El Gobierno de Javier Milei proyecta para comienzos de 2026 la privatización de más de una decena de empresas estatales, como parte de una estrategia orientada a impulsar la inversión privada y obtener recursos que permitan fortalecer las reservas. La iniciativa se inscribe en el esquema de reformas estructurales que el Ejecutivo viene impulsando desde el inicio de su gestión.
Según trascendió, el plan incluye firmas vinculadas a energía, transporte y servicios públicos, sectores considerados prioritarios por la Casa Rosada. Entre las empresas alcanzadas figuran la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea. También se encuentran en carpeta Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, Casa de Moneda y la agencia Télam.
A este listado se suman compañías de mayor peso estratégico, como Transener, las represas hidroeléctricas y AySA, la empresa que presta el servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Transformación societaria como paso previo
En paralelo, el Gobierno completó el proceso de transformación de las Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas, un paso considerado clave para avanzar con futuras privatizaciones. La última conversión se concretó con Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que quedó inscripta como Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal.
La medida se apoya en el artículo 8 del Decreto de Necesidad y Urgencia número 70/2023, que dispuso que todas las empresas con participación estatal adopten la forma de sociedad anónima y queden sujetas a la Ley General de Sociedades. De este modo, pasan a operar bajo las mismas reglas que las firmas privadas, sin prerrogativas públicas.
Empresas bajo la lupa
Dentro del universo de compañías a privatizar, el foco principal está puesto en energía y transporte. En ese marco aparecen Corredores Viales, que administra cerca de nueve mil kilómetros de rutas; Enarsa, la empresa energética estatal; Intercargo, que ya despertó el interés de capitales extranjeros; y la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es reducir la presencia del Estado en la actividad económica, mejorar la eficiencia de las empresas y atraer capitales privados. En tanto, sectores de la oposición y sindicatos advierten sobre el impacto que estas decisiones podrían tener en áreas consideradas estratégicas y en el empleo público.