura.
“El propio exministro de Trabajo [por Marcelo Villegas, extitular de la cartera laboral bonaerense]se encargó de develar el mecanismo. Se acordaba de antemano con la Procuración el armado de causas”, subrayó Valicenti, jefe del bloque y dirigente de La Cámpora.
Conforme marca el inciso 2 del art. 73 de la Constitución bonaerense, es competencia de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a distintos funcionarios provinciales por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.
González, diputada cercana al intendente de Ensenada, Mario Secco, sostuvo: “No podemos seguir teniendo como jefe de los fiscales y los defensores a alguien que formaba parte de una mesa judicial”. Y agregó que pidieron el juicio político porque Conte Grand “no puede estar a cargo un minuto más del Ministerio Público de la provincia”. Además, enumeró críticas al procurador, entre las que mencionó que “había creado un sistema de denuncias con el solo objetivo de tener a su cargo las denuncias y la producción de pruebas”.
“Desde nuestro bloque avalamos por unanimidad este pedido de juicio político a Conte Grand para decir basta de atropellos, de espionaje y de Gestapo”, dijo el diputado Rubén Eslaiman.
“El accionar del Procurador General es incompatible con la autonomía y la independencia del desempeño del Ministerio Político y por ello estamos aquí dando curso a la máxima instancia que nos brinda la Constitución bonaerense, a los fines de buscar la respuesta que el pueblo se merece y por lo tanto vamos a buscar consensos con los demás bloques políticos”, agregó el diputado de San Martín.
A su vez, los legisladores adelantaron que se pedirán oficios a la AFI y se citará a declarar a dirigentes políticos, gremiales, funcionarios y ex funcionarios, entre ellos a Gabriel Vitale, Enrique Ferrari, Pablo y Hugo Moyano, Natalia Roussillon, Cristina Caamaño, Roberto Cipriano García, Gustavo Ferrari, Marcelo Villegas, Adrián Grassi, Julio Garro, Juan Sebastián De Stéfano y a Juan Pablo Allan.
“En nuestro carácter de representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires y tras haber tomado conocimiento de situaciones de inusitada gravedad institucional en las que incurrió el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia Julio Conte Grand, nuestra facultad se transforma en un imperativo legal y moral”, sostiene la argumentación que acompaña el pedido de los diputados del FdT.
En el texto presentado por los 43 legisladores del oficialismo, se detallan elementos salientes, para avanzar en el juicio político, tales como “la pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza opositora Juntos y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político, expresadas en la foto tomada a Julio Conte Grand almorzando junto al ex presidente Mauricio Macri el pasado 9 de diciembre”.
Otro elemento que se menciona es “la manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal”.
Y por último también se señala como causante del inicio de la investigación “la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas, que dejó en evidencia el video que tomó estado público el pasado 27 de diciembre”.