Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Agtsyp), expresaron su rechazo a AIM respecto al DNU 669/19 firmado en el día de ayer por el presidente Mauricio Macri y que rebaja las indemnizaciones por accidentes de trabajo. “Esta medida sólo beneficia a las empresas privadas, como son las ART, y va en contra de la función del Estado, que debe resguardar los derechos de los trabajadores”, advirtieron.

El DNU firmado en el día de ayer “va de la mano con la línea que el oficialismo ha manejado durante su gobierno, exponiendo a los trabajadores a situaciones de vulnerabilidad. La medida es inconstitucional y viola la normativa progresiva en derechos laborales establecida por nuestra constitución nacional”, dijeron a este Medio desde el sector de los trabajadores del subte.

En ese sentido, “repudiamos este hecho y rechazamos cualquier medida que afecte a los trabajadores y sus condiciones laborales”, afirmaron.

El decreto

El Gobierno nacional redujo este lunes las indemnizaciones por invalidez o muerte de un trabajador en un accidente laboral, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19 publicado en el Boletín Oficial.

El Ejecutivo dispuso modificar el cálculo del monto del resarcimiento, de modo que se tome como tasa de variación el índice Ripte (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), en vez de la tasa activa del Banco Nación que se utilizaba actualmente.

En los considerandos del DNU, se argumenta que “la manera en que ulteriormente evolucionaron las variables macroeconómicas que inciden en las tasas bancarias, ha determinado que ese método de ajuste no alcance el fin pretendido y comprometa la estabilidad y continuidad del sistema instituido en beneficio de los trabajadores”.

Además, se señala que “los incrementos desmedidos de las potenciales indemnizaciones como consecuencia de la aplicación de la tasa activa” prevista en la Ley 24.557, de Riesgos del Trabajo, “son perjudiciales para la necesaria solvencia del sistema”.

El Gobierno insistió en el DNU con que “el mantenimiento del esquema actual provocaría un inminente desfinanciamiento del sistema con impacto en la solvencia de las Aseguradoras y, en definitiva, en los trabajadores, beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social”.